El derecho a la salud, tal como lo consiga la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere a un estado integral de bienestar físico, mental y social. Desde su constitución, en 1948, la OMS afirma que  “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” Este derecho incluye el acceso a servicios de atención de salud de calidad de manera oportuna, aceptable y asequible. Igualmente, se explicita que los sistemas de protección de la salud deben ofrecer a todas las personas las mismas oportunidades de acceso a bienes y servicios. Dicho concepto de accesibilidad comprende cuatro dimensiones que interesa señalar: no discriminación, accesibilidad física, económica e informativa. Por último, no olvidemos que el derecho a la salud se vincula a toda una serie de otros derechos, como lo es vivir en un ambiente libre de contaminación, el acceso al agua y a una remuneración y eventual pensión digna.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Constitución vigente protege de manera débil el derecho a la salud. Esto significa, en términos prácticos, que el Estado asegura a las personas la libertad de inscribirse en el sistema privado de salud o en el estatal y el cumplimiento de lo fijado en los contratos de cada sistema.

Sabemos que hasta el día de hoy perdura el modelo que impulsó la atención médica privada en 1980, en plena dictadura; mediante la creación de Instituciones de Salud Previsional, conocidas como ISAPRES. Este sistema coexiste con el público, a cargo de Fondo Nacional de Salud (FONASA). Las ISAPRES funcionan como intermediarios financieros para la atención de salud, ofreciendo una variada gama de planes, en los que el monto a pagar varía según los beneficios del programa y el sexo y la edad del afiliado, entre otras condiciones.

Bien conocemos lo desprestigiado que se encuentra este sistema entre la ciudadanía, por sus restricciones de acceso, como en el caso de las preexistencias; sus altos costos, las excesivas ganancias corporativas y el alza unilateral de los programas, por mencionar algunos puntos. Respecto de esto último, esta práctica ha sido ampliamente denunciada vía recursos de protección, con fallos favorables de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones.

¿Contempla el Gobierno próximas reformas? La misma ministra de Salud, señalan fuentes informativas, admitió que es casi imposible que se concrete la ley que genera cambios en el sistema privado de salud, pese a haber sido una de las prioridades anunciadas por Michelle Bachelet y pese a contar con un proyecto redactado hace meses, el que comprendería la resolución de la creciente judicialización debido al alza de los planes y la modernización de FONASA.

Aunque la comparación parezca grotesca, tal como la empresa Agrusúper (sí, la misma de Freirina) tiene distintas marcas y productos orientados a distintos estratos socioeconómicos, las empresas privadas de la salud en Chile también funcionan en base al diseño de “productos” diferentes para cada bolsillo, excluyendo por supuesto a una buena parte de la población que no tiene los medios para pagar los servicios que se ofertan; convirtiéndose esta en una salud estratificada, en la que la calidad de atención depende en buena medida de la cantidad de dinero que se puede pagar.

Observemos un caso particular. Banmédica es un gran grupo de empresas que se dedica al negocio de la salud, la “Compañía de Salud más completa del país y una de las más relevantes en Latinoamérica”, tal como aparece en su página web. Esta transnacional controla un porcentaje del mercado de la salud, a través de sus ISAPRES, seguros, laboratorios y clínicas. Grandes “prestadores de la salud”; así se denominan ellos. En fin, si usted contrata un plan en Banmédica y se atiende en la Clínica Dávila, Santa María o Vespucio, toda su inversión va al mismo holding. Y esto es solo un pelo de la cola, pues la colusión y corrupción entre laboratorios, farmacias y políticos es, sin duda, innegable.

Quizá, y pensando en los derechos humanos, el problema de fondo reside en si nuestra construcción de sociedad se basa en la solidaridad y mutua cooperación o en el progreso individual. En este último caso, parece coherente optar por un sistema de seguridad social privado basado en el aporte personal, donde cada uno se salva el pellejo a sí mismo. Tal como escribió hace muchos años, en 1979, Alejandro Goic, médico y profesor Emérito de la Universidad de Chile: “Lo que está en juego es si la Medicina va a ser considerada como una mercancía, o como una necesidad de la población. En último término las alternativas en salud son: o una medicina predominantemente social o una medicina predominantemente individual, la primera es claramente redistributiva del ingreso y, la segunda, claramente concentradora del ingreso” [1].