La decisión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se vio abruptamente interrumpida. Si bien Luiz Inacio Lula Da Silva alcanzó a ser nombrado como ministro, la Justicia determinó que aquello no sería posible.

Por ello, el Gobierno reaccionó rápidamente y apeló a las sentencias cautelares en contra de la decisión de la mandataria. Y los resultados no tardaron en llegar.

Precisamente este viernes, el Tribunal Regional Federal de Brasilia anuló una de esas dos sentencias que impidieron que Lula se desempeñara en su nuevo rol, acogiendo así los argumentos del Gobierno de que se trataba de un recurso en el que el juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, mostraba una clara “falta de imparcialidad”.

De esta manera, la Justicia de ese país respaldó las acusaciones de intervención en contra de las atribuciones del jefe del Poder Ejecutivo para nombrar y destituir a sus ministros.

Sin embargo, en cuanto al otro recurso, presentado ante la justicia federal de Río de Janeiro, por ahora se mantienen los argumentos de la jueza Regina Formisano, quien determinó que existe una intención de blindar al ex presidente a través de su nombramiento en un ministerio.

Esto, considerando que dicha posibilidad le aseguraría contar con un fuero especial y eventualmente solo ser procesado por la Corte Suprema y no por el juez Sergio Moro, quien encabeza la causa sobre el fraude en la petrolera estatal Petrobras.

Antecedentes que se suman a la conversación telefónica que se conoció este miércoles, en la que Dilma Rousseff le confirma a Lula su nuevo nombramiento.

La izquierda brasileña llama a movilizarse en apoyo a Dilma

La convocatoria ha salido del mismo Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT) y tiene como objetivo hacerle frente a lo que califican como una embestida judicial y política contra la presidenta Dilma Rousseff. El expresidente Lula ha escrito una carta en la que dice ser víctima de “actos injustificados de violencia”.

“En defensa de la democracia, de los derechos de la clase trabajadora y contra el golpe”. Ése es el eslogan con el que la izquierda brasileña saldrá este viernes a las calles, con la idea fija de levantar cabeza en medio de la tormenta política que sacude al país y en especial a ese sector político. El llamado convoca a unas 30 ciudades del país y llega sólo cinco días después de las masivas manifestaciones de la oposición, que logró a sacar a las calles a tres millones de personas.

Las manifestaciones programadas para este viernes tendrán, según sus organizadores, un carácter pacífico. Organizadores que también han hecho un llamado a la policía para que respete el derecho a todos de expresarse públicamente.

Ha sido la propia presidenta Dilma Rousseff la que ha evocado la idea de que detrás de la embestida judicial en su contra se organiza un golpe de Estado. Lo volvió a repetir este jueves en un encendido discurso durante la investidura de sus nuevos ministros, entre los que se incluía al mismo Inacio Lula Da Silva, como ministro de la Casa Civil.

“La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo”, dijo la mandataria en su discurso, intentando dejar atrás los coletazos de la publicación del registro telefónico donde se le escucha hablando con su antecesor. Una grabación que ha sido calificada por la oposición como una clara prueba de que el nombramiento de Lula busca protegerle de acabar en la cárcel, luego de verse involucrado en una de las ramificaciones del caso de corrupción en Petrobras.

La defensa de Lula

Lo que nadie en la izquierda brasileña sospechaba era que Lula sólo duraría en el cargo alrededor de 45 minutos, tras la decisión del juez federal de Brasilia, Itagiba Catta Preta Neto, de suspenderlo cautelarmente.

Este jueves, el ex mandatario salió a defenderse. Particularmente de la divulgación de la llamada telefónica con su compañera en el PT, Dilma Rousseff. A través de una carta abierta, donde denuncia ser “víctima de actos injustificados de violencia”, el líder brasileño pide justicia para él y todos “en la vigencia plena del Estado de derecho democrático”.

A lo que agrega: “En esta situación extrema, en la que me fueron negados derechos fundamentales por agentes del Estado, manifesté mi inconformismo en conversaciones personales, que jamás habrían superado los límites de la confidencialidad, si no hubiesen sido expuestas públicamente por una decisión judicial que ofende la ley y el derecho”, en abierta alusión al juez Sergio Moro, el juez federal que lleva las investigaciones por el caso Petrobras, el mismo que difundiera las escuchas telefónicas entre Dilma y Lula.

En la misiva, de un tono particularmente conciliar con el poder judicial brasileño, Lula dice también creer “en las instituciones democráticas, en la relación independiente y armónica entre los poderes de la República, según lo establecido en la Constitución Federal y en los criterios de imparcialidad y equilibrio que orientan a los magistrados involucrados en esta noble misión”.