Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, porque son delitos cometidos en contra de la humanidad, este principio universal se aplica en nuestro país a las acciones violentas ejecutadas durante y después del golpe de Estado de 1973 por militares, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas y civiles miembros de partidos políticos de derecha. Personas que planificaron, ejecutaron o financiaron las políticas para perseguir, encarcelar, torturar, asesinar y llevar adelante la desaparición forzada de personas, actuando como agentes del Estado.

Sin embargo hoy, a raíz del procesamiento del ex General de ejército Juan Emilio Cheyre, la aristocracia concertacionista y sus dirigentes, han alzado la voz para defender a quien está acusado de encubrir el asesinato de 15 personas en la ciudad de la Serena en 1973 y señalado por sobrevivientes, como torturador. Será que estos dirigentes democratacristianos, del PPD y socialistas, se olvidaron que Cheyre está vinculado, a través de este caso, a la Caravana de la Muerte, uno de los hechos más cruentos de esa época, ordenado directamente por Pinochet y que cobró 96 víctimas.

Es cierto que todo acusado tiene derecho a demostrar su inocencia, aunque esta regla jurídica no funcione para todos por igual, pero para nosotros ex oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, que nos opusimos al golpe de Estado de 1973 y a reprimir y asesinar a nuestros compatriotas, el general Cheyre es la imagen más clara de todo un proceso político, que por 27 años ha impedido trasparentar toda la verdad, respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Dictadura, y de quienes son los culpables de estas aberraciones.

El papel que jugó Cheyre en la transición política, argumentado por dirigentes de la Concertación, es un intento por lavar su imagen, forma parte de la política de olvido que ha impedido llevar a la justicia, a todos los criminales comprometidos con el largo periodo de violaciones a los derechos humanos en Chile. Una política que lejos de resolver el problema de los derechos humanos ha permitido a ex torturadores y culpables de crímenes de lesa humanidad, ocupar altos cargos en la dirección del Estado, en la educación y en el caso de Cheyre: Comandante en Jefe el Ejercito, luego funcionario del Estado y director de un centro de estudios en la Universidad Católica.

Es el mismo oficial de Ejército que en 1973 participó o encubrió abusos terribles, odiosos y obscenos como es la tortura y los crímenes cometidos en contra de millones de chilenos y chilenas por pensar distinto. Partícipe de hechos tan infames como degradantes, escondidos por Cheyre, para impedir que se sitúe en la conciencia civil y que esta lo condene.

Sin embargo, sus defensores pretenden ignorar su pasado, le señalan como “el artífice” de la decisión del Ejército de asumir las responsabilidades, como institución, por los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado, como si ello pudiera borrar lo sucedido. Pero es que además, este es un atributo que nunca tuvo, porque desde que asumió el cargo de comandante en jefe del Ejército, entre el 10 de marzo de 2002 y el 10 de marzo de 2006, no hay señales de un esclarecimiento real y efectivo sobre el papel que Oficiales y Suboficiales cumplieron a cargo de diferentes regimientos transformados en centros de tortura y asesinatos, ni menos la identificación de estos para llevarlos a la justicia. Tampoco se entregó la información que los familiares de detenidos desaparecidos esperan para conocer qué pasó con sus seres queridos y dónde están sus restos.

Por el contrario, Cheyre ha mantenido el silencio, ocultando sus responsabilidades e intentado encubrir, en la institución militar, su participación en la represión. Haciendo lo que antes hizo el ex general Matthei, director de la Academia de Guerra Aérea (AGA), uno de los centros de torturas más crueles de la época, traspasando a las nuevas generaciones de Oficiales y Suboficiales un pacto de silencio sobre la historia de asesinatos, torturas y enriquecimiento ilícito, bajo la gran mentira de que el Ejército luchó en contra del comunismo.

Basta ya de mentiras, quienes fuimos militares, que no traicionamos nuestro juramento y que fuimos leales a nuestro pueblo, sabemos que no hay un oficial, activo en esa época, que desconociera qué se hacía en los regimientos, cuarteles, bases aéreas, buques y comisarias, con los detenidos. Y que quede claro, la opción de no aceptar ordenes criminales y oponerse al golpe de Estado, a la sedición militar, fue una elección posible.

Cheyre aceptó las órdenes de perseguir a opositores políticos y las ejecutó de manera consciente, siendo además un oficial de inteligencia es decir, de máxima confianza de los mandos golpistas. A nosotros quienes no aceptamos reprimir y asesinar a nuestros compatriotas, nos significó la expulsión de la institución militar, la tortura y el exilio.

Dicho esto, seguir aceptando el argumento que Cheyre y sus defensores esgrimen, que un teniente en 1973 no sabía lo que pasaba, es avalar una gran mentira y que solo alienta la impunidad. Durante todo el periodo de la Dictadura, la detención, la tortura y el exterminio de personas no fue un secreto de Estado, salvo algunas excepciones. Se planificó a nivel político y se ejecutó a través de la cadena de mando en las FFAA, con órdenes o instrucciones algunas de ellas de carácter general y otras más reservadas, pero todas orientadas por una instrucción general y pública que fue la guerra (interna) en contra del comunismo.

En esos días, a los militares se nos informaba y arengaba todos los días sobre nuestro papel en la “liberación de Chile del comunismo”, lo mismo hacían los oficiales a cargo, cuando nos reunían en patrullas para salir a realizar allanamientos a casas particulares, empresas, a perseguir personas. Esas patrullas estaban al mando, casi siempre, de un Teniente, quien ejecutaba junto a sus subordinados la orden de reprimir, la que emanaba de un Oficial de mayor grado a cargo de los operativos territoriales, Capitán o Comandante.

Han transcurrido cuarenta y tres años, desde el golpe de Estado cívico-militar, una situación que hace difícil, para quienes no vivieron esas horribles experiencias, imaginarse la prepotencia, el fanatismo, la violencia y la irracionalidad con la que actuaban en esa época los mandos superiores y subalternos (subtenientes a capitanes) con los prisioneros.

Esos jóvenes oficiales y suboficiales, cumpliendo órdenes que obedecían conscientemente, se arrogaban el derecho de decidir sobre la vida de las personas y luego, participaron o fueron cómplices encubridores, de las acciones que llevaron a cabo, para que el asesinato en masa de los opositores a la Dictadura quedara en el secreto, velando para que no quedaran registros escritos, lo que se han encargado de proteger con un vergonzoso pacto de silencio.

Es difícil y eso lo comparto, imaginarse a muchos “Cheyres” quienes ocupan hoy cargos de profesor, médico, empleado público o empresario, como torturadores o encubridores de las atrocidades cometidas en el pasado, pero esos recuerdos están en nuestras memorias, como forados imposibles de reparar. Que nos señalan a los Matthei, a los Echeverría, a los Labbé, como autores directos o indirectos de acciones de castigo brutales para degradar y humillar a los que su mando definió como enemigos de Chile, lo que les daba carta abierta para torturar, para extraer información, “ablandar” o quebrar la resistencia de los detenidos a fin de hacerlos hablar.

Por eso es que la brecha temporal que separa los hechos ocurridos, como consecuencia del golpe cívico-militar de 1973, de su juzgamiento y sanción, no puede ser valorada si no se analiza el contexto, si no se considera que mientras los crímenes ocurrían, no existían las bases democráticas que configuran el Estado de Derecho. Lo que se ha establecido es que Cheyre formó parte, como oficial de Ejército, de inteligencia, de una estructura, de un poder organizado para reprimir al adversario, un poder que se valió del control dictatorial para procurar la impunidad de actos atroces, en ausencia de mecanismos jurídicos que procuraran la defensa y protección de los derechos vulnerados.

Finalmente unas palabras más para los políticos que con tanta lealtad defienden a los violadores de derechos humanos y vinculados a crímenes de lesa humanidad, defender a Cheyre como lo hicieron con Matthei es una bofetada a la dignidad. Además de una acción irresponsable, que le deja la puerta abierta a quienes a través de una historia mentirosa, ensalzan la obra de la Dictadura, alimentando mentes enfermas, dispuestas repetir los horrores que hicieron en nuestro país.

Dr. Enrique Villanueva Molina