El pasado 7 de junio el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitó procesar como encubridor de secuestros y homicidios en el caso Caravana de la Muerte, al ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, conocido como el general del Nunca Más y recordado por asumir durante su mandato la responsabilidad de la institución militar en los crímenes de la Dictadura. La petición llegó a las oficinas del ministro Mario Carroza, quien está a cargo de este emblemático caso. También se solicitó el procesamiento de Ariosto Lapostol, en ese entonces jefe de Cheyre en el Regimiento Arica de La Serena. Se demanda que sea encauzado como autor de los mismos crímenes de lesa humanidad que se le imputan al ex comandante en jefe y teniente en aquellos tiempos.

Ya desde 2015 este caso avanza. En mayo un informe de la Policía de Investigaciones recogió testimonios en el marco de la investigación de la Caravana de la Muerte, que apuntan a la participación de Cheyre en torturas en el Regimiento Arica. En abril de este año, Mario Carroza lo citó en calidad de inculpado en la reconstitución de escena del episodio ocurrido en el Regimiento Arica en el contexto de esta mortal comitiva.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior señala que hay antecedentes suficientes como para determinar la participación del ex comandante en jefe del Ejército, al menos en calidad de cómplice en los ilícitos mencionados, principalmente dado el cargo que este desempeñaba como ayudante de Lapostol y jefe subrogante del Departamento II de Inteligencia. A ello, Cheyre ha señalado que después del golpe de Estado fue depuesto de sus funciones operativas para cumplir otras de orden administrativo en la intendencia regional. Jorge Bofill, defensor, afirma con total certeza que su representado no tuvo participación alguna en estos crímenes. Habrá que estar atento a la decisión que tome el ministro Carroza.

La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar delegada por Pinochet y comandada por Sergio Arellano Stark que viajó en un helicóptero Puma por distintas regiones del país con el objeto de “acelerar los consejos de guerra”, tal como lo establece el expediente del caso, a cargo del ex ministro Juan Guzmán Tapia a principios del 2000. El resultado fue el asesinato y desaparición forzada de 75 personas, según señala la investigación realizada por Patricia Verdugo. Pinochet fue capturado en Londres por este emblemático caso. Luego fue liberado y sobreseído por temas de salud, muriendo en 2006 sin condena. Arellano, por su parte, recibió seis años de prisión, pero en 2015 se le sobreseyó arguyendo demencia.

Sin duda, esta noticia nos plantea una serie de interrogantes respecto del funcionamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de las posibilidades actuales de seguir haciendo justicia; teniendo en cuenta el paso del tiempo y añadiendo a ello los 50 años de silencio impuestos en el informe Valech. La respuesta a esa pregunta recurrente y crucial, ¿dónde están?, cada vez suena más lejos para los compañeros y familiares de detenidos desaparecidos.

Debemos respetar el derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario; debemos dejar, como tanto se ha escuchado últimamente, “que la justicia haga su trabajo”. Por supuesto que todo ello es cierto, que así debe operar el sistema judicial. Sin embargo, esta noticia de Cheyre prolonga una de las grietas de nuestra memoria histórica: la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos. Y lo inquietante es que una justicia en la medida de lo posible difícilmente constituye una ruta viable hacia el Nunca más.