Señor Director:

¿Cuál es el valor de mis palabras cuando no hay quienes estén dispuestos a escucharlas? ¿De qué sirve una comunicación si nadie traduce el mensaje que estoy tratando de transmitir? ¿Cuál es el sentido de esto que escribo en estas líneas si no asumo que podrán leerme? Puedo tener voz, y puedo enunciar palabras, puedo gritar y puedo llorar, y sin embargo, mis lágrimas sólo pueden significar tristeza cuando existe un otro que me escucha y que me abraza diciéndome que pronto va a pasar.

En nuestro país, miles de niños y de niñas lloran y gritan sin que sus lágrimas puedan llegar a significar las tristezas y los dolores que nos intentan transmitir. Sus interpelaciones cotidianas a nuestra escucha son traicionadas de manera sistemática por un ordenamiento social que se ha vuelto indiferente al sufrimiento de la niñez y a sus vulneraciones, y que pareciera resguardar más los intereses institucionales que los de aquellos a quienes precisamente deben servirles.

A días de pasado el “mes de los niños”, en el que abundan las clásicas celebraciones que les homenajean, y en el que globos y serpentinas adornan las vitrinas en su nombre, el Estado de Chile vuelve a traicionarles a sus espaldas retrasando y dilatando la creación de las leyes que comprometen su protección y que debieran garantizar sus derechos, como por ejemplo aquel proyecto de “entrevista única”, que de estar vigente y operativo tendría que asegurar que aquellos niños y niñas víctimizados por agresiones sexuales no sean expuestos a los nefastos efectos de los innumerables interrogatorios a los que deben someterse.

Conceptualmente los daños acarreados por los interrogatorios a los que se exponen a los niños victimizados sexualmente se circunscriben bajo el rótulo de “victimización secundaria”, para enmarcarla como aquella victimización producida específicamente por los actores de las distintas instituciones y agentes del Estado que pueden verse implicados en los procesos de develación, denuncia e investigación de los delitos sexuales que deben perseguirse. Y sin embargo, me pregunto ¿cómo denunciamos una victimización secundaria? ¿a quién? ¿dónde? Entonces, no puedo sino pensar en que esto es otro engaño más, otra ficción política más para encubrir la sordera institucional y del aparataje estatal en su conjunto para traducir el mensaje de sufrimiento de las víctimas.

Innumerables han sido las campañas de asociaciones no gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, que se suman a los proyectos llevados adelante en el ámbito académico y profesional de nuestro país, y que conjuntamente han luchado por la consecución de una ley de entrevistas videograbadas cuando se trata de delitos sexuales contra menores de edad, en virtud del derecho de los niños y de las niñas a ser oídos. No obstante, las voluntades políticas asentadas en una ideología que desprecia el valor de la niñez, pues de otro modo no se explica tal indiferencia, que cuestiona su sufrimiento, y que es sospechosa ante sus denuncias, han preferido seguir postergando una respuesta oportuna y diligente.

El sufrimiento de los niños y de las niñas, así como el enarbolamiento de un cierto discurso por la protección de sus derechos hasta hoy, pareciera que sólo ha sido utilizado como un slogan comercial para la venta de una imagen política. Por allí, alguna vez Jorge Barudy escribió un libro llamado “El dolor invisible de la infancia”, pero en realidad pienso que el dolor nunca es invisible, sino invisibilizado, y esto responde a mecanismos y estrategias específicas de sofocamiento de un Estado y de una sociedad que sienta sus bases sobre una lógica de violencia y que hace del sufrimiento de sus ciudadanos una ganancia política. El mismo Estado que habla de “infancia”, que proviene de infans: mudo, el que no habla, para disfrazar su incapacidad de escuchar, y en definitiva, su propia sordera.