En el Evangelio se dice que siempre habrá pobres entre nosotros y que es deber de los cristianos de buena voluntad el protegerlos. En el Partido Conservador – aun cuando parezca raro – existía un sector conformado por obreros católicos llamados “los josefinos”, que defendían las posiciones más oligárquicas basadas en la doctrina social de la Iglesia, difundida por León XIII, en la Encíclica Rerum Novarum; posteriormente, el sindicalismo católico pasó a los hijos de los conservadores, los democratacristianos. En el fondo, en ambos partidos políticos ha existido una especie de paternalismo respecto a los sindicalistas católicos: por ejemplo, en la campaña presidencial de 1964 las señoras democratacristianas visitaban a las pobladoras pobres, convirtiéndolas en “sus amigas”, protegerlas y enseñarles una forma de enfrentar el diario vivir; algo de este paternalismo se repite en la relación entre “el príncipe” Patricio Walker y su protegido, el sindicalista de Aysén, Iván Fuentes.

En el antiguo Parlamento, de rico té y pésimas leyes según Vicente Huidobro, siempre hubo algún dirigente obrero (Mario Palestro) o mapuche (Vanancio Coñopan) que llegaba a ocupar algún sillón parlamentario, pero este hecho – como  la existencia de “los josefinos” en los conservadores – no cambiaba el carácter plutocrático de las instituciones, por consiguiente, lo que hizo Patricio Walker no fue más que seguir el camino elegido por “los príncipes cristianos” para proteger a los sindicalistas.

Nada más odioso que los Savonarola – de antaño y actuales – que, en nombre de la moral se convierten en jueces de su prójimo, condenando a troche y moche, a Pedro, Juan y Diego. Personalmente, prefiero abstenerme de juzgar, pues la historia demuestra que este tipo de procesos inquisitorios en nombre de la moral terminan, en la mayoría de los casos, hundiendo a la democracia. (Véanse los casos de España, Italia, y en la historia, los múltiples escándalos que sólo han servido a los fascistas, como puede investigarlo lo ocurrido el 4 de febrero de 1934, en París, o  el de Roger Salengro en 1936, en pleno Frente Popular francés).

Pensar que en el Chile plutocrático una persona pobre – así cuente con grandes cuales morales e intelectuales – pueda llegar al Parlamento sin el apoyo de un príncipe o de una máquina feudal – los dirigentes de los partidos políticos – y mucho menos, sin las “donaciones” de las empresas parece imposible alcanzar un cargo de esta naturaleza y, si hace y se mantiene independiente, siempre terminará “cazado” por la maraña plutocrática y empresarial.

La relación entre dinero y política tiene que ser analizada más profundamente que la mera supuesta compra por parte de las empresas a casi la totalidad de la casta política en el poder. En el fondo, como lo he sostenido en varias ocasiones, la representación está en crisis, arrastrando con la democracia electoral y desvirtuando la soberanía popular. En esencia, ante esta situación, hablar de probidad política es casi imposible, pues el divorcio entre la ética y la política, entre las instituciones y la sociedad civil, es total.

El diputado Iván Fuentes fue identificado por la opinión pública como un sindicalista valiente y probo, que demostró capacidad para poner en cuestión al sisma oligárquico centralista: su modo de hablar sencillo y claro y su capacidad para comunicar la cotidianidad dramática de los chilenos de a pie, logró remover y motivar las conciencias, en este Chile centralista, autoritario, oligárquico, que necesita un cambio radical comenzando por la necesidad de implementar un país federal, con una Constitución que emane del propio pueblo y no como la impuesta, que rige actualmente.

Nada más insensato que el creer que  la vida humana se divide entre los buenos y los malos, los santos y los demonios, los puros y los pecadores, es decir, es blanco o negro. El drama de la existencia es mucho más trágico y matizado y, sobre todo, absurdo – parodiando a Albert Camus -.  Cada persona y cada caso entre relación política y dinero no es igual: para algunos, como los de derecha, que las empresas financien a los políticos es algo normal; para otros, es una forma de financiar campañas – recordemos que el acuerdo entre José Miguel Insulza y Pablo Longueira incentivaba a permitir el aporte secreto en las campañas políticas – en que el monto comprometido no es igual, tampoco lo es en la forma en que se utilizó, por consiguiente, no es asimilable el caso Iván Fuentes con el de Jaime Orpis, por ejemplo, no es lo mismo 12 millones de pesos que 300 o más millones, como tampoco es lo mismo para utilizarlo en el Club de yate, que para hacer sobrevivir a su familia y, así, poder desplazarse y dedicarse a la vida política.

Iván Fuentes ha tenido la valentía de reconocer sus errores y mostrar arrepentimiento, pero desafortunadamente, la “igualdad ante la ley” siempre ha sido una utopía. El mismo Robespierre, al referirse a la declaración de los Derechos del Hombre, cuyo artículo 1º dice “los hombres nacen y viven iguales en derechos”, recordaba que en la primera etapa de la revolución francesa existía la esclavitud. Por cierto que la justicia actual no es lo mismo para el pobre que para el rico. El prohombre Valentín Letelier nos recordaba en su libro Los  pobres, que preferirían la justicia de San Luis, rey de Francia, que la que se aplicaba en su época – y sigue teniendo vigencia -.

En el caso que nos ocupa hoy, “el príncipe y el pescador”, el noble protector y su súbdito, mucha más responsabilidad, a mi modo de ver, cae en el primero que en el segundo.