En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fue formalizada como persona jurídica la empresa Corpesca.

La acción fue a solicitud del Ministerio Público que indaga el presunto delito de soborno cometido por la controladora del Grupo Angelini, con el financiamiento irregular a parlamentarios mientras se tramitaba la Ley de Pesca aprobada durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

Durante la audiencia compareció el representante legal de la empresa, Arturo Natho Gamboa, acompañado del abogado Waldo Bown. Este último indicó que todos los argumentos de la defensa se plantearán en los tribunales de justicia.

“Hoy se nos ha comunicado que se sigue una investigación en contra de Corpesca, porque supuestamente según la Fiscalía, la empresa incumplió con sus deberes de supervisión y dirección en la prevención de los delitos de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Al respecto, esta defensa rechaza categóricamente las imputaciones. La empresa contaba al momento de la comisión de los delitos que se le atribuyen al ex gerente, con un modelo de prevención idóneo, íntegro, que cumplía con los requisitos de la ley”, dijo.

El fiscal a cargo de la causa, Julio Contardo, junto a la persecutora Ximena Chong, explicó que la legislación actual busca “impedir la desviación de capitales de empresas al financiamiento de políticos en la materia legislativa”.

“Estaba en el plano de las peticiones del Ministerio Público el formalizar a la empresa Corpesca S.A. por su responsabilidad en estos ilícitos que en la base tienen el delito de soborno. Por el momento, no hemos determinado la total responsabilidad en cuanto a las circunstancias concurrentes. Las sanciones de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas van desde la multa hasta la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios o la imposibilidad de celebrar por ejemplo, contratos con el Estado”, indicó.

El abogado querellante del caso Corpesca, Matías Ramírez, comentó que con la causa judicial se logra acreditar que no solamente Francisco Mujica tiene responsabilidad penal, sino también la empresa al haber participado en el pago de sobornos reiterados. “Creemos que es un antecedente relevante, particularmente desde el punto de vista político. Esto acredita una vez más que en la génesis de este proyecto de ley, hubo actos de corrupción y, por ende, se hace necesaria la nulidad de este cuerpo normativo para discutir uno nuevo donde se representen tanto los intereses del Estado como los de la pesca artesanal”, señaló.

Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez celebró que se persiga el delito corporativo: “Creo que este es un avance significativo en lo que lleva consigo este proceso y que, sin duda, podrá aplicarse el día de mañana a otras empresas que también han corrompido a políticos. Me refiero precisamente a SQM y eventualmente a otras empresas que aparezcan en esta misma investigación”, recalcó.

Desde la Fiscalía aseguraron que Corpesca destinó 231 millones de pesos a los parlamentarios involucrados en la tramitación de la Ley de Pesca, tomando en cuenta el periodo desde la promulgación de la ley que determina la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

En cuanto al curso de la investigación, la remoción del fiscal regional, Emiliano Arias y las diligencias de indagación a las empresas pesqueras del Biobío, el fiscal regional Contardo afirmó que se ha dado continuidad a los trámites con la incorporación de nuevos persecutores.

No obstante, el abogado querellante Matías Ramírez  expuso su preocupación por cómo se desarrollarán las demás aristas de la investigación de la Ley de Pesca, particularmente, con la participación de la Asociación de Industrias Pesqueras (Asipes) en la Región del Biobío y las industrias pesqueras de la zona austral (Fipes).

Cabe recordar que por esta causa ya fue formalizado el desaforado senador Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isassi por el delito de cohecho y el ex gerente de la firma, Francisco Mujica.