Lo que se inició este lunes como un paro de advertencia, se amplió este martes a una nueva jornada de movilizaciones.

Y si bien el primer día las 120 sucursales en el país del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) solo comenzaron a funcionar a partir de las 11:00 horas, en este segundo día de paro se mantendrán cerradas durante toda la jornada, lo mismo que el sector administrativo a nivel central y direcciones zonales.

Desde la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Universitarios de Fonasa (ANPTUF) no solo se detienen en la necesidad de contar con autoridades que sean capaces de mejorar la gestión. También en la urgencia de no perder el bono que debieran recibir por programas de mejoramiento de gestión y que corresponde al 28 por ciento de la renta del año anterior.

Así lo plantea el secretario general de ANPTUF, Felipe Tamayo, quien además apunta a lo que sería la solución inmediata: la renuncia de la actual directora de Fonasa, Jeanette Vega.

Los funcionarios se mantenían a la espera de lo que podría ser algún tipo de acercamiento con las autoridades, incluso a nivel ministerial, sin descartar la posibilidad de reunirse con la ministra Carmen Castilla para plantearle sus preocupaciones y demandas.

En respuesta, Jeanette Vega anunció el fin de la movilización: “Hemos conversado con nuestros trabajadores y acordado de que ellos van a deponer el paro. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir conversando con Dipres para que estas metas se certifiquen como 100% cumplidas”.

La directora nacional indicó que “el bono y las metas de la institución están cumplidas en un 100% lo que en este momento estamos es apelando al proceso dado que hay algunos temas formales que tenemos que adjuntar”.

Recordemos que el conflicto se generó a partir del proceso de fiscalización al que deben someterse las reparticiones públicas, a través de organismos revisores subcontratados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Esto, considerando que en el caso de Fonasa, la primera revisión arrojó en enero un cumplimiento de solo un 32 por ciento, que luego de la apelación de las autoridades aumentó a un 55 por ciento, lo que pondría en riesgo la entrega del citado bono a partir de lo que los funcionarios consideran un mal diseño de los indicadores que miden el cumplimiento de las metas institucionales.