Es probable que, este año, sea la primera vez que la Contraloría General de la República ejerza acciones judiciales en contra de quienes haya ocasionado un perjuicio fiscal. Al parecer, en los 90 años de vida que cumple esta semana, no tuvo en cuenta esta facultad, pero el actual Contralor, Jorge Bermúdez, considera que ya es hora de que ese órgano del Estado utilice todas las herramientas a su disposición para cumplir una tarea que entiende, a todas luces, más amplia y acuciosa de cómo la concebían sus antecesores.

Jorge Bermúdez es un académico porteño especializado en derecho administrativo y fue su gestión la que descubrió la onerosa jubilación de Miriam Olate en Gendarmería. Una materia que, por defecto, como confiesa en una entrevista concedida al diario La Tercera es revisada por funcionarios que están cinco niveles más abajo en la jerarquía administrativa. Lo de Olate fue casual, a partir de un comentario inofensivo, cuando un colaborador le manifestó el hecho de que la funcionaria hubiera reclamado porque le tocaron 4 millones 700 mil pesos de pensión, en lugar de los 5 millones que, según ella, le correspondían. Frente a esto, el Contralor, en lugar de menear la cabeza y lanzar al aire la queja sobre la naturaleza del chileno, se sorprendió por la onerosa pensión de la servidora público y de inmediato ordenó la investigación que tiene a la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade con una readecuación de su jubilación, que en adelante será de 1 millón 600 mil pesos mensuales, aproximadamente, y devolviendo al Estado lo que se le pagó en exceso. Asimismo, se está a la espera de lo que suceda respecto de otros 14 “jubilazos” más que están en los Tribunales de Justicia, tocando uno de los temas más sensibles de la epidermis nacional.

Con lo de Carabineros fue diferente, cuenta Bermúdez. Ya estallado el caso, asumió una duda razonable, preguntándose que estaría pasando en otros servicios. Así entonces, ordenó una investigación que denominó como “simple barrido” a partir de una selección de los jefes de Administración y Finanzas que manejan abultados presupuestos dentro del Estado, entre los que se cuentan, ciertos ministerios y municipios. Eligieron a 320 funcionarios, 114 de ellos arrojaron “problemas” (sic). Una cifra que tiene en estos momentos a la administración pública en estado de shock, a la espera de que se sepan cuáles de ellos son los cinco casos que la Contraloría emitió ante el Ministerio Público para que investigue a aquellos que se presume haber cometido un delito.

Bermúdez, ha venido a remecer la cultura organizacional de la Contraloría General de la República. Denuncia a los empleados públicos, como a Gendarmería y al Registro Civil, por ejercer ilegalmente el derecho a huelga, por ser servicios clave, como también al Consejo de Defensa del Estado cuyos abogados, además de ser funcionarios públicos ejercen la profesión de manera privada, tierra fértil para el conflicto de intereses. Incluso, su filoso verbo lo pone en contra de su propia persona, ya que en ocho años más, cuando termine su período, no tendrá ninguna restricción para ir a trabajar inmediatamente en áreas sobre las que maneja información confidencial debido a la falta de “enfriamiento”, como se llama en otros países, al período que debe mediar entre el ejercicio de un cargo de alta responsabilidad pública y su reinserción en el mercado.

Bermúdez no ha concedido una entrevista, sino que ha dado una buena clase de ética rebozada de sentido común que sorprende en su honestidad en tiempos de imposturas y falsas lealtades.

Es fácil prever los enemigos que se está ganando cuando ya sabemos que las redes del poder quieren hacernos creer que lo cambian todo cuando en verdad es para volver a lo mismo. Sus dichos debieran alertar al ciudadano común como al magistrado y, sobre todo, al congresista atento que dicta las leyes. Pero es posible que demasiados opten por hacer oídos sordos, la gran estrategia de estos tiempos, para que sus palabras se las lleve el viento y así, como el slogan publicitario, decir: aquí no ha pasado nada.