Desde siempre, salvo escasísimas excepciones, la ciudadanía no tenía opinión sobre las políticas públicas en el ámbito de las reglas del juego de la ciudad y por ello, aprovechando esa ausencia de contraparte, los actores privados que se desenvuelven en este sector de la economía hacían lo que querían, más encima si su principal asociación gremial empresarial, Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), influía desmedidamente en las decisiones que adoptaba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), servicio público que tiene la potestad para fijar y modificar a su libre antojo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) cuerpo normativo que es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), estatuto creado en el año 1976, plena dictadura cívico-militar.
Pero las cosas han cambiado para mejor y podemos aseverar que desde hace unos 10 años la ciudadanía se ha organizado en debida forma en respuesta a la prepotencia de las constructoras e inmobiliarias que, en muchas ocasiones coludidas con los directores de obras municipales, obtienen permisos de edificación vulnerando las disposiciones contenidas ya sea en la LGUC, OGUC y en las ordenanzas de los Planes Reguladores Comunales (PRC). El orden de las jerarquías de esos instrumentos es 1º LGUC, 2º OGUC y 3º PRC, el cual en materias urbanas de fondo se ciñe a los Planes Reguladores Intercomunales, teniéndose en cuenta que no todas las 15 regiones existentes en nuestro país disponen de estos últimos.
Para proteger a la influyente industria inmobiliaria, el Minvu ha llegado al obsceno exceso de establecer disposiciones en la OGUC que vulneran abiertamente los PRC, es decir, en sus resoluciones normativas ese ministerio actúa con un exacerbado centralismo, a pesar de que la desprestigiada casta política dice apoyar la descentralización en las decisiones. Todos los gobiernos han sido cooptados por el gremio de la construcción y el que más se caracterizó por esa sumisión fue el de Piñera y sobre ello, en diversas columnas publicadas en medios digitales, hemos dado cuenta de esa característica, posiblemente porque el propio Piñera, con sus amiguis, es un versátil y ávido inmobiliario.
El ejemplo más reciente de captura del Estado por parte de privados lo observamos con la puesta en marcha de la ley Nº 20.967 referida al cobro por el uso de los estacionamientos en los denominados equipamientos comerciales, vale decir, malls, supermercados, clínicas, hospitales y todas las edificaciones que, por imperativo de la legislación de Urbanismo y Construcciones, deben contar con ciertas cantidades de esos espacios conforme a los m2 útiles de los mencionados equipamientos para apoyar la actividad principal de los mismos que es vender y atender a sus clientes y pacientes. Esta grosera ley la hemos objetado públicamente, pues con tal de favorecer a las poderosas sociedades dueñas de esas edificaciones, las mismas que financian a los “servidores públicos” que están en el Congreso Nacional, no se contempló la gratuidad básica fijada en el proyecto de ley.
Como un hecho anecdótico y hasta risible dejamos en claro que mientras se mantenía la polémica por las tarifas de los estacionamientos, recibimos un llamado telefónico del canal de televisión Megavisión solicitándonos una entrevista, la que se produjo el mismo día en nuestra casa-habitación. Se hicieron presente 2 periodistas, uno con una cámara que filmaba mis declaraciones que obedecían a las preguntas de su colega que estaba con un micrófono. Dije lo que he expresado en este medio y en otros, en orden a que esa ley es objetivamente turbia. Dado que los dueños de ese canal son los controladores de Falabella, empresa del retail que tiene unas cuantas docenas de malls y supermercados en el país, el editor de ese canal sabiamente, para preservar su pega, optó por censurar mis expresiones.
Después de esta necesaria introducción pasamos a comentar un sensacionalista y curioso reportaje, que más parecía una inserción pagada, publicado el martes 28 de febrero pasado en El Mercurio de Valparaíso, en donde Marcelo Pardo, mediático presidente regional de la CCHC, las emprende descaradamente en contra de las agrupaciones ciudadanas que han tenido que objetar, como era forzoso, ante las instituciones públicas un sinnúmero de proyectos inmobiliarios ilegales en toda la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Viña del Mar. Para impresionar a los lectores de ese medio de expresión, el entrevistado llegó a decir que, por la intranquilidad que existe entre las empresas del rubro, ya se han paralizado las futuras inversiones en esa zona.
Dicho personaje acusa en ese medio de prensa a las organizaciones de la sociedad civil de ser “fundamentalistas”, aprovechando al pasar de criticar a la Administración Pública porteña de irrespetar la supuesta “certeza jurídica” que tendrían los permisos de edificación cursados por las municipalidades. El sabe mejor que nadie que muchos de sus colegas, no todos, valiéndose de simple resquicios legales, mejor dicho de “burdas interpretaciones”, han vulnerado las reglas vigentes, obteniendo privilegios que les han permitido obtener abultadas mayores ganancias en sus proyectos y de paso, ejerciendo una competencia desleal con las empresas que sí se enmarcan en las disposiciones normativas.
Recordamos que hace unos 8 meses atrás, su propia asociación empresarial nos solicitó un documento técnico elaborado por los profesionales viñamarinos de la Fundación Defendamos la Ciudad, mediante el cual se describían los engaños para sobrepasar la ley, con lo cual se concluye que el único propósito de esa crónica divulgada por El Mercurio porteño es un simple lloriqueo para ablandar a la Contraloría General de la República, al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y a los tribunales de justicia.
El líder de la CCHC denuncia que “los grupos ciudadanos presionan a las autoridades de manera ilegítima para que tomen decisiones a su conveniencia, amparados en la poca capacidad de maniobra que les deja el impacto público y el costo político de esas decisiones”.(sic). Es decir, ese poder fáctico de excelencia llega a exteriorizar con liviandad que la ciudadanía organizada tiene que callar ante los actos de corrupción que están a la vista y paciencia de todos, pretensión empresarial que a esta altura del partido ya no es posible y por ello desde esta tribuna le decimos a ese dirigente gremial que la solución para que sigan construyendo pasa por el irrestricto apego a la ley por parte de sus asociados.
El mismo día de esa publicación le solicitamos formalmente al periodista autor del afrentoso reportaje que nos entrevistara, en base a los artículos 16 y siguientes de la Ley Nº 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo para, ejerciendo nuestro derecho a réplica, contestarle fundadamente al entrevistado. No hubo respuesta y no insistimos.
En todo caso dejamos de manifiesto que el sábado 4 de marzo de 2017 le propusimos por correo electrónico al director de El Mercurio de Valparaíso que en sus elegantes y tradicionales aposentos se lleve a cabo un debate público sobre esta sensible materia, entre los personeros más capacitados de la CCHC y los miembros de Defendamos la Ciudad en la V Región, instancia en la cual el propio director del medio, si lo desea, podría ser el moderador, ello con el transparente propósito de dilucidar a ciencia cierta lo que sucede en el ámbito del urbanismo en las distintas comunas de esa región.
