Cada cierto tiempo aparecen informaciones en la prensa sobre nuevos fallos, resoluciones y controversias alrededor del proyecto Pascua Lama, armando un entramado de datos que suele ser difícil de seguir.

En días recientes la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó la resolución que da por cerrada  la investigación que lleva hace más de cuatro años, lo que supone que la sanción al proyecto es inminente. De inmediato el diario La Tercera auguró la multa más alta de la historia para Nevada SpA, filial de Barrick Gold en Chile, obviando la demanda territorial más sentida, dada la gravedad de las infracciones, de  la anulación del permiso ambiental.

El expediente del caso es grueso y da cuenta de  más de 30 infracciones a las Resoluciones  de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que por las mismas irregularidades, quedó a medio construir desde comienzos de 2013, y está paralizado por medidas cautelares de la autoridad fiscalizadora que fueron confirmadas por los tribunales, sin poder terminar la construcción para entrar en operación. La empresa ha buscado mañosamente minimizar las faltas, que en la mayoría de los casos fueron relevadas por la comunidad, no por el Estado, pues en Chile opera el auto-control de las empresas, por lo tanto la fiscalización es indirecta y estatalmente deficitaria. Sin embargo,  las presiones de una minera sobre gobiernos extractivistas, rinden fruto: por ejemplo, logró que se acumularan  los dos procesos de sanción en curso (A 002-2013 y D 011 – 2015), por eso cuestiones que ocurrieron hace más de cuatro  años están siendo vistas con otras que ocurrieron en fechas posteriores a 2013, esto impide que un proceso constituya precedente del otro, evitando que la reincidencia agrave las faltas que se han seguido produciendo, sobre todo en lo referido a la contaminación de las aguas y el daño irremediable a los glaciares.  Sobre este mismo punto, a mediados de 2016, Barrick logró que se modificara la RCA del proyecto cambiando el sistema de monitoreo de las Aguas,  fijando una nueva línea base de éstas, con parámetros de concentración de metales pesados  más altos que lo que tenía el río antes de la llegada de la minera al Valle del Huasco, por lo tanto eximiendo de responsabilidad a la empresa de la contaminación que ha traído consigo y estableciendo que ésta es un fenómeno natural.

Es decir, estamos ante un proyecto inviable, mal evaluado, que ha violado sus escuálidos compromisos ambientales lo que ha tenido que ser denunciado y fiscalizado por las propias organizaciones territoriales porque no hay personal suficiente ni voluntad política para dar seguimiento a estas materias. Ante esto, lo normal sería que se encendieran las alertas en el gobierno y se revisara qué está mal, partiendo por el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, que constituye la ley marco que posibilita despropósitos como estos. Y de hecho, las alertas se encendieron, pero no para frenar tanta locura y aprender de los errores, sino que para perpetuarlos y profundizarlos. Actualmente, los gobiernos están relanzando este instrumento bi-nacional a través de un proceso rápido de renegociación, otra vez a espaldas de la ciudadanía y sin que se conozca evaluación alguna de sus impactos, pero sosteniendo en los medios de prensa que ha sido positivo, tanto que aunque en 20 años las comunidades hayan impedido la operación del primer proyecto que se pretendió realizar porque se emplaza en la zona de frontera, es decir en las nacientes de las aguas y de ecosistemas glaciares de los valles transversales de Chile, el gobierno aseguró que 32 nuevos proyectos similares a  “Pascua Lama” estarían en carpeta.

En este sentido, lo que resuelva la Superintendencia de Medio Ambiente SMA en los próximos días, será clave para determinar la autonomía de la principal autoridad de fiscalización ambiental de Chile,  en un país entregado en bandeja a las transnacionales mineras, en este caso. Sin duda en esta devastación ecosistémica y territorial a la que están sometiendo a los territorios, son los gestos honestos, valientes y comprometidos, los que hacen la diferencia. Como hiciera la ex SEREMI de salud de la Región de Atacama, Pilar Merino en el Caso de Termoeléctrica Castilla, cuando se negó a decir que las emisiones de la termoeléctrica más grande de América Latina eran solo molestas y no contaminantes, lo que supo ser aprovechado por la comunidad de Totoral. Esperamos que el Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, esté a la altura y revoque la autorización ambiental de un proyecto inviable, que de mantenerse con vida sentaría un precedente nefasto para la cordillera, que en nuestro país, alberga un 91%  de los glaciares existentes en  Sudamérica.

Director Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA