Fue un escándalo mayúsculo que algunos funcionarios apitutados que se desempeñaban en el servicio público conocido como Gendarmería, vía artificios leguleyos, conocidos y tolerados por el Ministerio de Justicia, aumentaran en altísimas proporciones los montos de sus jubilaciones y lo que más ha molestado es saber que la periodista Myriam Olate, “exposa” del locuaz y dicharachero diputado PS Osvaldo Andrade, sea una de las agraciadas con ese regalo entregado injustificadamente por el Estado : recibió  más de $ 5.200.000 al mes hasta el día de su partida al cielo, teniéndose en cuenta que trabajó allí solo 20 años, los necesarios para impetrar el privilegio.

La ministra Javiera Blanco, en sus descargos ante las críticas que ha recibido, aduce que el Ministerio de Justicia no calcula las jubilaciones de esos funcionarios, esclareciendo que la responsabilidad recae exclusivamente en Dipreca y el anterior ministro Isidro Solís explica que la norma utilizada por Olate y los otros funcionarios uniformados que se pasaron de listos para disfrutar a perpetuidad de una feliz vejez, se hizo en el gobierno de Aylwin solamente para los esforzados compatriotas que corrían riesgos de vida por el trabajo específico que realizaban al interior de los penales.

La Contraloría había tomado razón de unas cuantas pensiones truchas, hasta que Jorge Bermúdez dijo basta el 9 de junio pasado cuando resolvió que este tipo de estipendios tienen un tope de UF 60, casi $ 1.600.000 mensuales, dejando la puerta abierta para que las pensiones ya pagadas se invaliden vía administrativa o se anulen por sentencias judiciales, ya que estamos ante escabrosos ardides amparados por diversas  autoridades. En todo caso, fue muy grotesco que el Subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, tal como fue consignado en CNN Chile, le haya pedido a la Contraloría una reconsideración a su dictamen, lo cual significa que ese ministerio intentaba mantener las jubilaciones mentirosas, pero a esta alta autoridad de gobierno le fue mal pues el ente fiscalizador rechazó esa inicua pretensión.

Entonces concluimos que el contralor Bermúdez hizo muy bien su pega y en tal sentido todos aquellos que criticamos la descomposición existente debemos saludarlo y felicitarlo por haber cuidado los fondos públicos y por exigir que las pensiones de Gendarmería sean 100% legales.

En otro orden de materias, informamos que a raíz de la denuncia que hizo la Fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría en contra del Director de Obras de la Municipalidad de Copiapó por haber mal aprobado el permiso de edificación Nº 119 del año 2012 para que la empresa Falabella construyera un mall de alta carga de ocupación en la calle Maipú 109,  el ente fiscalizador resolvió en su dictamen Nº 67031 del 21/08/15 que efectivamente ese funcionario municipal se había excedido en sus atribuciones al cursar ese acto administrativo.

El permiso es ilegal porque dicha empresa del retail, para abaratar costos y simplificar la tramitación, no compró el terreno idóneo que requería su equipamiento mayor, el que debía enfrentar necesariamente vías expresas o troncales. En todo caso nos llamó la atención que en el proceso de investigación, tanto el Subsecretario del Minvu como el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, emitieron informes equivocados para favorecer al titular de la edificación ya construida, la que sufrió una inundación a fines de marzo del año pasado con motivo del aguacero que provocó, entre otras desgracias, el desborde del río Copiapó.

En vista de que 2 autoridades del gobierno y la autoridad local se coludieron para establecer un hecho ilegal consumado, teniéndose en cuenta que el terreno utilizado por el mall era inundable, según la información entregada por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, el 9 de marzo de 2016 haciendo valer el artículo 22º de la ley respectiva, le pedimos a la Contraloría que enviara los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que éste iniciara las acciones correspondientes en virtud de que ese artículo dice que los funcionarios fiscales y municipales son civil, penal y administrativamente responsables de sus actuaciones ilegales. Como vemos, este caso es similar al de las jubilaciones de Gendarmería porque funcionarios del Estado favorecieron al privado titular del mall incorrectamente emplazado.

Nuestra petición fue respondida por la Contraloría el 5 de julio pasado, vía informe 49429, en donde se expresa que no enviará los antecedentes al CDE, argumentando que nuestra fundación si lo puede hacer (?). En este caso el contralor Bermúdez no procedió como hubiéramos esperado y por ello consultaremos con nuestros abogados cual será el camino que deberá tomar nuestra fundación y hasta podría ser posible que llevemos los antecedentes al Ministerio Público.

Si queremos atacar la corrupción, la Contraloría debería actuar con decisión, lo que no ha sucedido en este episodio. Por el contrario, con esta inacción se está entregando una débil señal al mercado y por ello sostenemos que el contralor Bermúdez, quien ha demostrado suma responsabilidad en otras ocasiones, debería utilizar todas las herramientas que tiene para combatir este tipo de lacras y en tal sentido esperamos un necesario cambio de actitud para que el mercado funcione siempre con actores que se rijan por las normas vigentes.