El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo número 13 que la educación superior “debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. En esta dirección, en teoría, camina la reforma a la educación superior, tan anunciada por el gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría. Luego de ser postergada en varias ocasiones, fue ingresada al Congreso recientemente, el 4 de julio de este año.

Una de las reformas más esperadas de este segundo mandato de la actual Presidenta ingresó al Parlamento con más detractores que defensores. Ha sido fuertemente criticada por los movimientos sociales que han luchado por una educación universitaria gratuita y de calidad, por los dirigentes estudiantiles y el resto de los principales actores de la educación superior, incluidos los rectores de universidades públicas y privadas. Ni siquiera contó con la venia del oficialismo.

El proyecto de Reforma a la Educación Superior, tal como aparece en la sección introductoria, manifiesta claramente entre sus lineamientos principales la importancia de buscar permanentemente la equidad e inclusión, vía implantación de la gratuidad; la calidad y, finalmente, la mantención de un vínculo estrecho entre la educación universitaria y las necesidades nacionales y regionales.

¿Cuál es la fórmula económica de la gratuidad universitaria? Durante este y el año que viene se asegura gratuidad para estudiantes del 50% más pobre del país que ingresen a universidades estatales o privadas que no lucren y estén acreditadas por cuatro años o más, para avanzar al 2020 al 60 por ciento de cobertura. Luego, la gratuidad aumenta solo si los ingresos estructurales del país (aquellos que recibe el fisco por recaudación tributaria, de Codelco y Enap), corresponden al menos al 23,5 por ciento del PIB tendencial y si la economía se mantiene en los promedios que se estima. La gratuidad universal, entonces, queda subordinada a variables económicas. Mientras, se mantiene el financiamiento mediante becas y créditos (ver infografía sobre gratuidad universal Educación 2020).

Los dirigentes estudiantiles alegan que esta reforma no cumple lo prometido; que, muy por el contrario, se consolida el actual sistema neoliberal en la educación. Los rectores de las universidades estatales, por medio de una carta publicada en El Mercurio, tampoco tardaron en pronunciarse. Celebran que se establezca el objetivo de cambiar los fundamentos del actual sistema universitario, que se defienda la educación pública y se asuma la incidencia del actual sistema de mercado en la inequidad y la baja calidad. Señalan, sin embargo, que en la implementación del proyecto el Estado sigue siendo un mero proveedor de educación, y que su tarea consiste en regular la oferta y calidad, aumentando incluso el financiamiento a privadas. Asimismo, lamentan la mantención de mecanismos de financiamiento desacreditados por los estudiantes y criticados por diversos sectores, ya que favorecen a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

Con el cuestionamiento de los principales sectores interesados en el cumplimiento de los compromisos programáticos adquiridos por el Gobierno esta reforma hace su entrada, no tan triunfal, al Parlamento. Si bien, tal como han señalado los rectores, tal cumplimiento puede requerir una implementación gradual, “el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada”.

También hay quienes critican los mecanismos diseñados para garantizar que no se lucre. Uno de ellos es el Contralor general de la República, encargado de fiscalizar el gasto público, quien afirma que el proyecto de educación superior “lejos de establecer controles de los recursos públicos, lo que hace es quitarlos”. Respecto de la destinación de fondos públicos a privadas, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señala: “las universidades privadas viven paraísos fiscales dentro del país,  (…) ellos reciben dinero por lo cual no tienen que dar cuenta para nada.”

La Superintendencia de Educación Superior será la garante de que los recursos entregados por el Estado a las instituciones de educación sean íntegramente utilizados para el desarrollo de docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. El proyecto enviado en julio establece como sanción por el desvío de recursos la devolución de dichos capitales y el pago de una multa que asciende al 50% del dinero apropiado. Solo de hacer caso omiso a dicha sanción, se configura el delito de apropiación indebida, con una pena máxima de 5 años de cárcel.

En este contexto, no olvidemos los gravísimos problemas de desregulación y abusos del sistema privado de educación superior. Investigadores de Educación 2020 insisten en que no basta con crear una Superintendencia de Educación Superior o perfeccionar el sistema de acreditación, sino que es preciso un cambio drástico en el marco regulatorio.

A meses de enviado el proyecto, se mantienen los cuestionamientos, a pesar de que la ministra de educación Adriana Delpiano anunciara el ingreso de indicaciones sustitutivas, desconocidas hasta el momento. Es importante mencionar que estas indicaciones solo se pueden presentar una vez que una comisión en el Parlamento apruebe en general el proyecto y entre a una discusión particular. Por ello, se entiende que el Ejecutivo buscará llegar a un trato con los parlamentarios, asegurando las modificaciones necesarias para obtener el voto a favor de legislar (fuente La Tercera).

En medio de la crisis de legitimidad de los políticos, el grueso de la población ya no confía en las decisiones tomadas a puerta cerrada por los parlamentarios. A los que se oponen a este proyecto, debemos sumar a aquellos que desconocen su contenido y que, en realidad, rechazan que cualquier iniciativa importante como esta sea elaborada, modificada y aprobada entre cuatro paredes.

Es sin duda preocupante que esta reforma, tan anunciada y comprometida por el Gobierno de Bachelet, sea rechazada por buena parte de los actores sociales implicados. Alarmante es que se dé a conocer en medio de una serie de sucesos y declaraciones, a lo menos, desafortunados: las denuncias del Cruch por montos impagos en el marco del traspaso de recursos de gratuidad, la destitución de Roxana Pey por falta de lineamiento con planteamientos efectuados por el Gobierno en materia de educación superior, los alegatos de no escucha por parte de los actores sociales afectados por este nuevo diseño, las críticas de las universidades estatales y públicas respecto del financiamiento estatal al mercado privado de la educación y de la no consagración a las instituciones estatales como prioritarias para el sistema, los reproches de las universidades privadas, que aseguran que se les margina del sistema, y de las universidades regionales, que alegan centralismo y falta de estímulos para el fortalecimiento de sus instituciones. Es de esperar que el resguardo de la calidad, el fortalecimiento de la educación pública y la implantación gradual de la gratuidad sean algo más que lineamientos discursivos, partiendo por el reconocimiento de la educación como un derecho y no como un bien de consumo.