Ricardo Lagos y la Concertación ordenaron que los miles de testimonios de chilenos que fueron sometidos a tortura por las Fuerza Armadas y agente de civil fueran guardados por un tiempo de 50 años.

Ricardo Lagos y las Fuerzas Armadas hablaron de paz social, de recomponer los pedazos de la patria, de reconciliación, aunque la verdad se estaba dando cumplimiento a los acuerdos/pactos entre los militares y los partidos políticos concertacionistas. Había que proteger a los torturadores y no dejarlos al escarnio público, a la condena justa que se merecen y que finalmente no sean llevados a los tribunales por cometer delitos deleznables..

Los torturadores y agentes encargados de la represión, contaron siempre con el respeto y admiración de los otros militares, los encargados de asesinar y hacer desaparecer eran los valientes, que daban la vida para defender la dictadura que llegó luego de escuchar el llamado del alma de la patria, obviamente pedida también por la CIA, el Partido Nacional, Patria y Libertad y el Partido Demócrata Cristiano. En todos los cuarteles militares los agentes tenían poder absoluto, podían sacar a los detenidos y llevarlos a los centros de tortura, y en otros casos fueron sacados y fusilados como consta en la Caravana de la Muerte.

Muy poco se logra avanzar en más de cuarenta años de sucedidos los hechos, ya los torturadores son viejos, otros han muerto injustamente en sus camas, con procesos que duran años, y que finalmente son la elegancia con que transita la impunidad que exigen las Fuerzas Armadas y que la concertación/nueva mayoría concede. Cuando un torturador está en un tribunal para rendir cuenta por sus delitos, se moja en los pantalones por sus años y por miedo. En Punta Peuco no están los que trabajaban semana corrida en Londres 38 o Villa Grimaldi o el Cuartel Borgoño.

La tortura es uno de los delitos más deleznables. Maltratar a una persona sin defensa, amarrada de pies y manos para busca de información y así poder defender intereses de un modelo económico, político y social, está instalada más allá de lo que la razón permite.

La tortura fue aplicada y ejercida como política terrorista de Estado durante la dictadura militar de las Fuerzas Armadas. Personal militar desde oficialidad hasta soldados, agentes de civiles se dieron al sucio trabajo de provocar maltrato a miles de chilenos por pensar diferente, por defender la libertad y la democracia. No eran unos cuantos los torturadores, tampoco conductas individuales, se creó todo un complejo sistema para cometer delitos.

Sea el momento para recordar al profesor Federico Álvarez Santibañez, que fue entregado en la Penitenciaría en estado agónico por la CNI, falleciendo algunas horas después.

No se logra entender como una senadora de la UDI sea la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, cuando ella nunca ha condenado ninguno de los crímenes cometidos por los militares, todo lo contrario. Ella ha justificado todo lo sucedido desde el 11 de septiembre de 1973, posiblemente era muy pequeña cuando fue asesinado el general René Schneider, o Arturo Araya, o Hernán Mery… eso no lo sabe.

Jacqueline Van Rysselberghe, defensora de los criminales que están en Punta Peuco a quien visita regularmente para saludarlos, y valorarlos en sus batallas contra mujeres embarazadas. Rechaza que se hagan públicos los testimonios de los miles de torturados. Chile necesita saber los métodos utilizados por los militares y sus agentes que se dedicaron por años y de forma sistemática a torturar a hombres y mujeres.

Sea también el momento para recordar al sacerdote Miguel Woodward asesinado por aplicación de tortura en el buque Escuela Esmeralda.

Finalmente queda escrito en la historia que las víctimas de las prácticas de terrorismo de Estado durante la dictadura, se les negó la justa exigencia de justicia y para que ello sucediera contaron con la concomitancia de Ricardo Lagos, Eduardo Frei y los partidos de la concertación.