El pasado 18 de julio, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la celebración de un plebiscito como mecanismo de refrendación de la paz acordada entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en la mesa de diálogo de La Habana.

Después de casi ocho horas de debate, la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas a favor de la validación de la consulta consiguió el aval de la mayoría de los miembros del alto tribunal. La presidenta de la Corte, María Victoria Calle, se dirigió al país y a la opinión pública para dejar patente que declaraba “ajustado a la Constitución el título del proyecto (de ley examinado) con la condición de que se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a la cual alude (…) no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano”.

De esta manera, luego del acuerdo final entre las partes, serán los ciudadanos colombianos quienes legitimen o no todo lo consensuado en la capital cubana, previo a la fase de implementación. Posteriormente a la firma del Acuerdo, el presidente Santos deberá informar al Congreso su intención de convocar al plebiscito. Simultáneamente, deberá dar a conocer el contenido final del mismo. A continuación, el Congreso tendrá un mes como máximo para pronunciarse. Si el Senado y la Cámara de Representantes lo rechaza por mayoría de los asistentes, el Presidente podrá convocar al plebiscito.

La votación debe realizarse en un lapso comprendido entre uno y cuatro meses a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. En él, podrán participar también los colombianos residentes en el exterior, a través de los consulados. Para que los acuerdos de paz sean aprobados, los votos por el Sí deben superar el umbral del 13% del censo electoral (una cifra que ronda los 4 millones 300 mil votos) y ganarle al No.

El plebiscito no podrá coincidir con otra elección y en la campaña que se haga a favor de una u otra opción no se puede incorporar contenidos que promuevan a un partido o movimiento político, un grupo significativo de ciudadanos, o que se relacionen con la promoción de candidaturas de elección popular.

La decisión aprobada a través del plebiscito será de obligatorio cumplimiento. Si la votación es favorable, el Presidente está impelido a implementar los Acuerdos de Paz. Si la votación no es favorable, está obligado a no implementarlos. Sin embargo, este resultado es solo vinculante para el Presidente, lo cual significa que otros poderes como el Congreso podrían idear mecanismos para implementar los acuerdos. Así mismo, debe dejarse en claro que, incluso si hubiera una votación mayoritaria a favor del No, esto no significa que el pueblo colombiano refuta la paz, sino que lo que se estaría rechazando es el contenido de los acuerdos, por lo que se vería afectada su implementación.

Es muy importante esclarecer este último aspecto, porque como en toda votación en los marcos del modelo político imperante, intervienen factores que pudieran influir en la decisión de los ciudadanos a partir del desarrollo de campañas infundadas, ficciones impúdicas, fabricación de falsas verdades y construcción de quimeras, solo teniendo grandes recursos financieros que permitan hacerlo. Estas acciones son parte intrínseca de eso que se llama democracia representativa. Aunque suene extraño, sobre todo para aquellos lectores que no son colombianos, millones de ciudadanos votarán en contra, lo cual podría conducir a pensar que se trata de personas masoquistas, deseosos de continuar la guerra de más de 50 años que ha causado alrededor de 220 mil muertos, casi 6 millones de desplazados y 25 mil desaparecidos.

Nada más falso, sólo significaría que mentes criminales que han usufructuado de la guerra y construido pingües fortunas con ella, necesitan de la misma para mantener el “negocio” por lo que estarían dispuestos a invertir lo que sea necesario para revertir el proceso desarrollado en La Habana y el que se adelanta con similares características con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al frente de sus huestes, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez es el líder de las fuerzas que pretenden detener la historia. Ni siquiera Pinochet, se negó a realizar un referéndum que detuviera la guerra que él mismo librara contra el pueblo chileno.

En su locura irracional de confrontación con el gobierno, el ex presidente, hábil en el arte de manipular la palabra señaló que “La palabra paz queda herida por un gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas”. Lo dice el mismo personaje que compró legisladores para cambiar la Constitución, de manera de permitir su reelección. El caso que involucró a la ex parlamentaria Yidis Medina es de público conocimiento en Colombia, por el cual la representante fue juzgada y condenada, significando -según sus mismas palabras- el quiebre de la historia del país. Pero, la inmoralidad de Uribe, el afán de protagonismo y su odio llega a niveles tan inusitados que contradice criterios propios sobre la paz expresados por él en octubre de 2004. Según recuerda la revista Semana de Bogotá en su número 1782, en esa ocasión, siendo presidente, el ahora senador expresó que “Si un acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Entonces, en un acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria”. Esto me recuerda cuando en los juegos infantiles, no se hace lo que desea el niño que es dueño de la pelota y su decisión es llevarse el balón e interrumpir el juego.

En una opinión más reciente, al hacer alusión a la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia, Uribe manifestó que: “Así la Corte lo haya declarado constitucional, eso es ilegítimo y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es ilegítimo”. Durante un programa de radio, el ex presidente consideró que el hecho de “haber bajado el umbral (de participación) del 50 al 13 % es una trampa del Gobierno, pero el Gobierno y el Congreso pueden hacer eso porque infortunadamente la Constitución del 91 no definió el umbral”. Todo lo cual da a entender que el ex presidente cree que si las leyes no se han hecho a su medida, no tienen validez jurídica alguna.

Al sostener su obsesiva y enfermiza opción a favor de perturbar el camino de la paz, el ex mandatario prometió seguir oponiéndose a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC en La Habana y atacó nuevamente los textos aprobados, bajo el argumento de que otorgan una gran “impunidad” a la guerrilla. A su vez, opinó que los acuerdos significaban un peligro en el futuro próximo toda vez que al ser firmados, las zonas de concentración de las FARC serán “enclaves socialistas”, lo que, según él, afectaría a la economía colombiana.

La “mentalidad desordenada” de Uribe se ve reflejada ante las decisiones tomadas por su propio partido, el Centro Democrático, que le llevaron nuevamente a contradecirse ante la avasalladora realidad de la opinión pública nacional e internacional obligándolo a flexibilizar su opinión, pero intentando vender cara su derrota, al intentar imponer condiciones para dar su apoyo al proceso. En una reunión sostenida por esa colectividad, sin aceptar que en términos de la paz, el país va caminando por una ruta distinta a la de él, Uribe manifestó que “Nosotros queremos desde aquí preguntarles al Gobierno y a las FARC si están dispuestos a reabrir capítulos, como el capítulo de la impunidad, el capítulo de la elegibilidad y a tener en cuenta unas observaciones del Centro Democrático”. Sin embargo, el “uribismo”, aún no decide si su rechazo a la paz, -ante la inevitable realización del referéndum- se va a manifestar por votar en contra o abstenerse.