La Cámara de Diputados aprobó hace pocos días una reforma al Código de Aguas impuesto en dictadura consagrando al agua como un bien público. A pesar de la buena señal, son varios los sectores que señalan que la reforma se queda corta, debido a que el 90% de los derechos de uso del agua –que ya han sido asignados– se mantienen bajo la figura de la propiedad privada.