Con la finalidad de que las empresas del valle de Huasco, como la Central Termoeléctrica Guacolda de AES Gener y la Planta de Pellets, de CAP Minería, reduzcan la emisión de su material particulado (MP10), entró en vigencia un nuevo plan de reducción de polución en  la zona.

El proyecto ya había sido aprobado en noviembre de 2016 por el Consejo de Ministros, pero recién a partir del 2018 dará inicio gradual.

El plan contempla que las principales fuentes contaminantes, como la Central Termoeléctrica Guacolda, deben reducir sus emisiones a 730 toneladas anuales, alrededor de un 22 por ciento del total actual. Mientras, los proyectos asociados a CAP Minería deberán hacerlo a 341 toneladas, un 70 por ciento de potencial de reducción.

El Seremi de Medio Ambiente de la Región de Atacama, César Araya, además de valorar la puesta en marcha, precisó que las medidas tienen como objetivo principal recuperar la calidad del aire en zonas saturadas o latentes, para así dar una nueva cara al puerto, potenciar las actividades productivas y el turismo.

“Relacionadas principalmente con las emisiones desde las chimeneas, se colocarán sistemas de precipitación electroestática para la captación de material particulado MP10, y en las fuentes sin combustión, están contempladas coberturas en áreas de acopio, pavimentación de caminos, encapsulamiento del sistema de transporte en trenes, encapsulamiento de los vagones, encapsulamiento de la parte final de las correas transportadoras, donde cae el material, ahí también existe fuga de contaminantes, de manera de poder ir disminuyendo todas aquellas fuentes de emisión que se encuentran en ambas plantas, tanto en Guacolda como CAP”, argumentó.

En tanto, dirigentes ambientalistas de organizaciones como la Asamblea Freirina y la agrupación S.O.S Huasco, impugnaron el Plan de Prevención Atmosférica para la ciudad, ubicada al sur de la región de Atacama.

El presidente de S.O.S Huasco, Juan Carlos Labrìn, catalogó el proyecto como una “estafa ambiental”, rechazando que el gobierno establezca la autorregulación a cargo de las propias empresas.

“Se les da mucho más plazos a las empresas para cumplir con el plan de implementación, es decir, de aquí a cinco a diez años tienen posibilidad de efectuar las medidas, a nosotros nos parece una situación grave considerando los problemas de salud grave que hay en Huasco, ya van 40 años y si le sumamos cinco, diez más, van a haber 50 años de altos niveles de polución en la zona”, aseguró.

Para la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, pese a la puesta en marcha del plan de descontaminación en la provincia de Huasco, las dudas sobre la efectividad de las medidas continuarán.

La experta ambientalista, precisó que el plan de latencia no contempla medidas inmediatas, hasta 10 años de plazo para la plena implementación, además que el tipo de información sobre el cumplimiento de la normativa no da garantías, ya que la información estará manejada por las mismas empresas, sin ningún tipo de independencia.

“El Estado va a tener que asumir cifras que darán la mismas empresas, sin poder chequear, por lo tanto la fiscalización parece una acción útil, para lograr realmente reducciones en la contaminación. Además todo el plan se hace a partir de mediciones del año 2013, entregadas por las mismas empresas, y no se consideró el proyecto minero Cerro Blanco y la central de la otrora Endesa, que va a ser usada para los procesos de desalinización para Cerro Blanco”, detalló.

Es importante destacar que toda el área alta, media y baja de la provincia de Huasco, fue denominada como zona de sacrificio. Comunidades de Alto del Carmen amenazadas por la minera Barrick y su proyecto extractivista Pascua Lama; Feirina contaminada por años por la planta faenadora de cerdos Agrosuper y ahora por el proyecto minero Cerro Blanco; Vallenar sufre del agotamiento del agua; y la localidad puerto de Huasco, afectada por la polución del aire debido a proyectos energéticos e industriales.