Han pasado 3 décadas desde que Rodrigo Rojas de Negri decidió volver a Chile tras 10 años de exilio en Estados Unidos, con 19 años y ganas de reencontrarse con su país y participar de su vida política a través de su temprana pasión y profesión: la fotografía. Han pasado también 30 años desde que murió, cuatro días después de ser quemado vivo junto a Carmen Gloria Quintana, quien logró sobrevivir, por patrullas militares de uniformados del Regimiento Libertadores, una de ellas comandadas por el oficial Pedro Fernández Dittus, en el barrio Los Nogales de Estación Central. Este ataque perpetrado el 2 de julio de 1986 en el marco de las jornadas de protesta nacional, que tanto interés tenía Rodrigo Rojas de Negri en cubrir e inmortalizar, le costó la vida, pero no el silencio: antes de morir, alcanzó a declarar ante dos jueces que los autores de este brutal crimen habían sido militares.
Recién el año pasado, el ex conscripto Fernando Guzmán rompió el pacto de silencio y entregó información vital que permitió reabrir el caso Quemados y detener a los ex uniformados Julio Castañer, Jorge Astengo, Luis Zúñiga, Sergio Hernández, Francisco Vásquez, Iván Figueroa y Nelson Medina. Además, fue posible volver a procesar a Fernández Dittus y aportar antecedentes a la investigación que involucra a los altos mandos en el encubrimiento de este crimen. Documentos desclasificados en Estados Unidos revelan que Pinochet fue informado por el en ese entonces director de Carabineros, Rodolfo Stange, de que militares habían quemado vivos a dos jóvenes y descubren cómo el Ejercito y mandos civiles de la Moneda urdieron el encubrimiento de lo sucedido, intentando en vano hacer creer al país que los jóvenes se habían prendido fuego a sí mismos debido al porte de elementos explosivos (CIPER). Vergonzosa y criminal fue la respuesta de Pinochet, quien sugirió que Rodrigo Rojas había muerto quemado por llevar un artefacto incendiario en el interior de su chaqueta. Ya a estas alturas, y ante la brutalidad del crimen, ni siquiera EE.UU. fue capaz de apoyar la gestión del dictador, lo que devino en el deterioro de la relación con la administración de Ronald Reagan.
Al intentar seguir la pista de los implicados en este caso, nos encontramos con que Julio Castañer, jefe del operativo que quemó vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. A fines de julio del 2015, Castañer fue desvinculado del Ejército, donde trabajaba a contrata como asesor de operaciones del Estado Mayor de la Quinta División del Ejército en Punta Arenas. Igualmente, la Corte otorgó la libertad al coronel (r) Iván Figueroa, quien al igual que Castañer tuvo que pagar una fianza de $5 millones, según apareció en la prensa. Según declara el ex conscripto Guzmán, fue Castañer quien dio la orden de rociar con bencina a estos dos jóvenes, e incluso los fotografió con la misma cámara que Rodrigo portaba. Fernández Dittus se le otorgó libertad provisional en septiembre del año pasado, considerando su estado procesal, por su anterior condena de 600 días de presidio como autor de cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves.
Es indiscutible que la justicia avanza, pero también es al menos cuestionable que los culpables de crímenes de lesa humanidad obtengan los mismos beneficios que delincuentes comunes. Si son los castigos proporcionales al daño, las llamadas penas ejemplares, aquellos que previenen la reincidencia, no hay que ser demasiado suspicaz para saber qué sucede cuando los culpables de crímenes de lesa humanidad reciben penas bajas y beneficios carcelarios. Más grave aún resulta que hasta el momento de su detención varios seguían activos en la institución militar. Difícilmente la clase militar va a cambiar sus arraigadas costumbres, y qué decir de aquellos civiles de cuello y corbata que fueron cómplices y principales beneficiarios de la dictadura. Aun así, vale la pena seguir buscando verdad y justicia, por los que, como Rodrigo, permanecieron siempre jóvenes en la memoria de sus seres queridos y en la de nuestro país.
