Cuando transcurren los últimos días del año 2015, el gobierno de Colombia y las FARC firmaban en La Habana el cuarto punto de la agenda trazada para la búsqueda de concretar la paz definitiva en el país.

En el pasado ya se había suscrito el punto 1 “Política de desarrollo agrario integral” con cuatro pilares: acceso y uso de la tierra; establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial; elaboración de planes nacionales que deberán lograr una reducción radical de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema y creación de un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional.

El punto 2 “Participación política” ya aprobado tiene tres pilares: nueva apertura democrática; mayor participación ciudadana, y la idea fundamental de que el fin del conflicto debe asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas.

También concluyó el debate y aceptación del punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas”, el cual establece cuatro aspectos: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos; reconocimiento de que el consumo es un problema de salud pública que requiere un tratamiento prioritario; desarrollo de una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, el compromiso mutuo de colaborar en la solución de este problema.

El pasado martes 15 de diciembre se ha acordado en La Habana, el punto 5 de la agenda relativa a las víctimas del conflicto. Con la presencia de 10 ciudadanos seleccionados entre 60 que fueron afectados por el conflicto armado y que han participado en los diálogos, se rubricó este importante aspecto que es expresión del mayor reclamo de la sociedad colombiana. Está compuesto por cinco bases: Creación de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; designación de una Unidad Especial para búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto; establecimiento de una Jurisdicción especial para la paz; aceptación de medidas de reparación integral para la construcción de la paz, y establecimiento de garantías de no repetición.

Habiendo llegado a estos acuerdos, están creadas todas las condiciones para abocarse a la discusión del punto 3 de la agenda referida al fin del conflicto, en el que se deberá discernir acerca de la dejación de las armas por parte de las FARC y la restructuración de las fuerzas militares del Estado. Según los compromisos adquiridos previamente por las partes, este proceso debería ser concluido en el mes de marzo de 2016.

En esta perspectiva, pareciera que la paz en Colombia será un hecho de tiempos cercanos, sin embargo el proceso llevado adelante entre el gobierno y las FARC no ha sido replicado -en cuanto a su desarrollo, conocimiento público y estado actual- por el que se debe estar realizando en las conversaciones con la otra fuerza guerrillera actuante en el país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ELN ha puesto de manifiesto su voluntad negociadora en fecha tan lejana como 1991, durante el gobierno de César Gaviria. Tal opción surgía de la decisión tomada por su jefatura de optar por el diálogo  y participar en las conversaciones que se desarrollaron ese año en Caracas y en Tlaxcala, México, que fueron continuadas en 1992 en esa ciudad mexicana. Siendo ésta, la organización guerrillera que desde sus primeros días asumiera el enfoque más vertical en torno al acogimiento de la lucha armada como vía para tomar el poder, tal sentencia significó un trascendente cambio en su manera de mirar la acción política.

Ya en su II Congreso Nacional que se realizó en las postrimerías del año 1989, el ELN había adelantado la alternativa de la negociación política. El planteamiento central de la organización asumía la necesidad de una combinación de formas de lucha armada y pacíficas en las que el protagonismo lo debían tener “las masas” a fin de solucionar los problemas económicos y sociales que enfrentaban los ciudadanos. En esa medida, el papel del ELN como organización político militar era poner el énfasis en la realización de un trabajo político que lo ligara más férreamente al pueblo a fin de coadyuvar a la acción autónoma de la comunidad. Sin embargo, en ese momento aún conservaba una visión tal, que concebía la negociación como “auxiliar” de la lucha armada. Las conclusiones del II Congreso establecían que “… La negociación, la diplomacia es parte de la guerra, es una continuación de la guerra (…) A la mesa de negociación acudimos para presentar el proyecto global y las reivindicaciones particulares que estamos peleando en los campos de batalla”.

Como apunta Jaime Zuluaga Nieto, los aspectos básicos que fijan la posición del ELN frente a la negociación son: ”a) debe orientarse a erradicar las causas generadoras del conflicto; b) es indispensable la participación de la sociedad por medio de sus organizaciones; c) es un medio para dar a conocer los objetivos de la lucha, por lo que se requiere adelantarla de ´cara al país `, y d) es un medio para llegar a muchos sectores, entre ellos a la comunidad internacional”.

Desde ese momento el ELN ha participado en negociaciones o intentos de ellas con todos los gobiernos colombianos en las últimas dos décadas y media, incluyendo las 22 rondas de conversaciones que sostuvieran con los representantes del presidente Álvaro Uribe. Para ello ha recurrido a diferentes modalidades en la búsqueda de objetivos tácticos y estratégicos según cada momento y coyuntura. El V Congreso de la organización realizado en enero de 2015 concluyó en que si “…no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas”. Ello ha permitido realizar las “conversaciones exploratorias” que en número de 6 se han realizado con el gobierno de Juan Manuel Santos en Quito, capital de Ecuador, siguiendo en lo básico el modelo de La Habana en las conversaciones entre el gobierno y las FARC, pero adaptadas a sus particularidades.

Aunque es previsible que las negociaciones con el ELN sigan una agenda similar a la de La Habana, no se pueden obviar tales particularidades y especificidades del discurso político de esta organización. Tal vez sean ellas las que, -al menos públicamente- tengan detenido el proceso o lo hayan hecho infinitamente largo. Lo más difícil en un contencioso como éste, es establecer el objetivo a lograr que en este caso es el cese del conflicto y acordar la agenda para ello. Obtener la paz será un proceso mucho más prolongado que dependerá, del cumplimiento de la agenda aceptada por las partes.

En ese sentido, el gobierno colombiano debería entender que no podrá replicar de manera exacta la agenda ni las formas que adquirió la negociación con las FARC en La Habana. Es probable que el ELN plantee como aspectos incisivos del debate, los de la participación y las transformaciones necesarias para la paz antes de llegar a discutir el fin del conflicto. Un riesgo que se podría correr sería el de la suposición de que los acuerdos de La Habana, en cuanto a los mecanismos, comisiones y estructuras que crea para verificar la paz, puedan ser aplicados al ELN.

Aunque, después de casi 60 años de guerra, la paz pareciera estar a la “vuelta de la esquina”, todavía deben resolverse estos aspectos, a fin de hacer que los acuerdos sean irreversibles y permanentes. Mientras ello no ocurra, es imposible sacar conclusiones definitivas. Por mucho que se haya avanzado, un proceso inconcluso es una tentación a favor de la continuidad del conflicto. En cualquier caso debería prevalecer el lema del Encuentro Nacional por la Paz, realizado en Bogotá los pasados 22 y 23 de julio de 2015: La paz es ahora.