Sí. En Chile se violan los derechos humanos, como acurre en muchos otros países que suscriben y ratifican diversos pactos, declaraciones, convenciones; Estados que afirman y se comprometen a ser garantes del efectivo respeto de los derechos humanos, en toda su totalidad e integridad.

Sí. En Chile existen organizaciones de diversa índole que se vierten a la tarea de proteger y defender, de promover y pensar los derechos humanos. Hemos destacado ya la participación de diversas ONG’ s que, con escasos recursos, trabajan arduamente en la defensa y promoción de los derechos de aquellos grupos vulnerados, como niños y niñas, migrantes, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. Organizaciones que promueven y defienden derechos fundamentales: a la salud, a la educación, a vivir en un ambiente libre de contaminación, a libre determinación y la no discriminación, a la libertad de expresión, al respeto de la identidad de género y diversidad sexual, a condiciones laborales justas, a una vivienda digna, al agua, a la preservación y reconstrucción de la memoria.

Estas palabras tienen por objeto poner en valor el trabajo realizado por aquellos expertos provenientes de diversas áreas del conocimiento que investigan el estado actual del ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, generando rigurosos documentos que cumplen su función de informar a la ciudadanía; instando al Estado a transformar sus prácticas, mediante propuestas concretas y tangibles.

En particular, cabe destacar la realización de dos informes anuales, que se han instalado como verdaderos referentes en la materia: el Informe Situación de los Derechos Humanos en Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, de la Universidad Diego Portales.

El INDH es una corporación autónoma de derecho público creada por el Estado y dedicada a “promover y proteger los derechos humanos de todos las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Si bien se financia con fondos públicos, es independiente de los poderes del Estado. Su misión es “cautelar y promover la plena vigencia de los derechos humanos en Chile”. La promoción de una cultura de derechos humanos se manifiesta en sus estudios y recomendaciones, caracterizados por su rigor y veracidad. Una de sus funciones es la elaboración del Informe Situación de los Derechos Humanos en Chile, donde, además de informar, formula indicaciones para su protección y respeto.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se ha concentrado en visibilizar las vulneraciones a los derechos fundamentales, mediante investigaciones que, en parte, se cristalizan en informes anuales. El hacer palmarias a la ciudadanía las violaciones a los derechos humanos potencia el rol activo de comunidad legal, académica y de la sociedad civil en el monitoreo de las conductas del Estado, con una mirada propositiva y no meramente vigilante.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile se dirige a toda la comunidad, no es exclusivamente académico. Su propósito, tal como queda señalado en su página, es informar y analizar en profundidad, desde un enfoque de DDHH, aspectos conflictivos o velados de nuestra vida social, que son especialmente graves por su condición estructural o por no haber sido descubiertos con anterioridad. Su carácter propositivo busca contribuir a cambiar la situación de ausencia de protección de los derechos fundamentales, mediante recomendaciones.

El Centro de Derechos Humanos no solo promueve el estudio en la materia, sino que también juega un rol activo en los litigios, mediante la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos y la Clínica de Migrantes y Refugiados, que litiga diversos casos frente a tribunales nacionales e internacionales.

La XIV versión del Informe, publicada recientemente, contiene 10 capítulos, cada uno con sus respectivas recomendaciones al Estado. Entre los temas abordados, el Centro de DDHH de la UDP pone en la palestra el derecho a la vivienda, el que, según el mismo Centro, debiera ser reconocido constitucionalmente, al igual que la necesidad de regular el mercado de suelos. El Informe revela el aumento de los campamentos entre 2011 y 2016. Las 38.770 familias, cerca de 11 mil más que en 2011 (según cifras de TECHO-Chile), habitan en 660 campamentos, concentrados mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Estas personas viven sin acceso a servicios básicos y a condiciones mínimas de sanidad. Esto no solo constituye una violación al derecho a una vivienda digna, sino también al “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, ambos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales .

En materia de infancia, el Centro viene siguiendo el tema hace años. En el Informe 2016, reitera al Estado la necesidad de reformar la institucionalidad,  señalando que existe una deuda sin saldar, pues  “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado”.  Si bien se destacan los proyectos que crean el Sistema de Garantías de la Niñez y que modifican el Ministerio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez, se asevera que estos no se ajustan cabalmente a los acuerdos establecidos en el derecho internacional. En lo que al Sistema de Garantías de la Niñez respecta, preocupa que se subordine el grado y amplitud de protección de los derechos a las condiciones presupuestarias del Estado; además de la incertidumbre acerca del contenido de la Ley, luego de las casi 500 indicaciones realizadas por la Comisión de Familia. En relación a la Subsecretaría de la Niñez, se valora la creación de un organismo de esta naturaleza y se insta a acelerar su tramitación.

Otra temática relevante, a la luz de la coyuntura, es el apartado “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, donde se analiza la situación laboral de dicho sector, en materia de derecho a huelga, negociación colectiva y sindicalización. En lo que a ello respecta, se exhorta al Estado a que estos derechos sean consagrados en la Constitución, tanto para públicos como para privados.

También destacamos en esta ocasión el apartado dedicado a la nueva institucionalidad de DDHH en Chile. Allí se reconoce la creación de esta nueva institucionalidad, recomendando “la pronta implementación de esos organismos y una respuesta clara en cuanto a la relación que establecerán con la ciudadanía”. Ciudadanía que, dicho sea de paso, ha sido la responsable de los avances más cruciales en la materia.

El resto de las temáticas abordadas este año refieren a: obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos, sistema escolar y pueblos indígenas, garantías contra la expulsión para migrantes, derechos de las personas intersex y práctica de esterilización en niñas y mujeres con y sin discapacidad psíquica o intelectual, además del tradicional capítulo que inaugura el Informe y que es producto del trabajo constante del Observatorio de Justicia Transicional, destinado a analizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

Tenemos a disposición estudios consistentes y constructivos en materia de derechos humanos. Tenemos instrumentos internacionales que se han ido perfeccionando, ampliando y complejizando, al comprender los nuevos desafíos que nuestra sociedad contemporánea o posmoderna nos impone. Pero el campo de acción de la palabra puede ser tan vasto como estrecho. Y puede que a los pocos que concentran el poder les convenga hacer oídos sordos y ojos ciegos. Entonces, ¿cuál es el impacto en las políticas públicas de tan contundentes estudios?