Las carpetas del Ministerio Público siguen engrosándose. Esta vez, debido a la ampliación de la investigación a todas las pesqueras del país, para constatar si -al igual que Corpesca- habrían financiado irregularmente a algunos políticos en ejercicio.
Luego de meses de investigación, los fiscales lograron determinar que no solo Jaime Orpis y Marta Isasi habían sido “beneficiados” con los dineros de las empresas: la lista creció considerablemente, alcanzando a políticos de todos los sectores.
Según un informe revelado por Ciper, 445 millones de pesos habrían sido repartidos por las empresas Lota Protein, Asipes y Blumar a parlamentarios y sus asesores por trabajos no realizados, dineros que -en algunos casos- fueron entregados durante la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca.
Lota Protein
La empresa noruego-danesa entregó alrededor de 274 millones de pesos a Bernardo Caro, asesor del senador independiente Antonio Horvath. La misma pesquera, que pretendía entrar con fuerza en el mercado local, desembolsó 17 millones más para colaboradores del también senador Carlos Bianchi.
Ambos senadores, que durante la tramitación de la ley de pesca se abrieron a cuotas que favorecían a la empresa, negaron conocer los pagos aludidos, respondiendo que los asesores mencionados no les habían informado que trabajaban para la pesquera.
Lota Protein también entregó dinero al ex alcalde de Lota, Víctor Marchant Ulloa, quien entre 2000 y 2008 gobernó la comuna como militante DC. Además, pagó a dirigentes gremiales como el gerente de Pymepes (reúne a pequeñas y medianas empresas pesqueras de la Región del Bío Bío), Alfredo Irarrázaval, quien obtuvo un poco más de 18 millones de pesos para apoyar los intereses de la empresa en la tramitación de la denominada Ley Longueira.
Asipes
Desde hace meses los fiscales lograron comprobar que la agrupación que reúne a los pesqueros industriales del Bíobío, había cursado pagos a asesores ligados a Pablo Longueira, sin embargo, las nuevas investigaciones lograron determinar que los dineros fueron repartidos a otros políticos como los diputados UDI, Juan Antonio Coloma Álamos y Arturo Squella. También habría recibido pagos Guillermo Ramírez, actual vicepresidente del gremialismo, y ex jefe de gabinete del senador Coloma, que en 2009 oficiaba como presidente del partido.
Para Renovación Nacional también hubo dineros: Ana Eugenia García, miembro del equipo del senador Francisco Chahuán, también habría recibido aportes por cuatro millones de pesos. Interrogada por los pagos, ella recordó que postuló para ser diputada en 2005 y que Asipes le ayudó con parte de la deuda contraída. Así, descartó que los dineros hayan beneficiado al senador para el que trabaja.
El Partido Socialista y la Democracia Cristiana también están vinculados a pagos irregulares. En el PS, Luis Felipe Moncada, no solo pagó a Raúl Súnico, ex subsecretario de Pesca, además ayudó al actual seremi de Educación de la Región del Bíobío, Sergio Camus Campos (PS), quien recibió $6,6 millones de Asipes. En la DC, en tanto, un ex colaborador de Hosain Sabag habría recibido cerca de un millón de pesos durante la tramitación de la normativa.
Blumar
La ex pesquera El Golfo siguió el mismo modo de acción que las otras empresas del rubro. Blumar, a través de boletas de honorarios, entregó dineros al diputado DC Fuad Chahín por $2 millones y está fechada el 10 de diciembre de 2009, época en la que ganó la eleccón en el distrito de Curacautín y Lautaro.
La esposa del diputado Patricio Vallespín también habría entregado boletas falsas a la pesquera. La suma asciende a once millones de pesos.
