Las próximas elecciones generales en España a celebrarse el 20 de diciembre del 2015,  tienen sobre el cielo hispano malas noticias para una de las economías europeas más afectadas por la crisis desatada el año 2008. Así consignado por el Fondo Monetario internacional (FMI) en sus habituales reportes financieros.

Crisis que dio lugar a medidas de austeridad, impuestas por el Gobierno, para superar los problemas financieros, que trajo consigo desigualdad, pobreza, desalojos forzados, desempleo y la lógica indignación de una población que comenzó a exigir cambios en todos los niveles de la sociedad. El FMI  ha señalado que “España no recuperará hasta el 2017 todo el Producto Interno Bruto (PIB) perdido en la crisis”. Un país en constante zozobra económica, devenido en la antítesis del ensoñado territorio quijotesco entregado al personaje literario Sancho Panza en premio a sus esfuerzos, acompañando al Caballero Andante de la Triste Figura. España se debate así, en su más grave crisis desde el fin del  franquismo, que hace muy complejo el volver a verla como en la inmortal obra de Cervantes donde la ínsula prometida “no es movible ni fugitiva: raíces tiene tan hondas, echadas en los abismos de la tierra, que no la arrancarán ni mudarán de donde está a tres tirones”.

Más aún, el FMI ha señalado que es muy probable que España sufra un freno de considerable magnitud a partir del año 2016, retrasando aún más la recuperación económica de un país que ha vivido una doble recesión con una caída de su PIB del 7 por ciento. Tales cifras y el largo proceso de ajustes, desempleo con cinco millones de parados que supera el 20 por ciento, en un nivel que sólo puede compararse a la derruida Grecia. La recapitalización del sistema bancario, la carga de su deuda soberana, la inmigración de parte importante de su juventud más calificada, las rebajas permanentes de las notas crediticias, la especulación de bienes raíces que generó no sólo una burbuja inmobiliaria sino que un drama social asociado a los desalojos de familias que no pudieron seguir pagando sus viviendas, siguen situando a España en una precaria situación política, social y económica.

Ha quedado de manifiesto que la fórmula exigida por la Troika europea para ir en ayuda de España no ha surtido efecto, que el gobierno derechista del Partido Popular de Mariano Rajoy ha fracasado estrepitosamente y que el gobierno que surja de las elecciones generales del 20 de diciembre próximo tendrá la extremadamente difícil misión de tratar de levantar a una España que ha sufrido la más severa crisis económica desde el fin del franquismo. Una crisis que con la fuerza de un huracán ha puesto en peligro la estabilidad social de un país, que hasta hace pocos años se consideraba más cerca de las grandes ligas europeas, que de los avatares que sufrían permanentemente otros miembros de la Eurozona como Grecia, Irlanda o Portugal.

La cruda realidad indicó que España estaba más cerca de la segunda división europea que aquella encabezada por el eje Berlín-París. La situación del cuarto banco más grande de España, Bankia, y su multimillonario rescate fue la expresión palpable que la esencia del sistema financiero español estaba carcomido por hambrientas termitas, que aumentan con relación a su situación fiscal y flexibilidad, así como la carga de su deuda soberana. El 26 de mayo de 2012, Bankia protagonizaba el rescate más caro de la historia de España: 22 mil 424 millones de euros en ayudas públicas –de lo cual sólo ha devuelto el 3 por ciento– para la que fue la octava nacionalización de una entidad financiera española durante la crisis. La deuda pública de España, en el mes de septiembre del 2015, llegó a un billón de euros, según el último reporte del Banco de España. Esto implica un aumento de casi 7 mil millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. Debido al aumento del PIB de España, la deuda pública es equivalente a casi el 98 por ciento de éste.

España trató desesperadamente de tratar de salir de la crisis apelando primero a medidas emanadas del propio gobierno de Rajoy, para después sucumbir ante las exigencias de la Troika e implementar aquellas medidas que en su momento han tenido que ejecutar Grecia, Irlanda y Portugal: reforma laboral, ajuste fiscal, reforma financiera, reducción del aparato del Estado y a pesar de ello la prima de riesgo país, en plena crisis, llegó a su nivel máximo histórico de 477 puntos. Pero, como suele ser la conducta humana de mirar la paja en el ojo ajeno, el Ministro de Economía, Luís de Guindos, solicitó a los líderes europeos que den una respuesta ante la situación de Grecia, ya que “la inestabilidad política de ese país ha sido el factor que ha desencadenado la subida de la prima de riesgo y la caída de la bolsa”.

La deshumanización de la economía

En estos años de recesión y estancamiento secular, señala el economista Joaquín Estefanía, muchas de las instituciones han dejado de funcionar, bien por la corrupción –confusión entre lo privado y lo público– la lottizzazione –su reparto por parte de los principales partidos políticos– o porque se han quedado viejas en la era de la globalización. “En cuanto a las distintas modalidades de capital, el modelo de producción se ha jibarizado –es más pequeño– y está marcado por el enorme endeudamiento público y privado, que en conjunto asciende a alrededor del 300 por ciento del PIB. Cuando se habla de cambio del modelo generalmente se introducen las reformas estructurales necesarias para esa mutación: la fiscal, la financiera, la energética, la del mercado de trabajo, la reforma empresarial, etcétera. En el caso de España se suele destacar, entre sus fortalezas, la del sector exportador en sectores como la banca, la distribución, la agroalimentación, las infraestructuras, el turismo, las energías renovables o la telefonía… Pero en el resto del cóctel pocas veces se incluye la debilidad estructural del capital humano”.

El gobierno de Rajoy, ad portas de las elecciones generales, ha sido un gobierno mediocre, incapaz de llevar adelante el proceso de recuperación de España, que ha entregado la soberanía de la nación hispana a organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional. Como prueba del pésimo manejo gubernamental, los inversores extranjeros abandonaron la deuda pública española, como alma que lleva el diablo. Cerca de 150 mil millones de euros abandonaron la cartera internacional de bonos y letras del Estado ibérico entre enero del 2012 y mayo del año 2015, según datos entregados por el Banco de España. La inversión extranjera bajo este panorama de “sálvese quien pueda” ha pasado de suponer el 50,8 por ciento del total de la deuda española, en diciembre del 2011, hasta quedar en un 35 por ciento, a fines del mes de mayo del 2015.

La oposición al gobierno del Partido Popular (PP) en España coincide con que las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy han sido un fracaso, repitiendo lo que se hizo en Grecia, aunque allí el origen de la crisis fue la deuda pública y en España es la privada, que pide a gritos la intervención del mismo Estado que se suele despreciar cuando las cosas andan bien, en la máxima que las ganancias son privadas pero las pérdidas deben ser sociales. Tanto Ciudadanos como Podemos, colectividades que competirán en las generales del próximo 20 de diciembre – presentando así el nuevo panorama político español de rompimiento del bipartidismo– sostienen que no se puede seguir sometiendo a la población española a medidas de ajuste como las vividas en Grecia, sin que ello signifique la posibilidad de una explosión social.

Voces como las del Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pissarides, señalan que las medidas que se tomen, sean estas en Grecia, España, Latinoamérica o cualquier otra región del mundo, deben evitar ajustes que empobrecen a vastas capas sociales. Es necesario un “relajamiento de las medidas económicas tan estrictas que adoptan algunos países, especialmente España, que condicionan su crecimiento económico con una tasa de desempleo muy elevada. España necesita algo más: crecimiento para garantizar que la calidad de la deuda bancaria no se empeore, que no aumente la morosidad y que no aumenten las dificultades de los bancos.

Los analistas económicos, que suelen tratar de explicar las dificultades que trae consigo el no aplicar las recetas de los organismo financieros, no se explican y menos avizoran soluciones para los seres humanos perjudicados por una economía profundamente deshumanizada,  así como la inestabilidad financiera española, unida a las crisis en Grecia, Portugal, Italia e Irlanda que amenazan con convertir el rescate de las entidades bancarias en un círculo vicioso que cuestiona, sobre todo, la zona euro. Para proporcionar más ayudas, el gobierno español –éste o el que salga de las elecciones del 20 de diciembre– deberá emitir más bonos, empeorando sus propias finanzas.

Para el analista Tim Lister, el interés de los bonos a 10 años de deuda soberana emitidos por España ha aumentado hasta un 7 por ciento, lo que es considerado como insostenible por los mercados internacionales. La situación de España es aún más desalentadora que la de Grecia pues, aunque parezca que es “demasiado grande para fallar”, también podría ser “demasiado grande para ser rescatada” con los recursos disponibles. España representa cuatro veces y media el PIB de Grecia y ello es un freno a dejarla caer y con elecciones a la vuelta de la esquina y ante la posibilidad que listas que se alejan del establishment político como Ciudadanos y Podemos, tal vez los organismos financieros prefieren dejar caer a España.

La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) en sus últimas visitas inspectivas y de control de la economía hispana, han emitido sendos informes sobre la “vulnerabilidad” de la economía española frente a posibles crisis, sobre todo debido al alto nivel de paro y deuda. Se ha concluido, igualmente, que los riesgos de que España no devuelva al Mecanismo Europeo de Estabilidad los 38 mil 200 millones de euros que aún debe del rescate son “muy bajos”. “Todavía quedan retos para el sector financiero español (…) Un stock de crédito que todavía está bajando y el actual entorno de bajos tipos de interés plantean un riesgo a la sostenibilidad a largo plazo de la rentabilidad de los bancos”. Tras estos informes la Troika ha solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy que mantenga el impulso reformista, en particular aplicando plenamente la ley de unidad de mercado. Ello implica tomar medidas para reducir la dualidad en el mercado laboral entre aquellos trabajadores fijos y los temporales (o precarios) aprobando la ley –que lleva ya tres años sin salir a la luz– para liberalizar los servicios profesionales.

España sí o sí deberá tomar medidas de corrección que vayan más allá de los consabidos ajustes fiscales y pago social de las deudas privadas. Esto porque el G7, conformado por el grupo de países más ricos del mundo, exigió la adopción de medidas so pena de ahondar una crisis de incalculables consecuencias. Y cuando el G7 habla, entonces hay que correr. Las voces que más se han alzado son las de Estados Unidos y Canadá que han exigido tomar medidas decisivas para resolver la crisis de la deuda y la fragilidad del sector bancario, principalmente español. Esto, bajo la perspectiva crítica que la zona euro no ha actuado lo suficiente, para responder a la escasa capitalización bancaria y construir así unos cortafuegos adecuados.

Ni en Washington, Berlín, Bruselas o París se espera que un gobierno, ya en su postrer adiós, tome medidas profundas en lo que queda de legislatura –ya no las tomó con relación a la protección de su población, en contraste con el salvataje hecho al sistema bancario y financiero–. “La crisis está terminando”, fue la frase más repetida por el gobierno de Rajoy en los últimos años. La crisis no terminó y no tiene visos de desaparecer de esta ínsula barataria que enfrentará, el próximo 20 de diciembre, un reto político de envergadura –las duodécimas elecciones generales desde la transición democrática.

Elecciones muy particulares, como nunca antes en España, ya que por primera vez el bipartidismo podría romperse en añicos, ya que entran en juego, con posibilidades, partidos que en las últimas elecciones generales o no existían, como Podemos, o se circunscribían a una comunidad, como es el caso de Ciudadanos en Cataluña. Lo más probable es que quien triunfe en las elecciones tenga que pactar sí o sí para formar gobierno, donde el peligro mayor para aquellos que reclaman cambios estructurales en España es que el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –que se han repartido el poder desde el año 1978 en adelante– formen un contubernio que genere el temido gatopardismo. Al fin y al cabo entre bueyes no hay cornadas.

La población deberá decidir si acompaña a una clase política, que no ha dado el ancho en materia de protección a la población, cuando más se necesitaba el paraguas del Estado, o se le da un voto de confianza a agrupaciones, que si bien carecen de la experiencia en el manejo del Estado, al menos promueven la implementación de medidas donde el ser humano está en el centro de las preocupaciones.

* Artículo del autor cedido por Hispantv.