El Instituto de Derechos Humanos debe su nacimiento a las conclusiones del Informe Rettig (1991), donde queda señalada la importancia de crear una institución que promueva y defienda los derechos humanos. Este organismo, por razones obvias, debía contar, según las mentadas conclusiones, con las atribuciones y medios para asegurar su independencia de las autoridades de turno. Varios años más tarde, en 2005, ingresó al Congreso el proyecto de ley que creaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “El 24 de noviembre de 2009 (…) la Presidenta Bachelet encabezó la ceremonia de promulgación de la Ley 20.405, cumpliendo el último paso para convertir en ley la iniciativa que tuvo por objeto la creación del Instituto de Derechos Humanos como una corporación autónoma con patrimonio propio, y cuyo accionar es fiscalizado por la Contraloría General de la República” (Fuente INDH) Descargar Aqui (Ley 20405).
Una de las destacadas funciones que ejerce el INDH es la elaboración de un informe anual. En cada caso, el informe va dando cabal cuenta de las fuentes o antecedentes de los problemas que describe y de las dificultades existentes, en función de los estándares internacionales y de las obligaciones contraídas en este ámbito por el Estado de Chile. Del mismo modo, su labor es de una constante observancia del respeto efectivo de los derechos humanos. A ello, entre otros, su suman la promoción de una educación y cultura en derechos humanos, la cooperación con organismos nacionales e internacionales vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos y la iniciación de acciones legales por crímenes de lesa humanidad.
El INDH, en su autonomía y ejerciendo la función encomendada, ha instado al Estado a modificar sus leyes y sus prácticas. Han investigado y/o han tomado acciones respecto de la situación del SENAME y de las cárceles comunes; de los derechos de los migrantes y de los pueblos indígenas, sólo por mencionar algunos. Se han pronunciado sobre una serie de conflictos que derivan en la vulneración de derechos, entre los que destacamos hoy los medioambientales y de justicia transicional, en particular la existencia de los archivos secretos de la dictadura. El INDH es, por mandato legal, quien custodia y preserva los antecedentes de la Comisión Valech I y Valech II, y en el caso de Valech II envía los documentos solicitados a los Tribunales de Justicia. Respecto de la primera Comisión, el Instituto ha solicitado al Estado levantar el secreto que pesa sobre los antecedentes de la misma. Su carácter confidencial fue fijado en la Ley 19.992, artículo 15, donde se establecen 50 años de silencio, tiempo en el que ninguna persona, colectividad, autoridad o magistratura tendrán acceso a estos archivos, “sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.
En cuanto a los problemas relacionados con el medioambiente, relevamos hoy el Mapa de conflictos socioambientales realizado por el INDH. Para esta tarea se utilizó la definición de conflictos socioambientales, como aquellas “disputas entre diversos actores –personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado–, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas” (Informe Anual 2012, pág. 246).
El Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile es una herramienta que permite visualizar geográficamente la ubicación de los 102 casos de conflictos socioambientales detectados por el INDH a julio de 2015, y conocer las particularidades de cada disputa. Los resultados son accesibles mediante un sitio de navegación geográfica, es decir, un mapa interactivo.
El INDH señala, recomienda e insta al Estado. Pero los avances resultan de las acciones del conjunto de la sociedad civil y de las organizaciones sociales que se comprometen, desde diversas aristas, en la promoción y defensa de los derechos humanos. Claro es el caso, por ejemplo, de la lucha contra la impunidad por crímenes de lesa humanidad, que aboga por el fin de los archivos secretos, entre los que se hallan los de la comisión Valech I.
Las importantes falencias que el INDH he investigado en la institucionalidad chilena se vinculan hoy a la imposibilidad de respetar derechos básicos, sean estos de primera o segunda generación, en tanto su acceso depende de los bienes económicos que cada cual posea. En un Chile de una muy desigual distribución de los ingresos, en los marcos de un orden neoliberal, el ejercicio irrestricto de los derechos obedece al poder adquisitivo de cada individuo.
La influencia de los organismos de derechos humanos en las políticas públicas parece estar restringida por la desigualdad social. Pero aquello no es ningún modo un impedimento para seguir bregando, como muchos han hecho desde el mundo social, artístico, intelectual, científico (incluso eclesiástico e institucional privado y público) para transformar esta profunda y estructural realidad.
