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Año XIV, 27 de enero de 2022

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Nueva condena para Krassnoff

El militar en retiro cumple condenas que, sumadas, superan los 500 años de presidio por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura.

Claudia Carvajal G.

  Martes 20 de marzo 2018 14:03 hrs. 
06 .09.10
Juez Mario Carrozi, quien luego dela reapertura del caso del asesinato de Jaime Guzman , visito casa televisiva chilevision tras entrevistas mostradas en programa de reportajes, tras seguimiento, se dirige hacia dependencias de oficinas ubicadas en Compañia.



Fotos Patricio Fuentes Y. / La Tercera


El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, decretó una nueva condena contra militares por delitos cometidos durante la dictadura. La resolución dada a conocer hoy condena a 5 años  y un día de prisión al  general (R) César Manríquez Bravo y al brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko por el secuestro de  la estudiante universitaria Rossetta Pallini González, quien fuera torturada durante siete meses en prisiones clandestinas de la dictadura militar. También se le sentenció al cumplimiento de las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas. A lo anterior se suma el pago de las costas de la causa.

La estudiante, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), permaneció en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) entre el 15 de agosto de 1974 y el 21 de marzo de 1975, luego de su detención en un departamento del centro de Santiago junto a otros cuatro integrantes del Movimiento; Ricardo Troncoso Muñoz, Elsa Leuther Muñoz, María González Inostroza y Hernán González Inostroza quienes hasta hoy se mantienen como detenidos desaparecidos.

Rosetta Pallini estuvo detenida en el centro clandestino “Londres 38” lugar donde, según se detalla en el expediente, sufrió  “extenuantes sesiones de apremio físico y psicológico, que continuaron después en otros dos campos de tortura y exterminio: “Tres Álamos” y “Cuatro Álamos”.

La estudiante fue expulsada de Chile con destino a México, país  en el que falleció luego de una cirugía por una emergencia vesicular en julio de 1975, solo cuatro meses después de haber llegado.

En la arista civil de este caso, el Estado fue condenado al pago de una indemnización de 160 millones de pesos al hijo y hermanos de la mujer.