Un 12 de enero de 1998 un grupo de abogados se dirigió hasta el edificio del poder judicial y presentó la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet Ugarte. La razón fue el caso ‘Calle Conferencia’, episodio ocurrido en 1976 en el que la Dirección de Inteligencia del Ejército secuestró y desapareció a parte de la dirigencia del Partido Comunista (PC), entre los que se contaba Jorge Muñoz, esposo de Gladys Marín.

Veinte años después, la Universidad de Chile organizó este viernes en su Facultad de Derecho una actividad para recordar la acción legal. Dentro de los expositores estaba Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos y miembro de la parte querellante. Durante su exposición y posteriormente, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, declaró que este acontecimiento buscó hacerle frente al período dictatorial desde otro ángulo; un desafío que se venían planteando a partir de la década de los 80’, cuando tuvieron la convicción de que había que enfrentar la injusticia en paralelo a las manifestaciones sociales.

Además, aseguró que esta movida permitió abrir el camino para juzgar a miembros de la dictadura que hoy se encuentran tras las rejas y que para ese año se encontraban en plena impunidad. “Actualmente hay cerca de dos mil procesos que ponen a Chile como un lugar expectante respecto de lo que ha sido el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en América Latina. Eso encuentra su explicación en que haya sido acogida a trámite esta primera querella que fue presentada por Gladys Marín en nombre del PC, por todos los crímenes cometidos en dictadura”, dijo.

Otro de los presentes durante la jornada fue el exjuez Juan Guzmán. El abogado contó que cuando recibió esta causa pensó que su carrera había llegado a su fin. Sin embargo, persistió en el proceso y pasados los meses, en el mismo año, ya acumulaba antecedentes que abrieron procesos contra distintos involucrados. Guzmán coincidió con Eduardo Contreras.

“A raíz de esta primera causa empezaron a llegar dos, tres, cinco, veinte, quince u ochenta más. Me llegaron más de 200 ese año. A partir de eso fluimos como si estuviéramos en un cauce. Lo que pasó en calle Conferencia nos sirvió de molde. Ya se sabía qué preguntar –nos metimos en muchas fosas que habían sido utilizadas para la minería–, o sea, ya se sabía qué seguir haciendo”, declaró.

La abogada Nancy Yáñez, experta en pueblos originarios, también expuso su punto de vista y describió una arista que no ha tenido mucha cobertura: la experiencia del pueblo mapuche durante la dictadura. Afirmó que fueron cerca de 600 las personas vulneradas en sus derechos humanos, cuando el Informe Rettig solo consignó a 50.

“La situación de los pueblos indígenas ha sido de postergación. Ahí estamos al debe, incluso los partidos políticos. Está al debe el Estado de Chile y la sociedad chilena, que llegado el minuto entiende que la problemática indígena es una que se desarrolla fuera del marco de nuestra vida ciudadana, como si ocurriera fuera de nuestra comunidad política”, manifestó.