“Dejar que las instituciones funcionen” es una postura que se ha instalado sabia y sanamente en Chile. Sin embargo, el respetarlas, no debiera impedir que la ciudadanía se haga juicios de valor respecto de informaciones que, respecto de dichos temas, difunde el periodismo, honrando así su indispensable tarea de mantener vigente el derecho a la información, opinión y debida transparencia en los asuntos públicos.

En efecto, aun cuando el infausto caso de espionaje revelado en la Sociedad de Fomento Fabril (SFF) se encuentra ya encauzado institucionalmente a través de una investigación iniciada por la Fiscalía Regional, tras una denuncia formulada por la propia dirigencia del centenario gremio, diversos aspectos del inaudito suceso invitan al análisis, dadas sus consecuencias, no sólo referidos a la salud de un relevante órgano intermedio empresarial, sino por su efecto en el conjunto de la actividad político-económica y social que, previsiblemente, el suceso tendrá.

Desde luego, ya en las versiones formuladas por los medios han surgido hipótesis que enervan el agitado escenario social actual, pues, entre ellas, se apunta a eventuales operaciones de algún organismo del Estado, la acción de entidades fiscalizadoras, un “auto-montaje” de sectores de la industria, un boicot a las elecciones internas o mafias organizadas a nivel mundial.

Por de pronto, y queriendo descontar a priori que se trate de una acción de órganos estatales interesados en escudriñar las posiciones “políticas” de este sector empresarial o de un tipo de fiscalización encubierta, dada la gravedad que ello conllevaría respecto de la serie de derechos vulnerados -y que solo podría explicarse por una persecución judicial de una amenaza mayor que no se advierte- las hipótesis del “automontaje” y el boicot a las elecciones internas revelarían un nuevo modo de competencia electoral gremial que mostraría al menos dos peligrosos síntomas: de un lado la evidente pérdida de la confianza societaria, un mal que, por lo demás, se ha colado por todos los intersticios de nuestra sociedad, y la evidencia de una división interna de intereses que divergen de modo tal, que se recurre a este tipo de herramientas.

Se puede entender cierta pasión en la competencia por el control de organismos intermedios de la relevancia de los gremios empresariales, en la medida que, tras los escándalos revelados sobre los promiscuos vínculos entre política y dinero, dichas agrupaciones han perdido ese tradicional canal de influencia ejercida a través de los partidos y políticos afines a sus intereses, razón por la que se requeriría pasar desde aquella representación vicaria, a otra directa, tornando así más relevante el acceder a los puestos de conducción, de modo de imprimirles a éstos la dirección pertinente buscada por los incumbentes.

También es cierto que los intereses gremiales -cualesquiera sean estos- no siempre son unívocos, pues, por ejemplo, un dólar alto -variable que se puede influir por decisiones de la autoridad- conviene a los exportadores, aunque no a los importadores; o porque impulsar una determinada política agrícola o pesquera, puede favorecer a unos y no a otros. La mayor de las veces, como hemos visto, estas contradicciones internas se producen, tanto por la especial posición sectorial productiva, como por cuestiones de tamaño y control de mercados.

La última hipótesis, sobre el papel de mafias de inteligencia internacionales interesadas en conocer información relevante para el mejor desempeño de sus propios negocios e intereses, aun cuando no sea descartable, parece más improbable, puesto que en los gremios se discuten más bien grandes líneas estratégicas económico-político sociales, que atingen al conjunto de los socios de aquellas entidades, que diseños de estrategias basadas en nuevos modelos de administración, tecnologías, competitividad y otros factores que importan en la luchas por los mercados.

Así las cosas, aun cuando la Fiscalía Regional ha iniciado sus investigaciones por infracción a la Ley de Delitos Informáticos, a la Ley de Telecomunicaciones, artículo 36 B y Artículo 161 del Código Penal, respecto de captación o intervención de comunicaciones privadas -no sin antes amonestar al gremio por haber priorizado recurrir a una empresa privada, antes que acudir a las policías y la justicia, afectando así los escenarios del delito- los resultados de dicha tarea generarán, con toda seguridad, nuevos episodios de inquietud social, pues, ya sea que se tratara de un choque de intereses entre sectores empresarios, o de estos con el Estado, sus consecuencias volverán a lesionar la ya tan dañada confianza nacional en nuestras elites.