La deuda privada sube en Chile a niveles importantes para nuestra economía. Anda por los 126.000 millones de dólares y lo más raro es que es una deuda contratada fundamentalmente por las Inversiones Directas Extranjeras (IDE), es decir, por las empresas extranjeras que operan en Chile y que se endeudan con sus empresas matrices y con las empresas de relación directa.

Lo sospechoso de este endeudamiento es que crece justamente cuando las inversiones comienzan a disminuir en la economía local.

¿Cómo explicar esto?

Bueno, es obvio que si mi flujo de capital ingresa por sobre mi nivel de inversión interna, quiere decir que estoy usando ese mercado interno con dos objetivos: incrementar nominalmente la deuda y/o refugiar los capitales.

La primera explicación se daría justo en un período en que suceden dos cosas:1) se terminan los plazos de exenciones y reducciones tributarias, con lo cual se debe tributar mayor cantidad de dinero y 2) también las amenazas de reforma tributaria hicieron tomar prevenciones respecto a la forma de bajar las utilidades, lo que se logra con mayor pago de carga  por servicio de deuda.

La reforma de Lagos a las inversiones mineras, permiten endeudarse hasta tres veces el capital invertido, es decir una herramienta facilitadora de la elusión tributaria mediante el expediente de contratar deuda nominal (que no siempre real) con las casas matrices o vinculadas.

Los aportes al presupuesto en el 2016 vienen dados en un 95% por Codelco y prácticamente cero por las mineras privadas, lo que viene a confirmar que las transnacionales mineras están aportando nada al erario nacional. Lo contradictorio es que Codelco, que tiene mayores costos y menos ley, aporta, mientras que las privadas mineras  no logran presentar utilidades. Esto sólo se puede hacer incrementando los gastos  de exploración o de expansión por nuevas inversiones. Así lo hizo hace unos años Los Pelambres, que al obtener utilidades por 1400 millones de dólares, inmediatamente inscribió gastos de inversión por 700 millones de dólares para el período  sucesivo, con el resultado que llevó a  anular los pagos de impuestos por las enormes utilidades devengadas.

Aparentemente esto está sucediendo con las empresas mineras privadas extranjeras y Chile dependerá nuevamente de Codelco y sus disminuidos ingresos que, además, se van a alimentar la corruptela militar, en gran  parte de ese monto.

En períodos de abundancia extraordinaria, las mineras privadas se las arreglaron para abultar sus costos al punto de reducir sus utilidades imponibles (amén de las granjerías otorgadas por Chile a las inversiones en ese rubro), de tal modo que esa bonanza le pasó a Chile por el costado. Ahora, que los precios del cobre cayeron casi a la mitad, precios que  aún permiten grandes ganancias (como lo acredita Codelco), vienen a  aumentar el endeudamiento con sus casas matrices a fin de no pagar las nuevas proporciones  de tributación que la ley define. Lo cierto, en todo caso, es que si ese nivel de endeudamiento se reflejara en inversiones efectivas, entonces la depresión en el sector minero no sería tal, sino una nueva etapa de abundancia y dinamismo.

Las empresas con inversión directa pasaron de una deuda  en el primer trimestre del 2014 equivalente a  US$ 30.000 millones a un total de 50.000 millones el primer trimestre del 2016.

En el mismo período el resto de las empresas no incrementaron su deuda, ni tampoco el sector financiero. Por su parte el sector público sí la incrementó en el mismo período en unos 3.500 millones de dólares.

Estas cifras son un escándalo del que parece ser que las autoridades chilenas y los políticos no desean hablar. Este desfalco  a la sociedad chilena demanda una toma de posición.

Entonces vemos que las empresas que vienen a invertir en Chile pasan de una deuda de US$ 30.000 millones el 2014 a US$ 50.000 millones el 2016.

Las empresas que no son extranjeras, pasan, en ese tiempo, de una deuda de US$ 65.000 millones a US$ 62.000 millones. Los bancos, por su parte se mantienen en una deuda de US$ 25.000 millones.

La deuda pública ha aumentado de unos US$ 7.000 millones el  en el 2007 a US$ 34.000 millones el 2016. Si bien no se trata de una deuda tan alta en relación al PIB (14,5%), ya que la deuda total de Chile es de US$ 165.000 millones, es decir un 53% del PIB, representa un alza sostenida y rápida respecto a lo que se tenía hace muy poco. Eso hace presente que algo va mal, que algo no concuerda entre incremento del PIB y financiamiento de los gastos por la tributación. Se viene produciendo una brecha que debe ser financiada con endeudamiento; pero la delantera en esta carrera de endeudarse la lleva curiosamente el sector más rentable de la economía nacional. En estos casos se habla de una incoherencia estructural. Y esta discrepancia tiene una sola explicación: Chile por no cobrar a quien debe cobrar los tributos, debe incrementar su deuda pública, permitiendo, además, que los privados que más rentan, sean quienes más deuda adquieran y menos utilidades declaren. Eso huele a una estafa que Chile acepta voluntariamente, gratuitamente, neciamente.

¿Cómo se puede corregir esta flagrante, visible y ofensiva anormalidad?

Pues cambiando la ley tributaria para las empresas extranjeras, sobre todo las empresas mineras, que son las que más ganan y más usan los subterfugios de la evasión y elusión tributaria. Esto es un tema de soberanía.  No porque estas empresas se responsabilizaran de más del 55% de la inversión en Chile, en los momentos de auge minero es aceptable que lo hagan usando herramientas que permiten abstenerse de contribuir justamente al desarrollo nacional. Esa sería digna de calificar una inversión indeseable, por muy abundante que sea, pues representa una ilusión de progreso; representa un pan que se extiende con una mano y luego se quita con la otra. Se da con una inversión nominal abultada y en forma de duda adquirida con sus matrices y se resta con transferencias subrepticias y protegida por poderes innombrables. Se debe cambiar la ley de tributación por “renta efectiva” (impuesta en 1992) por otra de “renta presunta”, que existió hasta 1992 y que la Concertación cambió de manera sospechosamente torpe, abriendo  las puertas a todo tipo de evasión y burla tributaria.

Este cambio es impostergable si los gobiernos que buscan los cambios desean financiar esas transformaciones; no existe otro sector que pueda contribuir de manera más expedita al financiamiento del Estado que el de la explotación de nuestros recursos naturales.

El otro sector es el privado nacional, el cual ha gozado por décadas un sistema tributario que le permite evadir en la contribución al desarrollo, acaparando utilidades inmensas y derivándolas hacia el exterior mediante los subterfugios del FUT, esterilizando un capital que Chile necesita con urgencia en esta etapa de su evolución social y económica. Si no se hacen contribuir a esos dos sectores, Chile no tendrá desarrollo; sólo tendrá conflicto, violencia y atraso.