No puede seguir siendo una discusión técnica la que se refiere a los libros que compra el Estado y otras instituciones para nuestras bibliotecas públicas y escolares. Y aunque temo ya haber perdido algún lector en las primeras líneas de esta columna al enterarse de qué va, insisto en la urgencia de democratizar una cuestión que apenas se discute, como si fuera un asunto de editores y del Estado, de los intelectuales en sus minaretes que nunca están contentos con nada. Y aunque así lo parezca, majaderamente repito que es imperativo que los ciudadanos tomen conciencia que esta es una cuestión que está en las entrañas de nuestra formación cívica, en la médula de la discusión social, en la forma de modelar nuestros pensamientos y el proyecto de sociedad que anhelamos. Porque no hablamos sobre la presencia del libro chileno en las compras que realiza en Estado a través de sus diversos órganos, aunque sí es también parte de la discusión, sino que de  la manera cómo se elige un libro y no otro, para ser parte de una biblioteca.

Cada año, por estas fechas, los ánimos se encienden porque los editores ponen el grito en el cielo por las compras que realiza el Ministerio de Educación para sus Bibliotecas Escolares CRA, lejos las más abultadas con un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos. Una cifra que implica la sobrevivencia de parte del mercado editorial chileno y que, por sus dimensiones, es el desvelo de la mayoría. Sin embargo, la discusión que registramos los periodistas, con más o menos intención, es la selección de determinados títulos. De modo que lo que queda en la memoria de los más atentos, es la copiosa adquisición de libros que relatan la biografía de Felipe Camiroaga y con mayor escándalo, la del libro Caperucita se come al lobo de la autora colombiana Pilar Quintana (Ed. Cuneta) y que, tuvo como daño – nada de colateral- la salida de una de las más destacadas especialistas del área, Constanza Mekis.

Entramos en la temporada de “editores quejándose: de la escasa presencia de la edición chilena, cuando la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020 prescribe una presencia de, al menos, un 60 por ciento; otros lamentándose de la opacidad de los procesos y finalmente, el silencio helado de los organismos decisores. Pero todo esto no es más que la epidermis del problema, es la cascarita de una cuestión mucho mayor como es la discusión que implica los criterios y guías que determinaron la compra de ciertos libros y no de otros. A la postre, la constitución de un canon, quiérase o no, que se establece sin que nadie se haga cargo mucho de ello.

La buena noticia es que este año contamos con una radiografía del sector comprador llamada Mecanismos y criterios de selección de libros en Chile. Una investigación realizada con fondos estatales, mire usted, desarrollada por un grupo de especialistas de manera totalmente independiente. Corina Acosta, Christian Anwandter, Paulo González y Alejandro Valenzuela entregan un documento que permite a todos, no solo a quienes estamos sumergidos en el mundo editorial, densificar la discusión y empezar a hablar más en serio del tema. En 175  páginas despachan un diagnóstico muy bien fundado y documentado sobre una sector de la economía que no termina de entender que no se puede seguir esperando a que las cosas cambien solas o a que el Estado disponga algún día, cuando amanezca de buen humor, explicar al mercado editorial qué mecanismos y criterios le permiten tomar una decisión tan trascendental como es la compra de los libros para nuestros futuros ciudadanos.

Consideraron en el estudio a 12 instituciones y/o programas que cuentan con un presupuesto para comprar libros y realizaron procesos de selección y compra de libros disponibles en el mercado editorial para el año 2015. Dejaron afuera la compra de textos escolares, que también desvela a un importante grupo de editores extranjeros, y a las bibliotecas universitarias, que tienen características particulares. El grupo elegido adquirió cerca de un millón de libros. “La institución que más libros compró fue el CRA (636.775), mientras que el Centro Lector de Lo Barnechea fue el que menos libros compró (996). La Biblioteca Pública Digital y la Fundación La Fuente fueron quienes más títulos seleccionaron (4.500), mientras que la JUNJI fue la que menos títulos seleccionó (20). A nivel de promedio de libros comprados por título, la JUNJI compró en promedio 3.032 ejemplares de cada título seleccionado, mientras que la Biblioteca Pública Digital compró 1 ejemplar”, todas cifras que apuntan a la razón de ser de la investigación: ¿cómo eligieron esos libros? Y para aliviarles, por ahora, todas las polémicas aristas que se abren con los datos arrojados, vayan algunas de las conclusiones y sugerencias con que rematan:

• Fomentar procesos de selección de libros a nivel local
• Aumentar la participación de los usuarios en los procesos de selección
• Crear documentos de acceso público para informar las políticas de desarrollo de colecciones
• Fortalecer los procesos de seguimiento a libros comprados y conocimientos de uso de las colecciones
• Crear un registro riguroso de los procesos de selección y compra
• Desarrollar estrategias de fomento de uso de la colección vinculadas a procesos de seguimiento
• Más capacitación para fomentar procesos de selección de libros a nivel local

…entre otras. La sola lectura de estas recomendaciones hacen que surjan preguntas tan básicas como urgentes. Como lo suponíamos, los organismos clave de la lectura y educación en Chile no se han puesto de acuerdo en los mecanismos ni criterios de selección de estos bienes culturales de primera necesidad… Porque no se trata de tirarles libros a los escasos lectores para que se aferren, cual náufragos, ya que pueden terminar siendo salvavidas de plomo, hundiéndolos en lo más profundo de la desidia lectora, y de paso, desperdiciando los miles de millones de pesos invertidos.