Derecho al agua potable, una institucionalidad efectiva en materia de infancia, fin a la ley antiterrorista y una legislación renovada que proteja la privacidad de las personas, fueron algunas de las recomendaciones que realizó el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales.

En su edición 2017, el Informe contiene 10 capítulos donde destacan temáticas como el rol del Estado para exigir, entre otras cosas, el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, en este caso de agua potable, en un contexto de escasez hídrica y cambio climático. Todo esto de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por el Ejecutivo.

Tomás Vial, académico de la UDP y editor del informe, precisó que en el documento se recomienda aprobar el proyecto de ley sobre derechos de agua,  impulsar multas efectivas contra empresas sanitarias que no cumplen criterios de suministro y calidad, además de que estas compañías deben terminar con presiones o tráfico de influencias para adecuar a su beneficio marcos regulatorios.

“Acá hay un problema estructural, y lo que se recomienda es que haya ciertamente, un régimen constitucional y legal que asegure la provisión de agua potable para el consumo humano y un régimen sancionatorio, regulatorio, que haga lo mismo y eso es lo que hoy no tenemos”.

El académico también se refirió al Sename y como el Estado ha dejado postergado y delegado a privados, la tutela de niños, niñas y adolescentes, con un resultado negativo para los menores. Precisó que se debe reformar la institucionalidad en materia de infancia, bajo la lupa de los Derechos Humanos.

“el Sename actúa básicamente como un controlador del gasto financiero, pero no tiene, no ha usado ni tampoco ha solicitado,  facultades para el control de la prestación, la calidad y la protección de los niños que están en instituciones privadas, que son donde está el 95% de los niños bajo el régimen del Sename”

El informe de DD.HH de la UDP cuestiona además la eficacia y legitimidad de la Ley Antiterrorista, ejercida contra integrantes del pueblo mapuche.

El estudio recomienda dejar de aplicarla mientras no se ajuste a estándares internacionales y por sus casi nulos resultados en la eliminación de la violencia.

Antonia Rivas, abogada y autora de este capítulo, aseveró que la aplicación de la Ley Antiterrorista en casos de violencia rural en La Araucanía es una de las principales deficiencias.

“Mientras exista dicotomía, o esta doble visión en cuanto a aplicar la seguridad pública, pero por el otro lado, intentar un diálogo con los pueblos indígenas, ese diálogo no va a ser posible. Es urgente que el Estado y el Gobierno tengan una mirada unívoca respecto de cómo se van a relacionar con los pueblos indígenas y eso creemos que es lo que ha llevado a estas situaciones de conflicto, porque no hay claridad en estos temas”.

En otras materias, el reporte anual sobre derechos humanos de la UDP dice que municipios y otras entidades públicas deben abstenerse de implementar drones y globos de vigilancia, ya que vulneran los derechos humanos sobre la privacidad de las personas.

El informe anual sobre derechos humanos en Chile, realizado entre mediados de 2016 y julio del presente año, reflexiona además sobre la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar y evalúa los derechos de chilenas lesbianas, gays, bisexuales y menores transgénero e intersexuales, y la situación de desprotección que sufren estos ciudadanos y ciudadanas.