Por seis votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad el artículo de la reforma de la educación superior que prohibía a las universidades incluir sostenedeores con fines de lucro, ya sean personas naturales o jurídicas.
Según la resolución del órgano, la norma transgrede el derecho a la libertad de enseñanza y organización establecido en la Constitución.
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