A partir de este miércoles, Uruguay dispondrá de 16 farmacias -que han cumplido todos los requisitos- para el expendio de marihuana de manera completamente legal. Cada gramo costará cerca de $900 pesos chilenos y podrán acceder a ellos los ciudadanos uruguayos que previamente se hayan inscrito en el registro que tiene el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), el que puede realizarse en el correo de Uruguay a lo largo de sus 65 locales a nivel nacional. Hasta ahora, existen 4.959 uruguayos -que se inscribieron previamente- y son los únicos habilitados para comprar. Mientras que los extranjeros no residentes están inhabilitados para comprar, esto porque la ley no habilitó el turismo cannábico.

Son dos los tipos de marihuana que se venderán a partir de esta semana en Uruguay: La primera -denominada como ALFA 1- tiene un efecto psicoactivo a nivel físico. Contiene un 2% de Tetrahidrocannabinol (THC) y un 7% de Cannabidiol (CBD).

Existirá también un control fiscal para que el Estado esté al tanto de que cada persona no esté superando el consumo máximo semanal, que es de hasta 10 gramos. Para ello, la compra se realiza con la huella dactilar y el proceso también contempla la protección de identidad del consumidor, manteniendo registros reservados.

Álvaro Delgado, pertenece al colectivo Proderechos de Uruguay, organización social que ha sido clave en el avance de la legalización de la marihuana en la república oriental. “La gente siempre dice que la marihuana es la puerta de entrada a las otras drogas. Si la marihuana no es legal hay que ir a conseguirla al mercado negro, y esa sí es una puerta de entrada porque ahí tenés paraguaya, cocaína y pasta base. En la farmacia la góndola solo ofrecerá marihuana, y la que produce el Estado”,  señala Delgado en conversación con Radio Universidad d Chile.

Proderechos es una organización social influyente en Uruguay. Su objetivo -según nos señalan- es colaborar en la transformación de su país desde el punto de vista del avance en las conquistas de derechos sociales, económicos y culturales. La marihuana no es su única bandera de lucha. Está lejos de serlo. Hoy, a modo de ejemplo, trabajan por una política que consagre los derechos de la diversidad sexual, luchan por impedir que se baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y velan por la anulación de la Ley de Impunidad en su país, entre otras cosas. Pero el tema de moda es la marihuana, porque “no cualquier Estado tiene al ejército resguardando la seguridad de sus propias plantaciones de marihuana“, señalan con orgullo. Y es que lo consideran como parte de una conquista social -con varias movilizaciones masivas en las calles- que venció estigmas, caricaturas y que generara cambios de paradigmas que hoy marcará la pauta en el mundo.

Pero no solo existirá la posibilidad de comprar en las farmacias que estarán establecidas y que son reguladas por el Estado, esto pues el autocultivo también es parte del avance y ya es una realidad normada.

De este modo, cada ciudadano puede sembrar seis plantas hembras para consumo recreativo y, además, si no quieres o no puedes tener las tuyas propias existe la figura de los clubes cannábicos: grupos de consumidores que se organizan para pagarle a un cultivador. Este debe sacar una personalidad jurídica y hacer una serie de trámites que le permitan concretar la idea. Un club no puede tener más de 45 miembros y tiene un límite de 99 plantas.

Álvaro, de la organización Proderechos, tiene uno de estos clubes que, a pesar de ser privados, cuentan con una fiscalización estatal rigurosa a través del IRCC, los que por ejemplo, deben contar con cercos eléctricos y tener cámaras de seguridad, entre otras cosas. Esto con el objetivo de que no se roben las plantas, una práctica que se ha popularizado levemente desde que entró en vigencia la nueva legislación de autocultivo en 2014.

La cannabis que venderán las farmacias será más suave que la que sale de los clubes cannábicos, esto teniendo en consideración que su usuario será menos frecuente y tendrá menos experiencia.

Gastón Rodríguez es el líder de una de las dos empresas uruguayas a las que el Estado encargó la cosecha anual. Según indicó Rodríguez al diario El País, “nuestra marihuana tendrá un THC del 7%. Se podría llegar al 20%, pero está bien así, la droga en farmacias va a ser para consumidores poco frecuentes, gente joven o incluso gente mayor que la quiere usar contra el dolor. Esto es un logro enorme para para mi generación, que creció en dictadura, cuando te detenían por fumar un porro. Pero la clave ahora es desarrollar la medicinal, Uruguay puede ser líder mundial”.

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Aquello ha generado cierta polémica en los círculos cannábicos, pero la opción del autocultivo sigue vigente y gana más terreno.

Chile sigue considerando la marihuana como droga dura

Mientras en Uruguay se avanza en regulación de venta y autocultivo, la realidad chilena contrasta diametralmente. La Marihuana, desde el pasado gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pasó al “listado uno” de las consideradas “drogas duras” en el marco de la ley 20.000, estableciendo persecución penal a quienes auto-cultiven y distribuyan.

Actualmente, tras una serie de marchas y de grupos cannábicos que se han organizado viendo lo que pasa en oros países y, ahora, teniendo como referente lo que pasa hoy en Uruguay, han presionado por avanzar en la despenalización del autocultivo y el consumo. Sin embargo, el proceso legislativo en torno a la marihuana avanza lento en Chile, si es que se puede hablar de avances.

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La ley 20.000 goza de vacíos legales que dejan espacio a situaciones sin sentido. Dispone penas de presidio a quienes elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan drogas, pero el uso justificado del cannabis de manera medicinal no está penado por la legislación actual, lo que no ha inhibido los hostigamientos policiales a los consumidores. Algo similar ocurre con el autocultivo, que bajo las circunstancias de un uso personal y próximo en el tiempo, se puede plantar incluso sin la autorización del SAG.

A pesar de esto, y gracias al trabajo y presión que han realizado una serie de organizaciones como la Fundación Daya, en Chile se ha comenzado a cultivar marihuana (planta cannabis) para uso medicinal y de manera controlada, la que es convertida en aceite de cannabis que se vende bajo receta médica para enfermos con dolores crónicos. Incluso algunos municipios han comenzado programas pilotos para el expendio de este producto, como es el caso de Estación Central. Sin embargo, los altos costos del medicamento lo vuelven prohibitivo para la mayoría de las personas.

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Es por ello que las organizaciones esperan pronto la despenalización de la marihuana -proyecto que aún está estancado en el congreso- y avanzar hacia el autocultivo, que es el próximo paso, según los activistas que han defendido la despenalización en Chile, para caminar hacia la legalización de la marihuana, algo que podría asociarse a la ruta que ha seguido Uruguay.