A principios de septiembre, La Serena y Coquimbo recibieron al “Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas” IMPAC 4 Chile. Expertos, miembros de la comunidad científica, conservacionistas, gestores y autoridades de más de 80 países del mundo fueron testigos de un importante anuncio del gobierno.
¿Cuál? La creación de tres nuevas áreas marinas protegidas en Chile, una en el Archipiélago de Juan Fernández; otra en Cabo de Hornos- Isla Diego Ramírez; y finalmente una en Rapa Nui. Así aumentamos de 463 mil km2 a tener un poco más de 1 millón 800 mil km2 en esta categoría.
Las autoridades destacaban que la vida de nuestros océanos, son el futuro de la vida humana. Y en este contexto, la mirada también pone alerta en nuestros mares australes.
El Dr. César Cárdenas, investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), manifestó que crear un Área Marina Protegida en este punto del planeta es un desafío “no menor”. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el representante de nuestro país en el comité científico de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, sigla de la organización en inglés) entregó detalles de este trabajo.
¿Por qué es importante concretar un Área Marina Protegida (AMP) en la Península Antártica?
A nivel de la Antártica es un desafío no menor. Hay una serie de factores que afectan al continente y más específicamente en la península. Es una zona, después del Ártico, que está sufriendo más fuertemente los efectos del cambio climático. Por esta razón, es importante establecer estas áreas para estudiar y proteger las especies, pero también los roles que éstos cumplen en el ecosistema en general.
Luego de varios años de recopilación de antecedentes y debate político, en 2016 el CCAMLR aprobó el Área Marina Protegida Antártica más grande que existe en el mundo: la del mar de Ross.
Desde 2012, Chile y Argentina se encuentran liderando un proceso que pretende diseñar una propuesta de AMP en la zona de la península Antártica y el sur del Arco de Scotia. ¿Cómo avanza ese trabajo de coordinación?
Ha sido un proceso largo que comenzó en el Valparaíso donde se hizo el primer acuerdo con el tipo de análisis y de información que se iba a recopilar. Se hizo un segundo taller en 2015 donde se mostraron resultados y así, ha ido avanzando el proceso. Una de las grandes diferencias de este trabajo, con el que se designó en el Mar de Ross, es que hemos aprendido de ese proceso.
El primero fue dirigido por dos países: Nueva Zelanda y después se sumó Estados Unidos. Ellos aprendieron sobre la marcha, presentaban resultados y los miembros discutían lo que iban presentando.
En el caso de Chile y Argentina, si bien el trabajo es liderado por ellos, ha sido más inclusivo porque desde el comienzo se sumaron científicos de EEUU, del Instituto Antártico Británico, entre otros. Muchos han sido parte de este proceso y, desde la perspectiva científica, ha existido una mayor discusión para llegar a objetivos comunes y reconocer tipos de datos que se podrían usar.
Es una de “las ventajas” porque se aprendió del primero (Ross), pero también de otra propuesta que está enfocada en la zona Antártica este. Esta última, liderada por Australia y la comunidad europea, se suma a una tercera iniciativa relacionada con el mar de Webell. El de nuestra región, es el proceso más joven y ha ido aprendiendo de los otros diálogos.
Considerando el efecto que tiene el cambio climático en la península Antártica, ¿qué actividades ponen en riesgo los recursos y ecosistemas?
Este proceso, que incluye la zona oeste de la península y la zona sur del Arco de Scotia, ha sido complejo. Por un lado, tenemos una de las zonas del continente blanco donde se desarrollan más actividades humanas.
Hay programas de equipos científicos que desarrollan todas sus actividades en la zona de la Península. El turismo también se ha ido incrementando y cada vez llegan más buques. Además, tenemos actividades extractivas donde la más fuerte se observa en la pesca del krill.
Con todo esto, sumado a los efectos del cambio climático, las conversaciones sobre las AMP han sido extensas porque el enfoque se debe concentrar en definir zonas y objetivos de conservación.
Hay que poner todas las piezas en un puzzle: esto va a determinar una red de Áreas Marinas Protegidas en la península.
En este proceso, ¿cómo conviven las discusiones entre instituciones, gobiernos, políticos y la ciencia?
Es el otro “gran” componente. Hasta ahora, todas las partes se han concentrado desde el punto de vista científico y, en este sentido, hay grupos específicos que asesoran al Comité. Si bien se ha trabajado con la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), con otras entidades y también con el sector industrial, todas las recomendaciones consideran la mejor ciencia disponible.
Cuando se ha dado este primer paso científico, entra un componente más político donde hay intereses de países que, por ejemplo, desarrollan la pesca. Como Chile, que tiene intereses en el krill y ahí es donde se tiene que ver desde la ciencia como se maneja la pesca sustentable. Y luego viene la parte diplomática con una serie de negociaciones, pero para eso falta.
¿Podríamos calcular una fecha para contar con esta Área Marina Protegida?
Es difícil. Por ejemplo, la propuesta de Mar de Ross se cerró hace varios años (3 o 4 años) y estaba saldada en lo científico, pero los países tenían que negociar teniendo en cuenta sus intereses.
Nosotros todavía no llegamos a ese punto, estamos discutiendo aun a nivel científico. Pueden pasar varios años antes que no existan reparos a la propuesta para que sea revisada por la comisión. Puede ser aventurado decir uno o dos años … porque son muchos los factores y opiniones que pueden entrar de un año a otro.
En la reunión del comité que se desarrollará en octubre (Australia) se va a presentar la idea de convocar a un comité de expertos que sea liderado por Chile y Argentina. El objetivo es involucrar a expertos de otros países y ellos se encarguen de tomar algunas directrices que puedan aclarar la información. Con esto, esperamos que las decisiones sean más fluidas.
