La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos este martes en contra de la Minera Doña Inés de Collahuasi, faena de extracción de cobre ubicada en el Desierto de Atacama. Según el texto de la entidad gubernamental, la empresa habría cometido infracciones a lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que podría acarrear una multa que superaría los 60 millones de dólares.

El alcalde de Pozo Almonte –comuna cercana a las labores mineras–, Richard Godoy, comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que, al igual que el superintendente Cristián Franz, prefiere no opinar previo a la investigación de este supuesto incumplimiento.

“Estamos recabando antecedentes para ver qué es lo que realmente sucedió respecto del incumplimiento y la sanción que está emitiendo la Superintendencia”, expresó.

Consultado respecto de los convenios que tiene la minera con el municipio, Richard Godoy indicó que este antecedente, que abarca la colaboración en materia educativa, no se presta para establecer una condicionante a la hora de sancionar públicamente el comportamiento de la empresa.

“Si acá una minera no cumple con su RCA vamos a ser tajantes nosotros y nos vamos a poner del lado que corresponde, que es cuidar el medio ambiente y también todo lo que viene a futuro para nuestra gente”, añadió.

Una de las denuncias realizadas ante la SMA fue presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo. Sus miembros se quejaron que el 27 de julio de 2016, Collahuasi “habría tenido un incidente menor de rotura en su mineroducto, a la altura del Camino a Quebrada Blanca y que el día 4 de agosto habría tenido un incidente mayor, cerca del poblado de Ujina y de un área de pastoreo ancestral, en la cual, según estimación del Servicio Nacional de Geología y Minería, se habría derramado un volumen de 4.500 metros cúbicos de material tóxico. Preocupa que no se haya aplicado el procedimiento debido”.

Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama –representante de la comunidad–, explicó a este medio qué es lo que debería hacer la empresa ahora que se aceptó la reclamación.

“La idea es que la empresa ofrezca un plan de cumplimiento que se haga cargo de los daños o que mitigue los daños producidos a la flora y fauna, a la biodiversidad, lo que el derrame pueda haber provocado aunque sea dentro de sus instalaciones. Anduvo corriendo esta agua contaminada a pampa abierta y no sabemos hasta qué punto”, dijo.

La mitigación incluye estudiar y hacerse cargo de los problemas producidos. Acorde a las palabras de Alonso Barros, Collahuasi debería lograr con la comunidad un convenio de co-monitoreo respecto de los recursos hídricos compartidos en la cuenca de Huatacondo.

Por el momento, como afirmó el abogado, la empresa deberá presentar el programa de cumplimiento, y si eso no está a la altura de las expectativas de la entidad fiscalizadora, se podría dar paso a cursar multas y otro tipo de sanciones.