Señor Director:

Recientemente, el Senador Alejandro Guillier, pre candidato presidencial de la Nueva Mayoría, afirmó que si el Frente Amplio con Beatriz Sánchez a la cabeza gana las elecciones en noviembre, no existirán equipos, propuestas ni parlamentarios para asegurar “gobernabilidad”.

Permítame decirles que esto es falso y de falsedad absoluta.

El concepto socio-jurídico de “gobernabilidad” no tiene relación alguna con lo que el Senador plantea.

¿Ignorancia? No creo. Pero de que es un comentario malintencionado, es un comentario malintencionado que tiene por finalidad confundir a la ciudadanía y darle continuidad a  las típicas campañas del terror que emprenden los partidos tradicionales y sus caudillos contra las alternativas y nuevas oportunidades que la democracia nos ofrece.

¿Qué es la gobernabilidad? Procederé a mencionar los aspectos más relevantes de este concepto y cómo se asegura.

Primero: Para asegurar gobernabilidad, las instituciones deben funcionar.

La pregunta ahora es: ¿funcionan las instituciones en nuestro país? Definitivamente eso da para todo un tema a parte. Pero usaré como ejemplo al Poder Judicial.

Hace unos años, la pre candidata presidencial Carola Canelo, de profesión abogada, académica de la Universidad de Chile, presentó un recurso de protección contra Michelle Bachelet, para “obligarla” a impulsar todas las leyes que fueran necesarias para consagrar, por fin, la gratuidad en la educación, entendida como el acceso universal y gratuito a ella (no simples becas ni soluciones parche) en favor de todos los ciudadanos que deseen recibir formación en cualquiera de los eslabones del itinerario de educación chileno. Todo esto, en virtud de los tratados internacionales ratificados por Chile, mediante los cuales el Estado se obliga a cumplir esta enorme misión cabal y diligentemente.

Ese recurso fue finalmente rechazado por la Corte Suprema. Lamentable, ¿no?

Ahora, lo interesante sería aclarar cuáles fueron las motivaciones que tuvo la Suprema para desestimar este recurso.

No quiero profundizar mucho al respecto pero, cuando uno sabe quiénes nombran a los ministros de la Suprema en Chile, puede deducir fácilmente por qué tomaron esa decisión.

No, no fue para ajustarse a derecho, sino para proteger a sus empleadores.

Sí, en Chile el Poder Judicial no es verdaderamente independiente y, como este, hay muchos otros casos en los cuales la fidelidad del poder judicial, no está ni con el derecho ni con los ciudadanos, ni con las víctimas, sino con sus empleadores, aunque estos sean los más horribles victimarios.

Entonces, ¿funcionan las instituciones en nuestro país? Yo tengo muchas dudas al respecto.

Segundo aspecto relevante de la gobernabilidad: Que el proceder de las instituciones se ajuste a derecho, es decir, que por una parte cumplan cabalmente con las funciones que la ley les impone y que, por otra, no se extralimiten, entendiendo que la ley también impone límites a su actuar, explícita o tácitamente.

Otro ejemplo: La ley electoral menciona claramente que, para reficharse en un partido político, o afiliarse, se requiere la concurrencia personal del interesado ante ministro de fe competente. Y si bien, se contempla dentro de estos a un funcionario competente de Servel, en ninguna parte se deja abierta la posibilidad de realizar estos trámites por otro medio que no sea el anteriormente mencionado, es decir, que requiere concurrencia personal. Dicha disposición busca, en el fondo, evitar el fraude electoral.

No obstante, el Servel, extralimitándose en sus funciones, decide refichar, luego de recibir la presión transversal de los partidos políticos, a través de Internet, mediante mecanismos poco seguros como la simple copia por ambos lados de la cédula de identidad enviada por correo electrónico.

Dicha práctica ilegal, pone en riesgo el bien jurídico protegido por la norma, facilitando entonces el fraude electoral.

¿Funcionan nuestras instituciones dentro del marco de la ley? Al parecer, no.

Esto es gravísimo, pues el Servel como supuesto organismo técnico, tiene a la cabeza un director nombrado por Michelle Bachelet, la cual fue impulsora de la reforma en materia electoral que buscaba vencer el vicio de la corrupción en política. Tristemente en este país, lo que se escribe con la mano, se borra con el codo.

Tercer aspecto relevante de la gobernabilidad: Que, en virtud del principio de la subsidiariedad del Estado, éste debe reconocer a los particulares, sus intereses, necesidades y emprendimientos, como importantísimos.

Surge entonces la necesidad de diálogo constante y que ese diálogo esté revestido de un carácter  vinculante.

¿Por qué es importante esto? Primero, porque el principio de subsidiariedad, en español sencillo, quiere decir que, si hay algo que pueden asumir, hacer y hacer bien los particulares, el Estado no sólo debe permitírselo, sino además, debe limitarse a intervenir el mínimo.

¿No sería innecesario hacer la misma labor dos veces en una sociedad que aspira al desarrollo? Es más, sería imprudente que el Estado asuma más responsabilidades que las que efectivamente puede asumir, gravándose voluntariamente más cargas, que terminarían sobrecargando el tesoro de la República y, en consecuencia, afectando el bolsillo de todos los Chilenos.

Para saber qué están haciendo los particulares, cómo respetar sus emprendimientos y cómo fortalecerlos (apoyarlos de ser necesario) el Estado debe tener una coordinación perfecta con ellos, aunque cueste, aunque sea difícil.

Pero, ¿de qué serviría una simple opinión? Insisto, en este caso, para asegurar gobernabilidad, es necesario que la consulta ciudadana, esa escucha activa de los intereses ciudadanos, tenga el carácter de vinculante.

No puede ser que cada vez que intenten atropellar nuestros intereses, tengamos que terminar en la calle con lienzos y vuvuzelas “rogando que se nos escuche”.

Los particulares, la ciudadanía, cuando hay gobernabilidad, marca la pauta, lleva la batuta, marca tendencia y es el verdadero líder. La gobernabilidad rompe el esquema de gobierno vertical y le devuelve al pueblo (cuerpo electoral, ciudadanos) el ron de mandante y soberano.

Efectivamente, la figura de las consultas ciudadanas, si bien existe en nuestro país, pienso que debe fortificarse. De esa forma, estaríamos “asegurando gobernabilidad”.

Finalmente, como ha podido ver, la idea de “asegurar gobernabilidad” y el concepto de gobernabilidad en sí, no tiene ninguna relación ni con equipos de operadores  políticos, ni con apoyos en el congreso, ni con cualquier tipo de propuesta del ejecutivo (por muy buena que sea).

De hecho, a la luz de estos aspectos relevantes, podemos decir que en Chile no hemos tenido gobernabilidad ni en este gobierno ni en el anterior. Siendo más estrictos, nunca hemos tenido gobernabilidad, entendida como hacer política de cara a la ciudadanía, con un alto nivel de transparencia, dedicación y profesionalismo.

Es más, el mismo proceso constituyente de Bachelet, no considera el aspecto de la “escucha activa” y el “diálogo efectivo” con la ciudadanía.

Convocaron a los ciudadanos para que opinaran y de esas opiniones elevaron actas, ¿pero luego qué? Luego esos papeles se almacenaron y más adelante, serán supuestamente revisados y considerados a gusto y propia voluntad del verdadero constituyente, a saber, un grupo de personas en Santiago (otra vez), lo cual no da garantía alguna de que el texto de una nueva Constitución sea real y esencialmente un constructo ciudadano.

La Nueva Mayoría no nos puede ofrecer gobernabilidad, menos aún asegurarla, porque sólo se puede asegurar lo que efectivamente se tiene. Guillier no sólo miente, sino además, asusta.

Me parece y esto lo digo a título muy personal, que le hace muy mal a la política recurrir a estas prácticas para lograr un triunfo en las elecciones. Este tipo de campaña del terror no sólo merece mi dura crítica, también debería sufrir el oprobio público y la indignación ciudadana.

Es hora de compartir y debatir ideas, de hacer política sana, constructiva y decente. Sin desvirtuar la información o hacerse con ella un traje a la medida.

Gobernabilidad, hacer política con los ciudadanos, por y para los ciudadanos. Ese será el verdadero esplendor de la gobernanza, el magnífico arte de gobernar correctamente, asumiendo los desafíos propios de nuestro siglo. Esa sociedad libre y esos ciudadanos empoderados, donde la educación cívica cumple un rol fundamental.

¿Cuándo podremos condecorar a la República con estas virtudes?