La sequía dejó de ser una emergencia. O por lo menos en un país OCDE, las recomendaciones y acciones para enfrentarla deberían ser prioridad. Tras 10 años de sufrir los vaivenes climáticos Chile, hace rato debió asumir la sequía y la gestión de los recursos hídricos, como un imperativo a resolver.

Esto porque, según cifras entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) el 42% de los recursos utilizados en emergencias durante el primer semestre de 2017 han ido a resolver urgencias por déficit hídrico. Estamos hablando de 11.896 millones destinados en un semestre, a una “emergencia” que ya se extiende por 10 años.

Además hemos visto como año a año la disponibilidad hídrica disminuye y aumenta la cifra de familias chilenas que sólo obtienen agua potable a través de camiones aljibe. Actualmente 500 mil personas de 175 comunas del país acceden a este derecho humano fundamental, a través de camiones.

Y es que el Código de Aguas de 1981, no da el ancho con las necesidades actuales. Chile cambió, la desertificación avanza, los efectos del cambio climático nos golpean sin planes de adaptabilidad, la agricultura exportadora se expande, los recursos hídricos se reducen, y la sobreexplotación del agua, gracias al mercado especulativo de derechos de propiedad de agua que permite el actual Código de Aguas, no dan tregua y los chilenos de a pie de zonas rurales, a los agricultores de subsistencia y a las comunidades indígenas que no pueden acceder más que a ciertos litros de este vital elemento cada semana.

La Reforma al Código de Aguas no es la retroexcavadora de los propietarios actuales del agua. Tampoco es la solución definitiva a los problemas de gestión de este recurso en el país, pero si es un avance;  porque reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento y pone al Estado como garante; porque prioriza los de usos de las aguas, destacando los de subsistencia  y el establecimiento de reservas de agua para agua potable y sustentabilidad ambiental; porque discrimina positivamente a los sectores de subsistencia: comités y cooperativas de agua potable rural, campesinos ( beneficiarios Indap) y comunidades indígenas; porque establece requisitos para la sustentabilidad ambiental para la protección de acuíferos y humedales y establecimiento de caudales ecológicos a fuentes que se encuentren amenazadas y degradadas  y conserva aguas en áreas protegidas; porque cambia el carácter para los nuevos derechos  de aprovechamiento de aguas, que serán otorgados  como concesiones  a 30 años y el establecimiento de causales de extinción y caducidad; porque perfecciona el sistema de patentes por no uso de derechos de agua y; porque establece plazo límite para la  regularización de derechos de agua.

La sequía y la escases de recursos hídricos no pueden ser afrontados como una emergencia año tras año. Michelle Bachelet ya mencionaba al comenzar su mandato en 2014 que “necesitamos también generar un cambio cultural e institucional que nos permita cuidar y usar este precioso elemento de manera racional y con conciencia de lo esencial que es para la vida humana y para el desarrollo”, sin embargo sólo han quedado como frases para el bronce.

También ha aparecido el ministro Marcelo Mena mencionando que entre las líneas de acción del ministerio de Medio Ambiente se encuentra la consideración de la prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento sobre los acuíferos que alimentan las áreas de vegas y bofedales y otros humedales, como los pajonales hasta la región de Coquimbo; y la prohibición de construir sistemas de drenaje en las zonas de turberas, existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes; entre otras, que establece la reforma al Código de Aguas.

Chile necesita que estas frases se hagan efectivas. Dentro del programa de gobierno de Michelle Bachelet está el avance “en una normativa que haga posible la existencia de la figura recursos hídricos con fines sociales. Estos usos serían prioritarios y establecerán restricciones al ejercicio de todos los demás usos con fines competitivos.”

La reforma al Código de Aguas fue aprobada en la Cámara de Diputados y hoy los senadores de la comisión de Agricultura, no pueden dejar de trabajar porque están en campaña electoral o porque un ministro del ramo piensa que la reforma se contaminó con la coyuntura electoral. Yo no podría dar esas excusas en mi trabajo sin ser despedida.

Los grandes agroexportadores del país han emprendido una campaña de desinformación, utilizando a los pequeños agricultores como escudo, desinformándolos y aterrorizándolos con la perdida de sus derechos y eso es total y absolutamente falso. La reforma discrimina positivamente a pequeños agricultores e indígenas para apoyarlos en la regularización de sus derechos y para eximirlos de pago de patente alguna.

Sin reforma al Código de Aguas, sin una gestión justa que priorice los recursos hídricos, la escases hídrica se agudizará y ni la agricultura, ni la minería ni todos los sectores productivos que se han ido en contra de ella, podrán siquiera regar un tomate. A menos que dejen a muchos sin acceso al agua, claro está.

Mientras tanto el ciudadano de a pie debe saber que el reparto de agua a través de camiones aljibe se triplicó entre el año 2011 y 2014 y sigue en aumento. No vamos a esperar a que no salga agua de las llaves de La Moneda y del Congreso, para que nuestros representantes dimensionen el problema y cumplan en legislar un proyecto que data de 2011.