Cherelle Baldwin tiene suerte de estar viva. Su expareja la agredió en reiteradas ocasiones. Fue atacada por él en su propio hogar, se defendió y a consecuencia de ello fue a prisión. La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, afecta a millones de personas cada año, en su mayoría, aunque no exclusivamente, a mujeres. Cuando las víctimas se defienden, corren el riesgo de ser doblemente victimizadas: primero por su agresor y luego por parte del sistema de justicia penal. Las mujeres de color se encuentran en una situación particularmente vulnerable, como lo demuestra claramente el caso de Cherelle Baldwin.

Cherelle Baldwin conoció a Jeffrey Brown en Connecticut en 2010, cuando ella tenía diecinueve años de edad. Poco después tuvieron un hijo. Brown se tornó agresivo y para 2013, la pareja se había separado. Según documentos que obran en poder de la justicia, Brown había amenazado a Baldwin en repetidas oportunidades, le había quitado tarjetas de crédito y dinero y la atacaba cuando iba a visitar al hijo de ambos. Finalmente, Cherelle obtuvo una orden judicial que prohibía las amenazas, el acoso y las agresiones durante las visitas, pero Brown siguió amenazándola a través de mensajes de texto. El 18 de mayo de 2013, le envió más de una docena de amenazas vía mensaje de texto, dos de los cuales decían “D.O.A. on sight” (sic), en referencia a la sigla que se usa en inglés para nombrar el ingreso a un hospital de una persona ya fallecida.

El automóvil de Brown estaba estacionado muy cerca de la casa de Charelle. Cuando ella se dio cuenta, él ya estaba en su dormitorio. Brown la golpeó, la estranguló y la azotó con un cinturón. Ella huyó de su casa en camisón, descalza y sin lentes. Corrió hacia su auto. Su abogado defensor, Miles Gerety, explicó en “Democracy Now!”: “Chocó con su automóvil contra un muro de cemento. Se despertó al lado del auto sin saber qué fue lo que realmente pasó porque experimentó amnesia retrógrada”. Lo que sucedió luego no queda claro. Baldwin tenía una pierna rota a causa del accidente. La policía encontró a Jeffrey Brown atascado entre el automóvil y el muro, muerto. Según Gerety, todavía tenía alrededor de la mano el cinturón que había utilizado para azotar a Baldwin.

A pesar de estar herida y a pesar de las órdenes de restricción que la amparaban, a pesar de la cantidad de mensajes de texto amenazantes que Brown le había enviado, Cherelle Baldwin fue acusada de asesinato en primer grado y enviada a la prisión de máxima seguridad de Connecticut con una fianza fijada en un millón de dólares. Después de un juicio que se extendió durante seis semanas, once de los doce miembros del jurado votaron a favor de absolverla, pero un integrante del jurado se opuso y en consecuencia, el juez declaró el juicio nulo. La fiscalía solicitó un nuevo juicio e insistió en que se mantuviera la misma fianza increíblemente alta. Baldwin continuó presa.

La semana pasada, en su segundo juicio, Baldwin fue absuelta de todos los cargos. Aún así, pasó casi tres años en prisión. Su único delito fue no lograr reunir el monto de la fianza. En el mes de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a los tribunales una carta en relación con el problema de encarcelar personas de bajos recursos que no pueden pagar multas o fianzas. Entre otras cosas, la carta dice: “Una fianza que se fije sin tomar en consideración la situación económica del acusado puede resultar en la encarcelación de las personas no porque representen una amenaza para la seguridad pública ni porque exista el riesgo de que escapen, sino más bien porque no pueden hacer frente al monto fijado para la fianza”.

El caso de Baldwin es similar a otro que captó mucho más la atención de los medios de comunicación. Corría el mes de agosto de 2010. En Florida, Marissa Alexander, también afroestadounidense y madre de tres hijos, estaba siendo amenazada en su propio hogar por su esposo, del que se encontraba separada. Marissa se defendió con un disparo de advertencia dirigido al techo, efectuado con una pistola para la que tenía habilitación. El marido huyó, llamó a la policía y Marissa fue arrestada. Se la acusó de agresión agravada, fue declarada culpable y condenada a 20 años de prisión.

En su defensa, Marissa Alexander intentó ampararse en la ley de defensa propia de Florida, que habilita a enfrentar al agresor. La fiscal de su caso, Angela Corey, actuó también en la causa abierta contra el vigilante blanco George Zimmerman por matar al joven de diecisiete años de edad Trayvon Martin en Sanford, Florida. Zimmerman tuvo éxito al invocar esa ley de defensa propia, pero Alexander no. La docente de derecho de la Universidad Estatal de Ohio Michelle Alexander comparó los casos de Marissa Alexander y George Zimmerman en “Democracy Now!”: “[El caso de Marissa] es un claro ejemplo de la aplicación discriminatoria de la ley de defensa propia. En este caso tenemos a una mujer que dispara al aire para defenderse de lo que considera un esposo violento y termina consiguiendo 20 años de prisión, mientras que George Zimmerman es liberado sin castigo tras haber perseguido y matado a una persona basándose en estereotipos raciales y suposiciones de criminalidad”.

Marissa Alexander ganó posteriormente una apelación, pero al enfrentarse a la posibilidad de pasar 60 años en la cárcel tras un nuevo juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad que implica una condena equivalente al tiempo de prisión ya cumplido más dos años de arresto domiciliario. En este momento, transita el segundo de esos dos años.

Volviendo a Connecticut, Cherelle Baldwin intenta, a paso lento pero seguro, rearmar su vida junto a su hijo de cuatro años de edad. Cherelle y Marissa son solo dos de las 12,7 millones de personas que cada año en Estados Unidos sufren agresiones físicas, violaciones o acoso por parte de sus parejas. Esta crisis que afecta a todo el país, al igual que otros temas relacionados, como la encarcelación masiva y la discriminación racial dentro del sistema de justicia penal, merecen atención pública, especialmente este año en que nos encontramos de cara a una nueva elección presidencial.