Qué difícil es para nosotros como padres o apoderados enfrentarnos a leer en un periódico la noticia de una adolescente que agrede a otra con un arma blanca en las afueras del propio colegio, y más triste aún leer que el director de ese colegio declara que no  puede expulsar a la agresora porque la nueva “Ley de Inclusión” no lo permite. Qué difícil es quedarnos callados y de brazos cruzados viendo cómo una ley que se supone generará más inclusión y mejoras en la educación, hoy expone a nuestros hijos a un ambiente que crea caos e incertidumbre, no sólo en alumnos y apoderados, sino que además en las comunidades educativas.

Esta nueva ley ata de manos a las autoridades de los establecimientos, no solamente en los aspectos administrativos, sino también en la aplicación de los reglamentos y sanciones, exponiendo a los mismos alumnos que debieran estar protegidos por el sistema  a ser víctimas de quienes aplican la violencia como forma de vida. Tenemos claro que quienes legislan este tipo de  medidas jamás serán los que pasarán estas angustias, pues sus hijos están en colegios pagados cuyos reglamentos estrictos no son tocados ni intervenidos y tal vez para los expertos que  están detrás de la creación de estos proyectos nuestras opiniones son alarmistas, pero para nosotros, los padres que día a día enviamos a nuestros hijos al colegio confiados en que estarán cuidados y resguardados  al interior del  mismo, no es ser alarmistas, sino manifestar una aprehensión real por  el rumbo que hoy se está dando a los establecimientos educativos.

Tenemos claro que el primer educador es la familia, pero cuando un niño ingresa al sistema educativo sabemos que éste se suma a la formación que ese niño o niña necesita para desarrollarse de manera integral y parte del aprendizaje son las reglas y normas de buena convivencia en que se aprende la disciplina, y la sanción asociada a la falta de ésta.

Ya basta de entregar el mensaje errado que está llevando a nuestros hijos a creer que sólo tienen derechos y no deberes, que pueden hacer lo que quieran sin tener límites o atentar contra la libertad de otro sin ser sancionado. No puedo creer que las autoridades de nuestro país no se den cuenta que las medidas populistas que implementan atentan directamente contra el normal desarrollo de nuestra sociedad.  Los padres y apoderados nos esforzamos, trabajamos y nos preocupamos para que nuestros hijos crezcan y se formen para ser un aporte positivo al país en el que vivimos, que aprendan que la víctima será protegida y el victimario será sancionado y no al revés. Hoy vemos que la ley protege al victimario y expone a la víctima a desvincularse por su propia voluntad para protegerse y proteger su integridad.

Hoy como padres y apoderados hacemos un llamado a nuestros legisladores a enmendar el daño que se causó con esta nefasta ley, que reformen esta reforma  y que sean capaces de ponerse en nuestro lugar, y entiendan la angustia que sentimos nosotros al ver que la mal llamada Ley de Inclusión sólo está generando incertidumbre y desasosiego con cada uno de sus vacíos, y el costo  de las malas decisiones de los señores legisladores será asumido por el tesoro más grande que nosotros tenemos, nuestros hijos.

Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (CONFEPA)