Violentas y cómplices han sido las palabras del Ministro de Defensa José Antonio Gómez, que justificaron lo dicho por el actual comandante en jefe del ejército, quien manifestara y pide “Comprender el contexto histórico que vivieron los militares violadores de Derechos Humanos”.
José Antonio Gómez habla por el actual gobierno en un área extremadamente difícil. ÉL es la palabra válida del Ejecutivo, él habla por la Presidenta. Las Fuerzas Armadas están sometidas al juicio histórico de la patria y también en los tribunales por la criminalidad que desataron uniformados y agentes civiles, entre los que habían ex militantes de Patria y Libertad, dueños de fundos y empresarios.

Hace algunos años cuando el actual Ministro era subsecretario durante el gobierno de Eduardo Frei, posibilitó/autorizó que se reunieran en el Penal Cordillera los dos mayores responsables de los organismos represivos, Manuel Contreras (DINA) y Otto Palatino (POLICIA ARGENTINA). José Antonio Gómez autorizó bajo su responsabilidad que por largas horas los dos encargados de ejecutar políticas de exterminio pudieran hacer recuerdos, y ponerse de acuerdo en los miles y miles de procesos por desapariciones, ejecuciones y torturas, aplicadas sin el más absoluto miramiento para ciudadanos en muchos casos indefensos. Este encuentro también contemplaba que la mujer de Otto Palatino, el represor argentino, pudiera pasearse por el barrio alto de la capital con auto fiscal.

Absolutamente nada puede justificar los crímenes cometidos por los militares que durante años controlaron y tuvieron en sus manos a un país y a sus millones de habitantes. Informe Rettig, Informe Valech. El juicio histórico hace un balance donde los militares quedan en la estacada como traidores y vendidos al capital extranjero.
Traición constituye el asesinato del general Schneider, el crimen del capitán Arturo Araya, edecán del presidente Allende, la bomba en calle Palermo que mató al general Prats y su esposa y la abundante evidencia sobre la muerte del general Lutz, y hasta los comentarios soterrados en el caso del general Bonilla, estos entre los casos más conocidos. Existen más antecedentes donde también las garras de la DINA llegó hasta oficiales en provincias, incluso a sus familiares.

Nada tiene que ver Londres 38 o Villa Grimaldi, o Venda Sexy con la guerra fría ni el Muro de Berlín o el Pacto de Varsovia, sencillamente los militares chilenos actuaron por las condiciones impuestas por la CIA para sus agentes que estaban dentro del propio ejército chileno. Stalin nunca culpó a González Videla de los archipiélagos llenos de presos políticos o fusilados.
Buscar el contexto histórico para el crimen con el PLAN ZETA es suficiente. Todo un proyecto de propaganda negra para alinear a los militares, ejerciendo el terror dentro de sus propias filas y argumentos, para salir a cazar a chilenos que estaban en el lado de la Unidad Popular y adherían Salvador Allende. No hay absolutamente ninguna justificación para los asesinatos y posterior desaparición para mujeres embarazadas como el caso de Diana Aron entre otros.
La patria espera de sus militares conductas a la altura de la dignidad y la ética, pero especialmente una postura consecuente frente a los tribunales y de eso está muy lejos el general Humberto Oviedo. No eran ratas los 119 chilenos como los definiera La Segunda, diario de la cadena de El Mercurio. Ese es el contexto que han encontrado la historia de la patria escrita en esa forma, y la que denuncian los familiares y sus compañeros.

La inmensa mayoría de chilenos busca respuesta para entender el contexto cuando se dicta la ley del cobre, por la cual se le debe entregar millones de dólares para mantener un ejército que llega tarde incluso a los terremotos e inundaciones. No hay contexto que justifique los robos cometidos por uniformados de diferentes graduaciones de dineros fiscales.
Si encontramos en el contexto del que pide el general Oviedo, razones que justifiquen el haberse apropiado de un país por casi 20 años y haberlo regalado/entregado a pequeños grupos económicos en un modelo que genera pobreza, miseria y que todo son bienes de consumo como la educación, la salud y la previsión social.
Nada podrá justificar los miles de crímenes que han cometido los uniformados y eso incluye la Escuela Santa María de Iquique, hasta Liqueñe, hasta los fusilados en Valdivia y Puerto Montt, sin juicio, sin justa defensa. El único contexto en estos casos que debe entender el general Oviedo es el desprecio con que actuaron los uniformados en contra de la población civil indefensa.
Nada le debe la sociedad civilizada a los uniformados chilenos, todo lo contrario. Nos sentimos obligados a soportar la entrega de recursos que perfectamente podrían aportar para que salgamos del fondo oscuro del subdesarrollo en que nos condena a vivir.

José Antonio Gómez, el mismo que ayer clamaba por una Asamblea Constituyente y un cambio de rumbo en el actual modelo económico, se convirtió en un espadachín/salvador de la criminalidad que hasta hoy los militares se niegan a reconocer.

Hasta hoy se espera la respuesta del ministro José Antonio Gómez, del Partido Radical, requerida por el periodista Francisco Martorell, para que entregue los antecedentes que lo llevaron a autorizar el encuentro entre los dos altos mandos de la represión, y que deja en nuestra memoria profundo dolor.
Finalmente debe saber el general Humberto Oviedo que si su preocupación son sus ex compañeros de armas que están encarcelados en Punta Peuco, el contexto del penal de Colina, es que cumple con las condiciones para que no puedan evadirse, así como también no se les privará de ningún derecho que serán los mismos de la población penal común.