Este lunes será clave para la definición del denominado “Caso Tsunami”. El Tribunal revisará las salidas alternativas acordadas entre los seis imputados y la Fiscalía Metropolitana Occidente, luego de que aceptaran las condiciones de suspensión del procedimiento presentadas por el Ministerio Público.

En la audiencia de preparación de juicio oral, el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, dará a conocer las salidas alternativas de los imputados responsables de 105 muertos y 25 desaparecidos en el terremoto de 2010.

El acuerdo al que habrían llegado los defensores de los imputados  fijaría una indemnización que en total suma 240 millones de pesos a los familiares de las víctimas. Además, requiere que mantengan una conducta intachable durante un año y que pidan perdón público. Esto evitaría pasar a un juicio oral, un procedimiento que fue considerado mientras la investigación estuvo a cargo de la fiscal Solange Huerta, hasta  el 21 de enero pasado, fecha en que dejó su cargo.

El acuerdo ha sido muy criticado por las familias de las víctimas que consideran que el caso va a pasar a ser archivado y olvidado por la Justicia, pero sin atender a los ciudadanos que aún se encuentran damnificados.

Lorena Arce, dirigenta del Movimiento Ciudadano Asamblea de Dichato, una de las localidades más golpeadas por el maremoto posterior al sismo de hace seis años, expresó que las víctimas han sido consideradas por las autoridades sólo en el papel, debido a que la reconstrucción ha sido lenta e ineficiente. “La implicancia de llegar a aprobar este acuerdo, es que el caso va a ser archivado y olvidado. Eso se está repitiendo constantemente en la justicia chilena y la memoria pasa, y tampoco se llega a una solución en respuesta de las malas políticas de Estado, independiente de que partido sean las autoridades”, indicó.

En tanto, el abogado querellante, Alfredo Morgado, discrepó con los fundamentos entregados por el Ministerio Público y dijo que van a alegar por la suspensión condicional del procedimiento. Asimismo, aseguró que  tanto las autoridades que se encontraban en la ONEMI como en el SHOA, tienen responsabilidades compartidas, porque había una obligación clara de informar a la ciudadanía y, evidentemente, no lo hicieron. De esta manera, sería preciso, a su juicio, que incluso la presidenta Michelle Bachelet asistiera a declarar en el juicio oral. “Debería haber declarado en un contexto de juicio oral la Presidenta  Michelle Bachelet como testigo. Hubiese sido bueno para que ella pudiese expresar lo que sabía sobre la situación, y también para las víctimas. La verdad es que cuesta entender este cambio diametral”, sostuvo.

Los responsables, en calidad de autores, de cuasidelito con resultado múltiple de homicidio, son Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior;  Carmen Fernández, ex directora de la ONEMI; Johaziel Jammet ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI; Mariano Rojas, ex director del SHOA; Andrés Enriquez ex jefe de operaciones del SHOA; y  Mario Andina, ex oficial de guardia del SHOA.