El archipiélago de Chiloé es de esos trozos de tierra que parece desbocarse casi sin remedio al precipicio del mar. O, quizás, el mar trepa sin suerte alguna a aquellas trizas de colinas y bosques antiguos. Un entramado de tierra y mar que se mueve al  ritmo de la magia, pero hoy lo estremece un movimiento social: un movimiento sísmico de grado insospechado.

El gobierno jamás imaginó que el pueblo chilote se levantaría en apoyo a la protesta de pescadores y mariscadores por sus reclamaciones en torno a las consecuencias de la denominada marea roja. Se supone que ésta constituye un fenómeno natural configurado por la proliferación desmesurada de microalgas que contienen toxinas y que al ser consumidas por moluscos y éstos, eventualmente, por humanos, pueden ser potencialmente letales.

Diversas organizaciones chilotas y nacionales, ponen en entredicho el carácter natural del evento, puesto que el vertimiento de 5 toneladas de desechos –salmones y truchas en descomposición– que generan químicos sulfhídrico de alto riesgo, por parte de la industria salmonera hace un par de meses habría alterado significativamente el ecosistema y sino producido, al menos agravado profundamente los efectos de la marea roja.

Pero lo que sucede actualmente en Chiloé trasciende lo episódico y uno puede vislumbrar sin temor a equivocarse que la rebelión chilota de mayo marcará un punto de inflexión en la historia política reciente del archipiélago. Es en este marco general movimental que uno puede argumentar al menos 5 razones por lo cual nada jamás será igual en Chiloé. La isla seguirá siendo isla, pero nunca más será isla política, toda vez que las movilizaciones han evidenciado:

Primero: La connivencia entre el Estado y la empresas salmoneras.

Durante la crisis de la industria salmonera a causa del virus ISA, el primer gobierno de la presidenta Bachelet actuó como garante para que los empresarios pudiesen contraer préstamos con la banca privada por un total de 450 millones de dólares. Ello en adición a otros millonarios beneficios y programas. Asimismo, a pesar de los serios perjuicios económicos, sociales y ecológicos producidos por esa misma crisis y por la operación de la industria, el 2011 y el 2012 el SEIA de Los lagos entregó Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) a 4 proyectos para aumentar hasta 16 veces su producción en las inmediaciones  de Isla Guar, en el Seno de Reloncaví.

Lo anterior, mientras tanto a los pescadores, mariscadores y sus familias, el ministro de economía le ofrece un magro bono de 100 mil pesos mensuales para bajovivir en condiciones humillantes. El ministro Jorge Burgos se burla de las demandas de los pescadores señalando que el gobierno no es de “billetera fácil”, cuando el gana 9 millones de pesos mensuales y, claro, siendo ministro de defensa –y antes– los gobiernos de la Concertación jamás fiscalizaron cómo se gastaban los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Es decir, ahí sí existió “billetera fácil” para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que incurrieron  en graves casos de corrupción: los casos Milicogate; la compra de las fragatas de la Armada; contrabando de armas a Croacia; aviones mirage; el millonario patrimonio del ex comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, por nombrar algunos.

Segundo: Terrorismo medioambiental y racismo medioambiental

El Estado avaló, mediante sus instituciones –la Armada y Sernapesca, por ejemplo–la reciente descarga en marzo de salmón descompuesto y altamente tóxico en el mar. Pero no tan sólo eso, sino que por décadas el Estado ha entregado concesiones a las transnacionales salmoneras que han contaminado las costas interiores de la provincia de Chiloé. Además, el monocultivo intensivo ha llevado a cabo las fases más contaminantes del proceso productivo en sus costas, lagos y fiordos. Chile se ha transformado en el segundo productor y exportador de salmón en el mundo, pero las utilidades se las llevan las transnacionales, en este caso principalmente noruegas, mientras los trabajadores –subcontratados mayoritariamente– laboran en precarias condiciones. El medioambiente es víctima de terrorismo ambiental y de racismo ambiental porque habitando también allí Huilliche, su Ñuke Mapu y su Lafken ancestral, no son respetados. Al igual que en el territorio mapuche histórico donde el 70% de los vertederos se encuentra ubicado en comunidades. El terrorismo y racismo ambientales violan los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Tercero: La existencia de una Democracia a la fuerza o Democradura

Como habitualmente acontece ante demandas sociales, el gobierno responde con amenazas, ya sea a nivel discursivo o factualmente, rehusándose a dialogar, salvo que se depongan las movilizaciones. Es decir, privando a las organizaciones sociales del elemental derecho a protestar o bregar por sus reivindicaciones y demandas. Luego, ante la persistencia de los sectores movilizados por proseguir su accionar, las autoridades se ven en la obligación de establecer negociaciones pero bajo parámetros delimitados por ellos. Es la democracia restringida que es simultáneamente respaldada por contingentes de Fuerzas Especiales de Carabineros transportadas a la isla por aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea. Es decir, la democracia a la fuerza: la Democradura.

Cuarto: Rol de la comunidad

Una de las características más relevantes del movimiento social chilote lo constituye el rol asumido por la comunidad en el despliegue de la organización, la construcción del discurso, y el accionar de las movilizaciones de los últimos días. Ha tendido a prevalecer, al igual que en otros movimientos en América Latina, una lógica más horizontalista, menos jerarquizada y  apartidista. No es, por cierto, una comunidad homogénea, una especie de entelequia, sino que una conjunción de sectores sociales, económicos, organizaciones,  emanada desde los barrios, cerros, campo, mar, puertos, pueblos, que se aglutinan en torno a espacios comunitarios que, o son recuperados, o se intentan recuperar en tanto comunidad identitaria, cultural,  social, con demandas comunes. La comunidad se ha reencontrado consigo misma, ha redescubierto su energía, su teluridad, su memoria de siglos. Esto es lo que ha permitido que el movimiento se haya desplazado desde el canal Chacao hasta Quellón y que los chilotes hayan tenido la capacidad de cercar los pueblos, impidiendo el paso de la policía y desconcertando al gobierno. Además la fuerza movimental, que sobrepasó con creces las demandas de apoyo económico temporal a la familias directamente afectadas por la marea roja, desautorizó a algún dirigente que había negociado con las autoridades “por una mugre de plata”, como el mismo reconoció.

Quinto: Territorialización del movimiento y politización de la demanda

El movimiento chilote ha territorializado su demanda y sus movilizaciones; esto significa, no sólo que desde el mar pasó a la tierra con las reclamaciones de los pescadores artesanales como detonante, sino que la demanda adquirió una calidad chilota. Ya dejó de ser sólo una reivindicación económica, justa y legítima, sino que adquirió una dirección y horizonte político, por al menos dos razones. Primero, territorializar la demanda movimental implica mucho más que extender las movilizaciones –cortes de ruta, bloqueos, barricadas, manifestaciones– geográficamente. Significa entender el territorio, además de un lugar geográfico, como un espacio social que se construye y se le otorga sentido culturalmente. Es un espacio simbólico, identitario, que contiene memoria, historia y posibilidad de futuro colectivo. Es un espacio de disputa de poder. Por consiguiente, el movimiento chilote, lo declare o no, lo explicite o no,  es un movimiento político.

Segundo. El proceso de territorialización de los movimientos en América Latina se ha verificado fundamentalmente a partir de la década de los noventa, y no solamente se relaciona con la tierra, los pueblos originarios o campesinos, sino que con la recuperación de territorios, sea en sectores rurales o urbanos. Esto puede apreciarse también embrionariamente en Chiloé con la participación de pescadores, buzos, profesores, feministas, estudiantes, pobladores, comerciantes, profesionales, algueros, organizaciones no gubernamentales, pueblos y comunas, como Ancud, Castro, Cucao, Chonchi, Curaco de Vélez, Achao, Dalcahue, entre muchos otros.

La territorialización de la demanda se expresa en el anclaje de la misma en una problemática específica: la crisis  medioambiental en el archipiélago producto de la operación de la industria salmonera. Pero, además, es política, puesto que interpela a la responsabilidad del Estado y al modelo económico que ha viabilizado la depredación ambiental.

La politización de la demanda del movimiento chilote, se manifiesta en la disputa de poder territorial en las calles, aunque en el Petitorio de la Mesa Provincial de Chiloé las 15 demandas aluden principalmente a temas medioambientales, en el punto 14, se señala prístinamente: “Exigimos que el representante que nombre el gobierno, venga a entregar su propuesta a Castro, capital provincial del archipiélago de Chiloé”. En otras palabras, el movimiento social de Chiloé está construyendo autonomía, con o sin permiso, transitando desde la Marea Roja a una Marea Humana.