En el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fue presentada una querella por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el 3 de febrero pasado, en contra del ex director de la Junaeb, José Miguel Serrano –quien ejerció el cargo entre junio de 2014 y diciembre de 2015-, por el delito de fraude al fisco y negociación incompatible.

Los cargos que se le imputan al ex director de la Juaneb tienen su origen en las supuestas presiones que habría ejercido sobre sus subalternos, en razón de su investidura, para que se le adjudicaran licitaciones en el marco de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a ciertas empresas por sobre el resto de los oferentes.

En el escrito, el organismo detalla que durante el mandato de Serrano “y abusando de su cargo, intervino en la asignación de unidades territoriales, revocando procesos ya iniciados, declarando desierta una segunda licitación, para fraudulentamente generar un trato directo que beneficiaba a dos empresas (Verfrutti S.A. y Hendaya S.A.) a pesar de tratarse de propuestas más costosas para el Estado”.

De acuerdo al libelo, desde el interior de la Junaeb se le advirtió a Serrano que la empresa Verfrutti carecía de los méritos suficientes para ser acreedora de la licitación, a lo que el funcionario habría respondido que “al menos debía asignársele una unidad territorial a esta empresa, que debían entenderlo porque se trataba de un problema de ajustes políticos, y que siendo en definitiva su decisión, prefería a Verfrutti por sobre el resto de las empresas”.

Por esta razón, el CDE indica que se verifica el delito de fraude al fisco, el cual implica que “si la defraudación excediere de 400 UTM (17 millones de pesos) se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo”, calculando que el monto de lo defraudado por haber dejado fuera a otras empresas y al “exceso de gasto” que implicaron estos contratos, alcanza los 5 mil millones de pesos.

El otro ex funcionario de Junaeb involucrado en la querella es Sebastián Pérez Torrejón, ex jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica entre noviembre de 2012 y mayo de 2015, quien participó –según detalla el escrito- en el proceso de contratación de los servicios de la empresa alimenticia Alicopsa S.A., por 82 mil millones de pesos, advirtiendo el CDE “la evidente vinculación existente entre el querellado y la empresa adjudicataria de la licitación”, de la cual habría recibido pagos en 2008, y luego entre 2011 y 2013, a través de su empresa matriz Pentzke S.A.