Desmunicipalización se votaría la próxima semana y entraría en vigencia este año

El traslado de las millonarias deudas que mantienen municipios y los prolongados plazos para su total implementación, son los principales cuestionamientos a la normativa impulsada por el Ejecutivo.

El traslado de las millonarias deudas que mantienen municipios y los prolongados plazos para su total implementación, son los principales cuestionamientos a la normativa impulsada por el Ejecutivo.

El proyecto de ley sobre desmunicipalización de la educación pública entraría la próxima semana a su última etapa de debate y votación legislativa.

De ser aprobada la iniciativa, primero en el pleno del Senado y posteriormente en la Cámara Baja, entraría en vigencia en octubre de este año, por lo que para marzo de 2018 serían 237 los colegios, de los más de 5 mil existentes en el país, que ya estarían en manos de los primeros cuatro Servicios Locales de Educación, ubicados en algunas comunas de la región de Coquimbo y Metropolitana.

El proyecto establece que se traslada la dependencia de los establecimientos desde los municipios hasta los denominados Servicios Locales de Educación. Hasta ahora, se estipula la existencia de 70 de estos organismos, lo que se convertirán en los nuevos sostenedores de los colegios, quienes contarán con financiamiento propio.

A la vez, estos servicios dependerán de una Dirección de Educación Pública, órgano de coordinación nacional a nivel central, que estará liderado por un Director Nacional.

Sin embargo, la iniciativa gubernamental no está exenta de críticas. Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el traspaso de las millonarias deudas que mantienen varios municipios con docentes, a los futuros servicios locales, es el principal problema que se tiene que resolver durante la etapa final de tramitación en el Congreso.

“No puede traspasarse al nuevo sistema con las actuales deudas, generaría una deuda histórica dos, incluso yo diría que en el Senado hay bastante acogida, esperamos que se acepten algunas indicaciones, pero además existe esta suerte de sostenedores, también varios diputados nos han señalado que coinciden con eso, que la condición de sostenedor es absolutamente inadecuada para la educación pública, porque la iguala con el privado, y el financiamiento vía boucher es el más claro ejemplo de la lógica de mercado, aplicado a la educación”, argumentó.

Para el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, las deudas municipales las debe resolver anticipadamente el Ejecutivo.

El tema de los plazos de implementación es otra de las indicaciones que ha provocado críticas. En medio de un acuerdo entre el Gobierno con Chile Vamos, se estableció que en una primera etapa, hasta el año 2020, serán 11 los servicios locales activos, posteriormente en 2021 una comisión asesora evaluará la implementación de estos organismos, para que luego, el vigente presidente de la República decida si se mantiene el ciclo de desmunicipalización establecido entre los años 2022 y 2025.

El diputado PPD Rodrigo González, manifestó su oposición a esta especie de período de transición, adelantando su rechazo y posterior modificación por un sistema de plazo fijo y mucho más acotado.

“Se equivocó el Gobierno en la prolongación de los plazos, eso no lo vamos a aprobar, demasiado extensos y se prestan para que haya una negociación, algunos municipios podrían exceptuarse de pasar al sistema de Servicios Locales de Educación. Sobre las deudas, el Estado debe encontrar los recursos para establecer una forma de saneamiento, ya que no se pueden traspasar a los servicios municipales con deuda”, detalló.

En tanto, y en entrevista con nuestra emisora, el Investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, valoró en general la iniciativa de desmunicipalización, sin embargo, cuestionó la indicación referida a que algunas administraciones edilicias, que cumplan con ciertos requisitos de calidad, podrán retrasar el traspaso de sus colegios a los servicios locales. Para Bellei, esto podría generar un sistema mixto, uno municipal y otro estatal, que podría provocar competencia.

“En este aspecto, algunas indicaciones del proyecto entregan un mensaje equivocado, el estándar de la nueva educación pública es muy superior a los municipios que eventualmente lo hacen bien y por eso no deberían estar afectos a este sistema, es más, creo que politiza el proceso de transición, vamos a tener una disputa política local en cada comuna, todos los alcaldes que quieran mantener los recursos en educación van a estar peleando porque no se desmunicipalice, crea una dualidad institucional, inestabilidad del proceso que es muy nefasta, yo creo que hay que dejar el proyecto original en este aspecto, sin excepciones, para todos los municipios”, subrayó.

Para el Investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, el actual sistema de municipalización, implementado en dictadura, está fracasado. Indicó que en las comunas donde ha tenido éxito el sistema, son precisamente las más ricas del país, estudiantes que provienen de otras zonas y donde, para sus habitantes se impone la educación privada. Por eso aseveró, la resistencia de estos alcaldes a dejar de recibir aportes del Estado.





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