El artículo de opinión “El decálogo institucional de Venezuela y su parodia electoral parafernálica”, del señor Hugo Mena K., publicado en El Mostrador el 16 febrero 2018, se hace muy difícil de leer por la cantidad de información inexacta que contiene, a pesar que el señor Mena de partida declara que “durante el último año y medio he seguido con bastante atención el escenario político y económico de Venezuela”. Ya el lector estará advertido con esta afirmación que él es una persona informada, conclusión por lo tanto es que debemos entender que es creíble lo que afirma, pero ¿es tan así en verdad? Al constatar el cúmulo de  falsedades  o medias verdades que escribe, lo pongo en duda.

Empieza afirmando: “despotismo de un Gobierno iletrado”. Habla de un gobierno iletrado, adjetivo que sólo persigue predisponer al lector desde la entrada en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Sería interesante saber que es para él un gobierno letrado, ¿el de Peña Nieto en México y sus 43 desaparecidos de Ayotzinapa o el Colombia y sus falsos positivos? Y agrega: “y del populismo de una izquierda trasnochada que se quedó anclada en la época de la Guerra Fría”. Sin embargo, en el punto 1 de lo que él llama contexto institucional, afirma y se pregunta: la fecha de la próxima elección presidencial fue arbitrariamente adelantada, de diciembre del 2018 al 22 de abril. ¿Quién la adelantó? El recientemente creado Politburó de Nicolás Maduro: la Asamblea Constituyente, órgano electo al margen de la Constitución.

Por favor, señor Mena, usted no sólo se quedó en la época de la Guerra Fría, sino en la época de principios del siglo XX. ¡Politburó de Nicolás Maduro! (“qué molleja primo”, diría un maracucho). Y afirma algo totalmente falso, que la Asamblea Constituyente fue electa al margen de la Constitución. Los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución Bolivariana de Venezuela reglan claramente cómo y quién puede convocar a una Asamblea Constituyente, los cuales reproduzco para su información y de los lectores:

Titulo III  De la Asamblea Nacional Constituyente

Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución.

Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

En toda la Constitución Bolivariana de Venezuela, no hay en ningún otro párrafo que haga alusión a la Asamblea Constituyente.

¿Dónde está lo inconstitucional de la convocatoria a la Asamblea Constituyente? Convocatoria que además fue ratificada por ocho millones de ciudadanos que eligieron a los constituyentes en elecciones regladas por el Consejo Supremo Electoral. Todo lo contrario al revocatorio informal que hizo la oposición y que cita el señor Mena y el que pudieron realizar sin tener ninguna obstrucción por parte del gobierno, revocatorio al que se le da una credibilidad fuera de toda lógica, sin registros, sin ningún control de quienes votaban y cuyos “cuadernos de votación” los incineraron inmediatamente. Las opiniones de la OEA y la “comunidad internacional” son a lo menos esperables, al ser parte de la campaña contra el gobierno del Presidente Maduro y dejando dicho que son sólo algunos países los que apoyan esta campaña difamatoria.

Respecto a la Asamblea Nacional, no fue el presidente Maduro que la “declaro en desacato”, fue la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La razón es haber juramentado a tres parlamentarios elegidos en el estado de Amazonas, cuya elección estaba claramente viciada por cohecho. Por lo tanto, al no acatar la resolución judicial que obligaba a la Asamblea Nacional a cesarlos en sus cargos mientras se resolvía el fondo del asunto y se repetía la elección, se les declaro en “desacato” y sus actuaciones y resoluciones, nulas.

Más adelante agrega el señor Mena: “Esta decisión de adelantar la fecha para la elección presidencial fue meramente ‘formalizada’ por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano electoral controlado por el Politburó de Nicolás Maduro” ( de nuevo con el cuento del Politburó). Curiosamente este CNE es el mismo que llevó a cabo las elecciones parlamentarias en el año 2015, en que la oposición (MUD) logro mayoría de 99 diputados y el chavismo logró 46 diputados. ¿Cuál fue la reacción del presidente Maduro ante esa derrota? La de un auténtico demócrata, reconocer los resultados con estas palabras: “Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia. Los aceptamos, los resultados, exactamente”. Y en la últimas elecciones de gobernadores la oposición obtuvo solo cinco gobernaciones, cuatro de ellos están ejerciendo su cargos, salvo el elegido en el estado Zulia, por no aceptar juramentarse ante la Asamblea Constituyente.

La oposición no puede participar democráticamente “con cartas marcadas”. Cuando ganan, el Consejo Nacional Electoral es “chévere”, creíble y da confianza. Si pierden, es que están controlados por Maduro. ¡Por favor!

A la oposición venezolana (MUD) no hay cómo entenderla. En abril del año 2015, según reseña BBC Mundo: “Mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela exige elecciones presidenciales anticipadas y ‘clausura’ el diálogo con el gobierno de Maduro”.

“Después de casi tres horas de encendidos discursos de los parlamentarios opositores, finalmente fue aprobado el denominado “Manifiesto por la restitución de la democracia”.

“El texto, que al final de la sesión fue leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pide que se activen los mecanismos que permite la Constitución para la celebración de una elección presidencial anticipada este mismo año 2017”.

Por su parte, agencia EFE en marzo del 2016 titula lo siguiente: La oposición venezolana usará “todas las cartas” para adelantar salida de Maduro.

“Entre las opciones que baraja la oposición está la aprobación de una enmienda constitucional que acorte el mandato presidencial de seis a cuatro años, iniciar el proceso para convocar un referendo revocatorio o presionar la renuncia del mandatario, todo con la mirada puesta en que se realice una nueva elección presidencial este mismo año”.

Cómo darle “gusto” a la oposición. Es imposible hacerlo. Desde el 2016 y antes querían elecciones presidenciales de inmediato. En cuanto a lo de “dejarle solo 17 días de “campaña” a cualquier eventual candidato opositor, es así pero para todos los candidatos que participen. Las elecciones presidenciales fueron adelantadas precisamente a causa de las sanciones impuestas injustamente por EE.UU. y la Unión Europea, que pedían elecciones a la brevedad.

Si alguien cree ingenuamente que la preocupación de EE.UU. es la democracia, está totalmente equivocado. Apoderarse del petróleo venezolano es lo que los guía, igual como sucedió en Irak, Libia y en general en el Medio Oriente, donde las intervenciones norteamericanas solo han dejado destrucción y muertes.

En cuanto a la “libertad de expresión”, el señor Mena expresa: “Se controlan los medios de comunicación. No existe libertad de expresión en Venezuela, al menos no como ésta se entiende en regímenes democráticos”. En Venezuela, al día de hoy, según el portal Prensa Escrita, hay 85 diarios en todo el país, con sus respectivos portales digitales, de los cuales sólo nueve de ellos no tienen página web. Los dos principales diarios del país, El Universal y El Nacional, son abiertamente y furibundos opositores al gobierno. En los demás medios de prensa electrónicos sucede algo similar, así que si algo hay en Venezuela es libertad de expresión, incluso para desinformar, mentir y crear falsas matrices de opinión.

Y respecto a las radios, el portal Radio.es invita a escuchar a 39 radios que transmiten diversos contenidos y que no son precisamente chavistas o del gobierno. Además, el portal Radios Libres, en junio del 2017, entrega la siguiente información sobre las radios en Venezuela: Datos año 2015 → AM 40 + FM 741 = Total 781 (privadas: 469; públicas: 16; comunitarias: 296). Sí, señor Mena, 469 emisoras privadas, ¿dónde está la falta de libertad de información? A su vez, el portal World Radio Map da cuenta que sólo en Caracas la cantidad es de 95 radioemisoras. Respecto a canales de televisión abierta a nivel nacional, hay 17 según El Venezolano News.

Respecto al Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional intentó nombrar un “Tribunal Supremo de  Justicia” paralelo al legítimamente constituido. Sólo lograron ser el hazmerreir de la comunidad internacional. Fue sólo un acto propagandístico contra el gobierno de Venezuela. Imposible que el presidente Maduro destituyera a magistrados que legalmente no existían.

La campaña internacional contra el gobierno legítimo de Venezuela se sustenta en su inmensa mayoría en información sesgada, mentirosa y tendiente a crear las condiciones para dar un golpe de Estado, con las consecuencias trágicas que ya en Chile conocimos el año 1973. El plan de Estados Unidos es calcado con el que llevaron a cabo en Chile en ese entonces. Lamentablemente, por desconocimiento, ignorancia o mala fe, se sigue “informando y opinando” de tal forma de crear una matriz de opinión contraria al gobierno constitucional y legítimo de Venezuela.

Nadie niega los problemas que se viven en Venezuela, pero cuántos de ellos son inducidos artificialmente para agudizar las penurias de los venezolanos y así resulte más “fácil” terminar con la revolución bolivariana.

Seguir aclarando las opiniones del señor Mena daría para muchas páginas más, por ahora creo es suficiente con lo expresado.