Son 1163 los sitios que se reconocen como campos de concentración o centros de detención, tortura y exterminio, utilizados durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. De estos, apenas 55 están en proceso de recuperación, 30 han sido declarados monumentos históricos nacionales, 12 están poder de asociaciones de la sociedad civil y solo cuatro cuentan con financiamiento del Estado.

Estas son las cifras con las que Beto Rodríguez, coordinador de la Red de Sitios de Memoria, intenta graficar el estado actual de estos lugares y los efectos que ha tenido la omisión de políticas públicas en materia de memoria desde el fin de la dictadura.

“El primer lugar declarado monumento histórico nacional por el Estado de Chile es el de los hornos de Lonquén, donde se da cuenta a nivel mundial lo que estaba ocurriendo con los detenidos desaparecidos en el país. Le dieron esa categoría en 1996 y hoy, más de veinte años después, ese sitio no tiene un acceso público. Estamos hablando de lugares como José Domingo Cañas, que fue destruido el día anterior a que se decretara monumento histórico nacional, o la ex Clínica London, que fue demolida y hoy es parte de Inacap. El nivel de deterioro de estos espacios es una práctica permanente”, enfatizó.

Patricia Zalaquett, presidenta de la Corporación Memoria Cuartel Borgoño, comentó lo que ella ha llamado el “drama de las organizaciones”. En el caso específico de este sitio, que operó como centro de detención y tortura de la Central Nacional de Informaciones desde 1977, afirmó: “Quizás no es uno de los más identificados y los más visibles, porque opera desde un periodo en que la forma de represión cambia. Ya no hay una desaparición masiva de cuerpos, pero inventan la figura de falsos enfrentamientos para eliminar a las personas”.

En 1996 se demolió el principal inmueble del Cuartel. No hubo ninguna reacción del Estado y se construyó un edificio institucional de la Policía de Investigaciones (PDI). Patricia sostuvo que después los sobrevivientes empezaron a actuar y, a través de manifestaciones constantes, lograron la declaración de monumento nacional el año 2016. “El problema de ahora es que los recintos están abandonados, con ciertos daños estructurales, los usan como estacionamientos y no tenemos acceso a menos que pidamos permiso a la PDI”.

“Nosotros vamos juntando testimonios, haciendo investigaciones sobre los hechos represivos, los agentes y la arqueología del lugar, pero no tenemos financiamiento. No hay apoyo porque no es facultad del Consejo de Monumentos Nacionales vigilar la mantención del inmueble. No hay recursos para reconstruir el espacio y abrirlo al público como un sitio de memoria. Más aún, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales se comprometió a pedir que la PDI abandone el lugar, el Ministerio del Interior, del cual depende este organismo, se mostró en desacuerdo. Estamos en una situación con muchas dificultades para impedir su destrucción”, relató.

Erika Spuler, de la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy, se refirió al caso de este lugar que fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desde finales de 1974 y hasta mediados de 1975, para torturar principalmente mediante mecanismos que enfatizaban en vejaciones de tipo sexual.

“El lugar fue declarado monumento histórico, desde ahí el Estado tuvo la intención de comprarlo al actual dueño que lo utiliza como casa habitacional, pero finalmente no llegó a acuerdo. Hasta el momento solo hay una placa en la plaza que está frente al sitio”, indicó.

Hacia una ley de sitios de memoria

Los cuatro centros que reciben financiamiento estatal son Villa Grimaldi, Londres 38, Memorial Paine y Memorial Neltume en Paguipulli.  Este año, se suman el Estadio Nacional, José Domingo Cañas y Chacabuco. Sin embargo, los aportes públicos no están definidos y son parte de una glosa presupuestaria anual, por lo que depende de la voluntad política del gobierno de turno y los legisladores.

Es por ello que para las organizaciones de  Derechos Humanos (DDHH) es importante que exista una regulación que proporcione recursos para recuperar los sitios de memoria y garantizar una gestión autónoma de estos lugares, a partir de activistas, sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura.

Beto Rodríguez señaló que, desde inicios del año pasado, distintas organizaciones se han reunido con el objetivo generar una propuesta de ley de sitios de memoria, cuyo primer borrador ya fue presentado a la Subsecretaría de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Justicia.

“Es necesario regular desde cómo se desarrolla el proceso de recuperación hasta cómo se lleva a cabo posteriormente la mantención del espacio, para poder ejecutar los proyectos vinculados a memoria. Esto se puede generar como museo de sitio, mediante áreas de educación, promoción de actividades artístico culturales, desarrollo de investigaciones y aportes a la justicia”, explicó.

El documento definitivo de este proyecto está siendo discutido actualmente por las distintas agrupaciones.

La omisión de los gobiernos democráticos

Desde las organizaciones de DDHH advirtieron que los avances que hay en materia de memoria se deben al trabajo de la sociedad civil. En general, califican las iniciativas estatales de tardías e incompletas.

Para Gloria Elgueta, de Londres 38, existe una omisión de políticas públicas, lo que es consecuencia de la dinámica de consenso que se comenzó a construir al finalizar la dictadura, cuya forma de “procesar el pasado” fue,  al mismo tiempo, poniendo cierres a estos temas.

“Si uno examina los distintos actos y pasos que fueron dando los gobiernos civiles después del término de la dictadura, se puede evidenciar esto. Un ejemplo es el Informe Rettig que, a pesar de la importancia que tuvo como reconocimiento a las violaciones de derechos humanos en el pasado, fue un intento de cierre: juzgamientos acotados de algunos casos que en ese momento se pudieron abrir en el ámbito judicial, pero que rápidamente se fueron cerrando”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que esto también significó el secreto de la información contenida en la Comisión Valech I. “El caso de los sitios de memoria se inscribe en este paradigma. Esta manera de ver el pasado como algo conflictivo que obstruye e interfiere en esa política de reconciliación y consenso que ha sido la dominante durante todos estos años”.

“Se ha omitido una política de sitios de memoria, porque implicaría un posicionamiento más claro de parte del Estado y, probablemente, generaría debate y contradicción al interior de los propios sectores que han gobernado”, concluyó.