De manera unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por AFP Planvital en contra de la Superintendencia de Pensiones, institución que había instruido a la aseguradora suspender su plan de cierre de sucursales y centros de servicio en varias ciudades a lo largo del país.

El fallo del máximo tribunal ratificó lo ya obrado por la Corte de Apelaciones de Santiago que el 17 de mayo de 2017, la cual ya había ordenado frenar el proceso que estaba llevando a cabo la aseguradora de fondos privada, lo que se traducía en que 15 sucursales y tres centros de servicio serían cerrados.

Según cálculos de la propia Superintendencia de Pensiones, las sucursales y centros de servicio que cerrarían sus puertas representaban una reducción del 44 por ciento de las agencias de Planvital, pasando de los 41 servicios de atención actuales a sólo 22, mientras que sólo un centro de servicio permanecería activo.

La vocera de la Coordinadora “No Más AFP”, Carolina Espinoza, señaló que la ciudadanía, en general, espera que la Superintendencia de Pensiones haga su trabajo y dar garantías como en este caso, de una mínima calidad de atención a sus afiliados, no obstante desde su punto de vista, esta es una muestra más de los vicios de este sistema.

“Es muy sorprendente ver cómo estas administradoras que tienen tasas de rentabilidad fuera de serie, en los últimos años han rentado sobre el 25 por ciento, entonces uno no entiende que precaricen o no tengan los recursos suficientes para entregarles la atención, no sólo en línea, sino presencial a la mayoría de la ciudadanía que necesitan acceder a esos servicios, entonces es una muestra más de cómo este sistema está implementado” afirmó la dirigenta.

Cabe recordar que Planvital se ha adjudicado las últimas dos licitaciones de cartera de nuevos afiliados, lo que implica que todos quienes comienzan a cotizar por primera vez son capturados por esta aseguradora, situación que para Carolina Espinoza representa las aberraciones de la lógica del sistema de capitalización individual que debe ser reemplazado por uno de reparto y solidario.

“Este sistema no tiene ninguna capacidad de solución en el marco del actual modelo, que realmente requerimos una opción distinta, queremos de verdad poder elegir los cotizantes, los trabajadores y para eso queremos tener un sistema que tenga una lógica absolutamente fuera de la capitalización individual, que tenga garantías estatales, pensiones mínimas aseguradas, que uno sepa cuánto va a ser su pensión al término de la vida activa, condiciones que en ningún caso el actual sistema permite“.

La Superintendencia de Pensiones, a través de un comunicado, sostuvo que fallos como este confirman que la institución “siempre ha actuado apegada a lo que tanto la ley como las normas la obligan en su desempeño como organismo fiscalizador”, al mismo tiempo que se constata que el servicio cuenta con atribuciones para supervisar la calidad de servicio que las administradoras deben proporcionar a las personas que están sirviendo”, finalizó la superintendencia.