Fraude en Carabineros: Diputados acusan maniobras para proteger al alto mando de la institución

Parlamentarios criticaron el rol que ha tenido el Gobierno, así como la falta de responsabilidades políticas en el millonario fraude en Carabineros que hasta la fecha supera los 26 mil millones de pesos. Además, los legisladores reiteraron sus cuestionamientos a la permanencia de Bruno Villalobos al mando de la institución.

Parlamentarios criticaron el rol que ha tenido el Gobierno, así como la falta de responsabilidades políticas en el millonario fraude en Carabineros que hasta la fecha supera los 26 mil millones de pesos. Además, los legisladores reiteraron sus cuestionamientos a la permanencia de Bruno Villalobos al mando de la institución.

Este martes, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la prórroga solicitada por la Comisión Investigadora de Carabineros, cuyo fin era volver a citar al general director de la institución, Bruno Villalobos, quien se excusó de no asistir el pasado lunes por encontrarse en “comisión de servicios fuera del país”.

El diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión, Leonardo Soto, dijo que era sospechosa la protección que ha tenido el general Villalobos y enfatizó en la necesidad de citarlo nuevamente a la comisión para aclarar las dudas sobre la millonaria estafa y concluir la investigación con su testimonio. “Hay numerosos antecedentes que tenemos que exhibirlos en presencia del general director de la institución”.

En esa línea, dijo que volverán a insistir con la extensión del plazo que venció este martes y detalló que el lunes esperan comenzar a trabajar en la redacción del informe final y determinar las responsabilidades que consideren ineludibles dentro de los altos mandos de la institución.

“Nos produce mucha sospecha que el general Bruno Villalobos haya salido fuera del país, sin aviso previo y teniendo una citación cursada a la comisión, y que después la UDI vote en la Sala por no volver a citarlo. Aquí hay maniobras que están produciendo en los hechos un grado de protección hacia el alto mando de Carabineros que no se condice con la tarea que teníamos”, afirmó.

En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo, cuestionó el rol que ha tenido el Gobierno en esta materia y criticó la falta de responsabilidad  política en los altos mandos de la institución. A su juicio, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, le haría un favor a Carabineros con su renuncia.

“Lo que daña el prestigio de Carabineros es que una vez que se verifica el fraude más grande que ha ocurrido el chile, desde el inicio de la reforma procesal penal, ningún alto mando asume responsabilidades políticas. Allí se está confundiendo erróneamente lo que son las responsabilidades penales y civiles-administrativas con las responsabilidades políticas de mando”, sostuvo.

El parlamentario indicó que hasta el momento lo único que ha hecho Carabineros es poner los antecedentes ante la justicia, con el fin de esclarecer las irregularidades que se cometieron, pero advirtió que eso no significa la inexistencia de responsabilidades en los altos mandos.

“Quienes han sido inspectores en jefe de Carabineros tienen una responsabilidad que difícilmente pueden eludir. Por otro lado, hay que considerar que de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional esta es una institución no solo policial, sino que de carácter militar altamente jerarquizada, disciplinada y dependiente de un mando central. La verdad es que la tesis de que no existían controles posibles y que esto solo ocurrió porque un grupo de oficiales se organizaron para delinquir es muy poco plausible”, aseguró.

El fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, comunicó que el monto de desfalco al interior de la institución supera los 26 mil millones de pesos, 300 millones más que el último número dado a conocer por el Ministerio Público.

Además, el fiscal regional de Magallanes sostuvo que la investigación ha logrado sólidos antecedentes que comprueban la participación de los imputados en este fraude y detalló que los aludidos están acusados por el delito de asociación ilícita.

Mientras que este lunes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a 21 nuevos implicados, entre quienes se encuentran familiares y cercanos a los principales imputados del caso.





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