Los sistemas digitales de comunicación están reemplazando, desde hace años y día a día con fuerza creciente, el papeleo en casi todas las actividades públicas  y privadas, aunque todavía quedan rezagos en algunos sectores muy conservadores o perezosos, quienes se niegan a utilizar las diversas aplicaciones que la innovación tecnológica nos entrega a todos en la totalidad del mundo.

Para solicitar entrevistas a las autoridades se debe acceder a una página que se encuentra en la web del servicio respectivo y con cierta facilidad se llenan las preguntas puntuales que allí se formulan y el requirente la envía electrónicamente : después de un tiempo prudente algún colaborador de esa autoridad contesta el mail y enseguida se materializa la reunión en las oficinas de aquella.

Pues bien, este columnista tenía interés en reunirse con el Fiscal Nacional, abogado Jorge Abbott, para entregarle antecedentes concretos derivados de dictámenes de la Contraloría General de la República que dejaban al descubierto unos cuantos supuestos delitos de prevaricación administrativa cometidos por funcionarios de diversas Direcciones de Obras Municipales que se habían “equivocado” en la aplicación de la ley sectorial para beneficiar a actores inmobiliarios con la emisión de permisos de edificación absolutamente truchos.

Es decir, se le iba a entregar al funcionario de mayor rango del Ministerio Público una documentación oficial para que sus fiscales regionales interrogaran a los agentes del Estado que habían sido tan condescendientes con los titulares de proyectos de inversión en territorios jurisdicciones de comunas del Gran Santiago como de regiones.

Para ello, el jueves 14 de diciembre pasado, accedimos a la web de la Fiscalía Nacional y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que no aparecía la página que se debe llenar con los datos personales del solicitante de entrevista y por ello inmediatamente llamamos por teléfono al 600 333 0000 con el propósito de que se nos dijera cómo se formulan las solicitudes de reunión, habida cuenta que era imposible vía digital. Una infame grabadora nos formula unas tantas preguntas y finalmente una voz femenina, después de interrogarnos, cual agente de seguridad, nos responde que obligatoriamente debíamos apersonarnos  a la oficina de esa autoridad, la que se localiza en la calle Catedral 1437 de la calurosa ciudad de Santiago.

A regañadientes, el mismo día en la tarde, fuimos en transporte público a la dirección indicada y nos encontramos con un monumental edificio en altura recién terminado, con distintos accesos y después de un momento logramos llegar a un elegante módulo en donde se encontraban 3 personas vestidas muy formalmente en un gran espacio lleno de pantallas y adminículos varios, incluyendo impresoras. A uno de ellos le expresamos que, conforme a sus disposiciones administrativas, solicitaba una entrevista con el Fiscal Nacional. Nuestro interlocutor nos pide el carnet de identidad y nos pregunta cuál es el motivo de la visita, contestándole lo indicado en el tercer párrafo de esta columna.

Con cierto fastidio, pues posiblemente venía llegando de su almuerzo, ese funcionario empieza a buscar unos formularios en papel, revisando diferentes cajones hasta que logró encontrar uno con el logo de la Fiscalía titulado “carta al fiscal nacional sr. Jorge Abbott Charme”, en el cual se describen 10 preguntas atingentes a nuestro requerimiento. Nos lo entregó para que lo llenáramos, pero lo rechazamos inmediatamente debido a que las letras del formulario impreso eran ininteligibles. Se lo devolvimos exigiéndole un formulario bien impreso.

Después de unos tantos minutos el hombre nos provee el formulario apropiado y cómo encontrábamos fastidioso el procedimiento, lo instamos a que llamara por teléfono a la secretaria del Fiscal Nacional diciéndole que necesitábamos hablar con ella. Entre ambos sostuvieron una conversación, inquiriendo ella nuestro nombre y rut, preguntándonos si antes habíamos solicitado alguna entrevista con esa autoridad, contestándole a través del funcionario intermediario, que efectivamente lo habíamos hecho cuando Sabas Chahúan ejercía el cargo y que la reunión se sostuvo con un cierto abogado de menor jerarquía. La funcionaria optó por no recibirnos.

Después de ese intento frustrado, empezamos a llenar el formulario de marras y cuando lo terminamos procedimos a entregárselo al funcionario que nos atendía, quien seriamente nos expresó que debíamos redactar una carta adjunta al formulario ya completo, para que se la entregáramos próximamente en ese mismo lugar (?). Al escucharlo se nos pasó por la mente que era una broma y cuando detectamos que no lo era, nos retiramos con sumo enfado aunque después, ya más serenos, nos convencimos que tenemos que convivir con la infernal burocracia chilensis.

Acto seguido nos dirigimos a una reunión que teníamos agendada con diputados electos del Frente Amplio en la oficina de la concejala Rosario Carvajal en la Municipalidad de Santiago, en donde les explicaríamos cómo se demolió ilegalmente en esa comuna la galería Imperio, protegida con la figura de Conservación Histórica en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, asunto muy grave dictaminado recientemente por la Contraloría. El derrumbe de la galería se produjo para construir un moderno mall, mega estructura existente con una reciente recepción de obras trucha, en la cual los ansiosos consumidores ya están usando sus distintas tarjetas de crédito.

Por último, recordemos que Osvaldo Rosales, jefe programático de la candidatura presidencial perdedora, ha dicho que su candidato de ser elegido adoptaría las medidas conducentes para terminar con el insulso papeleo que entorpece la función de la Administración del Estado. Esperamos que el candidato triunfante haga lo propio, pues es indispensable erradicar la lacra de la excesiva burocracia.

En todo caso por lo denunciado en esta columna, deberá hacer meditar al Fiscal Nacional para que su servicio se ponga a tono con los tiempos de la modernidad y por ello le decimos a Abbott que no le tenga miedo a la cibernética, ya que sus beneficios en todo orden de materias nos alcanzan tanto a los ciudadanos como al aparato público.