Casos de adopciones irregulares siguen tocando la puerta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la oficina de quien se ha dedicado a investigarlos, el juez Mario Carroza. El magistrado se encuentra revisando los casos de adopciones que datan de entre 1973 y 1990.

Los modus operandi eran diversos pero había uno que marcaba tendencia: se abordaba a una madre embarazada, pronta a dar a luz, “conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá”, explicó a La Tercera el ministro Carroza. Generalmente eran madres en situación de vulnerabilidad.

Carroza solo está facultado para investigar casos relacionados con derechos humanos y la violencia política del periodo. En ese escenario existe la posibilidad de que sean varios los casos prescritos, situación que podría evitarse en caso de poder evidenciar su calidad de delito de lesa humanidad.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH explica una de las alternativas que permitirían no prescribir las denuncias que han llegado a sus oficinas: “Aquí nosotros, por el análisis que hemos hecho, no estamos hablando de crimines de lesa humanidad, porque eso requiere que se trate de un ataque masivo y sistemático contra un sector de la población, que es lo que ocurrió con la oposición a la dictadura militar en ese periodo. Estos hechos tendrían otra motivación. Lo que sí podría ocurrir es que estemos frente a una sustracción de menores que, en el derecho internacional, dependiendo del caso, podría ser una  desaparición forzada. Es decir, podría ser considerado no como crimen de lesa humanidad, pero podría operar la figura del secuestro permanente y, en ese sentido, podría no estar prescrito”.

Este jueves el juez Mario Carroza se reunión con la presidenta de la ONG “Nos Buscamos”, Constanza del Río. Luego del diálogo, Carroza reconoció que ya se encuentra coordinado con diferentes instituciones (Brigada de Inteligencia de la PDI, perito, ONG) para desarrollar la investigación de los más de 500 casos de adopciones entre el periodo mencionado. Además, confirmó la posibilidad de prescripción de varios de ellos, sin tener certeza aún sobre cuántos casos se trataría. “Por supuesto que pueden haber prescripciones, pero las prescripciones se dictan una vez agotadas las investigaciones. Yo debo agotar la investigación para tomar la decisión de prescribir”. “Estamos en el caso de la sustracción de menores, pero podemos llegar a otro tipo de delitos, como es la adopción irregular y ahí tendremos que saber si existe o no un delito. Detrás de todas estas organizaciones posiblemente pudiera haber un tipo de organización de esas características (asociación ilícita)”.

Una de las claves de la investigación radicaría en una persona. Se trata de Telma Uribe, asistente social que actualmente tiene 96 años. Constanza del Río, fundadora de la ONG “Nos Buscamos”, en conversación con Cooperativa aclaró que ya existe contacto con la mencionada. “Estuvimos trabajando con ella casi un año y finalmente nos empezó a soltar unos libros empastados en cuerina, que eran puras hojas de roneo escritas a máquina, con calco, donde individualizaba caso a caso. De hecho los libros estaban empastados por años: 74, 75, 76, nos pasó varios tomos”.

Del Río explica la génesis del contacto con el magistrado: “Volví a hablar con ella (Uribe), ella se negó y después ya nunca más la pasaron al teléfono y me llamaba un abogado supuestamente y le pedí que me entregará la información de atrás porque o sino yo iba a tener que denunciar. Finalmente me pongo en contacto con una jueza y ella me dice que tengo que denunciar, que no me puedo quedar con los documentos porque estaba siendo casi parte del tema y ahí me pongo en contacto con el ministro Carroza. El ministro Carroza manda a incautar todo el material de la señora Telma, La Brigada de Derechos Humanos PDI incauta todo esto”.

Carroza espera que el INDH también le haga llegar sus denuncias para, de esa forma, trabajar una base de datos que le permita conocer la situación de forma integral.