Algunos ex ministros, empresarios y políticos, egresados del Instituto Nacional (IN), han manifestado su preocupación por la baja sostenida de los puntajes en la PSU de los alumnos del IN. La situación la atribuyen a las huelgas de los estudiantes, e incluso a la disminución progresiva de la selección de sus alumnos (curiosamente este factor aún no ha influido en los puntajes de la PSU). Todos ellos coinciden en tomar urgentes medidas que reviertan la tendencia observada en este “emblemático” liceo masculino metropolitano, “cuna” de presidentes de la república.

A estas alturas, ya no resulta extraño que estos personajes se conforman con “rescatar” al IN pero ignoran olímpicamente su propia responsabilidad en la creación y mantención de un sistema político-económico y educacional que ha producido un deterioro progresivo  de  las escuelas y liceos estatales. Por el contrario, a la gran mayoría de los egresados de los liceos fiscales nos preocupa e interesa la recuperación de la educación pública en general, incluyendo, por supuesto, a los liceos “emblemáticos” (masculinos, femeninos y mixtos) de todo el país.

En lo personal, que no soy ni ex ministro, ni empresario, ni político, provengo de un liceo fiscal mixto ubicado en un sector popular, que no ha educado a ningún presidente de Chile, pero que si ha producido hombres y mujeres que se han desempeñado satisfactoriamente en diversos ámbitos laborales (administrativos, comerciales, técnicos, profesionales, docentes, académicos) con la impronta valórica republicana y de espíritu de servicio público que caracterizaba a los egresados de los liceos fiscales.

Es imperativo volver a darle urgencia a los proyectos inexplicablemente postergados destinados a fortalecer y recuperar la educación estatal. Resulta preocupante por ejemplo que aún no se gestione la desmunicipalización como primer mecanismo que permita centralizar e igualar la preocupación estatal por la educación. La actual situación, salvo contadísimas excepciones, perpetúa y aumenta la segregación educacional con un Estado espectador y subsidiario.

Preferiría ver a las autoridades educacionales  preocuparse mucho más en apurar la tramitación y el perfeccionamiento de los proyectos legislativos en lugar de sumarse a las opiniones “explicativas” anuales de la brecha de los puntajes de la “prueba de segregación universitaria”. En el intertanto, algunas comunidades escolares se han visto obligadas a diseñar sus propios proyectos de mejoramiento en contextos de dependencia municipal, de escasez de recursos y de nuevos escenarios de integración de estudiantes nacionales y extranjeros de familias vulnerables.

Y en relación con la brecha educacional y sus consecuencias en la composición socio-económica de los estudiantes universitarios, y la continuación de la segregación en la educación superior, es hora que se perfeccionen y amplíen  significativamente los mecanismos que permitan asegurar que, al menos las universidades estatales, seleccionen equilibradamente estudiantes de todos los sectores sociales. Las satisfactorias experiencias de cupos especiales que garantizan en parte la diversidad (social, de género, de etnia, de talentos especiales, etc) constituyen un buen punto de partida y han demostrado que las aptitudes y capacidades están distribuidas en todos los estratos socio-económicos.