Desde un comienzo de la huelga de los trabajadores de Minera Escondida, y aún antes, ya contaba con el rechazo de los grandes medios de comunicación e incluso del gobierno, sosteniendo que afectaría en 1% el Imacec y el crecimiento económico en general. Todos, tanto los medios de comunicación, como el gobierno y los gremios mineros, dejaban sibilinamente entender que la culpa de la huelga y sus consecuencias la tenían los trabajadores de La Escondida, con sus reivindicaciones desmedidas para el estado actual de la minería del cobre y de la economía del país.

Esta estrategia es tan descarada, que según lo han reportado diversos medios, Minera Escondida habría declarado “fuerza mayor” en sus envíos, una cláusula contractual utilizada cuando los proveedores no pueden cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias fuera de su control. Es bien evidente que en este caso la fuerza mayor no existe, porque la huelga no es una circunstancia fuera del control de la empresa, por el contrario, la huelga es una acción deliberada de BHP Billiton y el Consejo Minero, contra los trabajadores de Escondida y contra los trabajadores de la minería en general, que se viene preparando desde hace meses, cuando Nelson Pizarro lanzó su descarado “no hay un puto peso”.

Es una acción mancomunada con el Consejo Minero, para advertirles a todos los trabajadores de la minería del cobre en particular (incluido Codelco) y de la minería en general, que tienen que medirse en sus reivindicaciones, debido a la crisis de la minería, la caída del precio del cobre, que China, que Trump, etc. Llegó la hora dicen las transnacionales mineras, que los trabajadores del cobre se aprieten el cinturón. Siendo Minera Escondida la minera de lejos más importante, quebrar esta huelga, viene a ser primordial para lo que se viene en Codelco y el resto de las mineras. Si los trabajadores de Escondida son derrotados, la minera de lejos más importante, más fácil será derrotar a los trabajadores de mineras más pequeñas, y sobre todo para frenar a los sindicatos de contratistas de toda la minería.

En los hechos, el Sindicato N° 1 de Minera Escondida y los trabajadores de esta empresa, están luchando no solo por sus propias reivindicaciones, sino que por todos los trabajadores de la minería, y por todos los trabajadores del país en general.

Hasta el año 2004, el único beneficio real que ha tenido Chile con la minería extranjera, ha sido que efectivamente los trabajadores de la minería tenían y siguen teniendo remuneraciones y beneficios un poco superiores al resto de los trabajadores del país, era el único beneficio porque hasta el año 2004, las mineras extranjeras no pagaron impuesto a la renta en Chile, salvo precisamente Minera Escondida. Pero el resto de las mineras no pagó un solo peso de impuesto, y además, tenían pérdidas tributarias acumuladas tan importantes, que anulaban completamente los pocos impuestos que había pagado Escondida.

Esto quiere decir que hasta el año 2004, el Estado chileno no recibió un solo peso de la minería extranjera, que hasta ese momento había sacado de Chile alrededor de 30 millones de toneladas de cobre, lo que equivale a 170 mil millones de dólares, sin considerar el molibdeno, el oro, la plata, etc. ¿Por qué no pagaron impuestos? Porque gracias a la evasión tributaria, es decir al fraude, siempre declaraban pérdidas. La “ineficiente” Codelco siempre declaró cuantiosas ganancias, pero las mineras privadas “mucho más eficientes”, siempre declaraban deliberadamente pérdidas para no pagar impuestos.

No ha existido en la historia de Chile, nada más nefasto que la inversión extranjera en la minería, que ingresó al país fundamentalmente a partir de 1990. Ha sido un verdadero saqueo de nuestros recursos. Solo la corrupción puede explicar que los gobiernos que hemos tenido, no solo hayan permitido el saqueo, sino que hayan legislado expresamente para permitirlo. Lo de SQM es solo la punta del iceberg de esta corrupción.

A partir del año 2006 y 2007, la casi totalidad de las mineras extranjeras comenzó a declarar utilidades y a pagar impuesto a la renta y royalty, pero nuevamente el 2015, cinco de las diez mayores mineras volvieron a declarar pérdidas y no pagar impuesto a la renta. El año 2016, casi la totalidad vuelve a declarar pérdidas, y según Sonami, el conjunto de mineras privadas habrían pagado solo 18 millones de dólares en impuesto a la renta por el año 2016. Es un despojo inaudito e increíble de la principal riqueza chilena.

Lo único que quedaba de beneficio para Chile eran las buenas remuneraciones que perciben los trabajadores de la minería, en relación al resto de los trabajadores chilenos. Con este único beneficio para Chile, quieren terminar ahora BHP Billiton, el Consejo Minero y Codelco con su puto peso. Ese es el objetivo de la huelga creada artificialmente por Minera Escondida, sin embargo, la propia empresa, los medios y el gobierno culpan de la huelga a los trabajadores. Si doblegan a los trabajadores de Escondida, más fácil será derrotar al resto de los trabajadores de la minería, ese es el objetivo.

Los trabajadores de Minera Escondida resisten y esa lucha la están dando por todos los trabajadores de Chile, porque si los trabajadores de Escondida pierden, nada bueno se puede esperar después con las reivindicaciones en las  miles de pequeñas y medianas empresas del comercio, la industria, los servicios y la minería.

Pero el saqueo en la minería, tiene una connotación especial en el caso de Minera Escondida, puesto que no solo nos roban con la evasión tributaria, sino que también se apropiaron ilegítimamente de este yacimiento. A ese aspecto especial me referiré ahora.

La historia oficial dice que el yacimiento La Escondida fue descubierto por el geólogo David Lowell a fines de 1976, por encargo de Utah Corporation de EEUU, que más tarde se asociarían para formar el Proyecto Atacama. La realidad es muy diferente. Según apuntes personales de Radomiro Tomic, el yacimiento fue descubierto por el geólogo de Anaconda Enzo Ranzetti, que trabajó para esta empresa, desde 1960 hasta su nacionalización en 1971. Anaconda manifestó La Esondida en 1961, se mensuraron las pertenencias y se pagaron las patentes mineras hasta 1971.

Con la nacionalización todos los derechos mineros fueron inscritos a nombre del Estado por el solo mérito de la ley de la nacionalización. La Corporación del Cobre, llamada Codelco en ese tiempo, era el ente del Estado que tenía la propiedad de las 5 empresas nacionalizadas. Las patentes mineras del yacimiento Escondida fueron pagadas por Codelco, solamente hasta mediado del año 1975. El no pago de las patentes de amparo, significaba que dichas pertenencias quedaban francas o sin dueño, para que las escogidas personas que conocían de estas circunstancias, las volvieran a manifestar y pagar las patentes de estas pertenencias. Todo esto se realizó en el más absoluto secreto y entre gallos y medianoche. Para comprender lo absurdo de este robo, hay que ubicarse en el contexto histórico de la época.

El golpe de Estado

Para nadie es una novedad que una de las principales causas del golpe de Estado, fue la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, y en consecuencia, tanto las empresas estadounidenses nacionalizadas, así como los chicago boys que hacían parte del gobierno militar, aspiraban a que las empresas nacionalizadas volvieran a sus antiguos dueños, y por ello desde 1974 comenzaron a implementar un proyecto privatizador. El primer paso en ese objetivo fue la promulgación, en diciembre de 1974, del DL 600 para facilitar la inversión extranjera.

El proyecto privatizador fue discutido 15.07.1975, por la Junta Militar, en sesión secreta, acta 214-A, sesión a la cual asistieron los ministros de hacienda, Sergio Cauas, el ministro de coordinación económica y desarrollo, Raúl Sáez, el ministro de economía Sergio de Castro, varios asesores de la Junta y directivos de Codelco. Quien inició la sesión fue el vicepresidente adjunto de Codelco, Fernando Leniz, quien hasta semanas antes había sido Ministro de Hacienda.

Con gran entusiasmo el Sr. Leniz explicó como las empresas nacionalizadas serían convertidas en sociedades anónimas bajo el control del Instituto Nacional del Cobre. Para dorar la píldora, una parte de las acciones se venderían a los propios trabajadores de estas empresas, sin embargo, a la vez, el proyecto contemplaba el despido de varios miles de trabajadores e incluso profesionales de estas empresas. Se propendería a la creación de un sector de gran minería privada, incentivando la inversión extranjera gracias al DL 600.

Enseguida se expresó el Sr. Raúl Sáez, yendo en el mismo sentido privatizador con pequeñas diferencias técnicas. La Sra. Laura Novoa, fiscal de Codelco también era una ardiente partidaria de privatizar, así como el Sr. Sergio Cauas. Al terminar su exposición el Sr. Cuas, habló el Almirante Merino, y esto es lo que dijo.

En el texto del proyecto en debate se permite la venta de acciones a particulares, con lo cual de hecho, estaríamos rompiendo lo que es el texto de la Constitución y, más que nada, la imagen que está latente en Chile, desde cuando fue aprobada por el Congreso Pleno la nacionalización de la gran minería del cobre. Y que el cobre es el sueldo de Chile es una realidad que no podemos desconocer. Sin embargo, aquí, por una simple ley, nosotros estaríamos derogando lo que las Cámaras aprobaron y que el país vivió como un verdadero triunfo. A mi juicio, políticamente eso es malo. Tal como lo entiendo, en este momento, con el proyecto en debate, se da la opción para lo que es nacional pase a ser privado.” Más adelante el Almirante Merino dijo en la misma sesión:  “Nosotros mantenemos la situación actual. Y si en el futuro es necesario, para aumentar la producción, etc., aportar capital que el Estado no tiene y es necesario privatizar o vender a terceros, se hace, pero no lo hacemos nosotros.”

Todo quedó muy claro. En el futuro se podrá hacer la privatización, pero no lo hará la Junta Militar. Posteriormente también se expresó el General Leigh, en el sentido que se oponía a cualquier cambio en la Constitución que permitiera la privatización de las empresas nacionalizadas.

Pero, todos los civiles, tanto autoridades como asesores, que participaron en estas sesiones, cuan más cuan menos, eran favorable a la privatización, con la única excepción de la asesora legal de la Presidencia de la República, doña Mónica Madariaga, que se oponía a cualquier cambio en la Constitución para permitir la privatización. Una cosa era clara, los civiles del gobierno militar eran fervientes partidarios de la privatización, y eran mayoría en el gobierno.

En la sesión 216-A, celebrada 5 días después, el 22.07.1975, (todas estas actas se pueden bajar de internet) el tono de los partidarios de la privatización había cambiado en forma importante, y cuando se dieron cuenta que la Junta Militar no aceptaría privatizar las empresas nacionalizadas, entonces propusieron que por lo menos los yacimientos nacionalizados pero no explotados, como El Abra, se abrieran a la inversión extranjera. La Junta tampoco lo aceptó. El Abra fue privatizada solo en 1994 por la Concertación y la derecha unidas.

En la sesión 217-A, efectuada el 24.07.1975, fue el General Pinochet quien llevó la voz cantante contra la privatización. El resultado ya lo conocemos: El 3.09.1975 se promulgó el DL 1.167, que se titulaba “Consolida la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre”, que prohibió constitucionalmente la venta de los yacimientos mineros nacionalizados que estaban en explotación, disposición que quedó vigente en la Constitución de 1980. Enseguida, el 30.01.1976, se promulgó el DL 1350 que integró las 5 empresas nacionalizadas en la Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO-CHILE. Posteriormente, se dictó el DL 1.530, que destinó el 10% de las ventas de Codelco a la compra del armamento de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, ya nunca más nadie intentó hablar de privatizar Codelco, hasta 1994, cuando se conoció el “affaire” Dávila.

Pero como ya dijimos, la casi totalidad de los civiles que participaron en estas sesiones eran partidarios de la privatización, y eran absoluta mayoría en el gobierno militar, y por ello, al enterarse que no se permitiría privatizar siquiera los yacimientos nacionalizados pero sin explotar, en el caso de Escondida, se procedió de manera diferente, En el más completo secreto se dejaron de pagar las patentes mineras del yacimiento La Escondida, para que empresas extranjeras se apoderan de él. Seguramente esto se hizo con el desconocimiento de los miembros de la Junta Militar.

El hecho es que entre 1975 y 1976, el más importante yacimiento de cobre de Chile y del mundo, La Escondida, que era del Estado, entre gallos y medianoche pasó a manos extranjeras, así como en 1979, también entre gallos y medianoche, el yacimiento Los Pelambres, que era de Enami, pasó a manos de Anaconda, precisamente la empresa estadounidense, que hasta 1971 era la propietaria de La Escondida. Estos robos parecen un guion de película.

Esta información ha sido necesaria, para darse cuenta de cuáles son las fuerzas que quieren derrotar hoy a los valerosos trabajadores de La Escondida, que deberían tener el apoyo de todos  los patriotas que aún quedan en este país.